En un evidente clima de tensión y estallidos puntuales de violencia que se reproducen por todo el país desde hace semanas, el presidente francés, Emmanuel Macron, intenta calmar los ánimos de la ciudadanía, levantada en contra de la reforma de pensiones, que el mandatario galo ha despachado mediante un decretazo, sin que la vote la Asamblea Nacional (Parlamento). Precisamente, ha sido esta aprobación por decreto, el pasado 16 de marzo, haciendo uso del artículo 49.3 de la Constitución, lo que ha encendido la cólera ciudadana, que este martes 28 de marzo, sale a las calles en la décima jornada de huelga general contra la reforma.
Como en las nueve ocasiones anteriores, los paros y protestas ciudadanos son convocados por la organización Intersindical, que reúne a los ocho principales sindicatos franceses, y son apoyados por los partidos de izquierda, asociaciones de estudiantes, trabajadores y jubilados. Exigen la retirada inmediata de la reforma, cuyas dos medidas más polémicas son: retraso de la edad de jubilación a 64 años en 2030 (desde los 62 años actuales), para lo cual se irá aumentando en tres meses al año, a partir del 1 de septiembre de 2023; e incremento del período de cotización, desde 42 años actuales a 43 años en 2027 (o 172 trimestres) para cobrar el 100% de la pensión, a razón de un trimestre adicional por año (hasta ahora, la ampliación estaba prevista para 2035).
Las acciones de protesta y bloqueo se suceden por todo el país, y así, este lunes, trabajadores y sindicalistas han impedido que abriera el museo del Louvre. Los piquetes se reunieron para impedir la entrada al museo, por iniciativa de la Intersindical de personal de museos, y se prolongaron durante todo el día.
Macron intenta calmar a los sindicatos
El presidente Macron se reafirma en que no dará marcha atrás en su ley para endurecer la jubilación, asegurando que esta reforma "es una necesidad para el país" y que está dispuesto a asumir el riesgo de perder popularidad, ya que, repite, lo hace pensando en el bienestar general.
Un mensaje que enarbola ahora también la primera ministra, Elisabeth Borne, quien el domingo 26 de marzo, en una entrevista con la AFP, instó a la tranquilidad con los sindicatos, diciendo que estaba a su "disposición" para dialogar algunos aspectos de la reforma, como la penosidad o la reconversión profesional". “Tenemos que encontrar el camino correcto, mediante encuentros bilaterales, o con la intersindical. Necesitamos calmarnos y retomar el diálogo", repite Borne, aunque advirtiendo que la reforma ha sido aprobada y "seguirá su curso" hasta que el Consejo Constitucional emita su dictamen.
Cette réforme des retraites est une nécessité pour le pays. En décidant de la faire, je choisis l'intérêt général. S'il faut endosser l'impopularité alors je l'endosserai. pic.twitter.com/HTuTDwfwtm
Los medios de comunicación franceses destacan el desafío al que ahora se enfrenta Macron: apaciguar la furia de la población sin dar marcha atrás en su endurecimiento de la jubilación. La primera ministra, Elisabeth Borne, ha prometido no usar más el artículo 49.3 de la Constitución, que le permite sacar adelante proyectos legislativos sin la aprobación del Parlamento, excepto para normas financieras.
Otro pulso sindical este martes: 10ª huelga general
En este panorama, los franceses salen de nuevo a las calles este martes, 28 de marzo, en la décima jornada de huelga general. Una nueva demostración de fuerza de los sindicatos para gritarle al Ejecutivo que seguirán la lucha, hasta que retire la reforma en su redacción actual. A esta cita llegan aupados por la enorme éxito de la última jornada de protestas, el pasado jueves 23 de marzo, que fue apoyada por 13 organizaciones sindicales, universitarias, estudiantiles y por los partidos políticos de izquierda y de oposición.
Tanto Philippe Martinez, secretario general de la Confederación General del Trabajo CGT (@lacgtcommunique), como Laurent Berger(@CfdtBerger), secretario general del sindicato CFDT, denuncian que el país se halla "ante una reforma de las finanzas públicas, que se quiere hacer pagar a los trabajadores, aplazando la edad legal de jubilación, por el mero hecho de que exista déficit público".
Beger niega por completo que el Gobierno tenga una actitud dialogadora, frente a las afirmaciones realizadas por el presidente Macron y la primera ministra Borne. En una entrevista televisiva, Berger les ha espetado: "¿Dónde está la mano extendida? Nunca hubo ninguna discusión sobre posponer la edad de jubilación", añadiendo que el sindicato solo se sentará a negociar cuando Borne deje de lado la reforma actual.
Los sondeos indican que 7 de cada 10 franceses están en contra de la reforma de Macron.
“La población apoya más que nunca a todas las organizaciones sindicales, profesionales y juveniles que se oponen a la elevación de la edad legal de jubilación a los 64 años y a la ampliación del período de cotización. Más de 9 de cada 10 trabajadores rechazan la reforma, más de dos tercios de la población apoya las movilizaciones”, afirmaba recientemente la organización Intersindical, remachando que “muchos expertos se han pronunciado para denunciar la injusticia y la brutalidad de esta reforma”.
El partido que capitanea las protestas es La Francia Insumisa, que preside Jean-Luc Mélenchon, para quien "no pueden existir pensiones por debajo del salario mínimo para quienes se jubilen con una carrera de cotización completa. Si se supone que el SMI es, precisamente, el nivel salarial imprescindible con el que se puede vivir, ¿cómo vamos a decirle a un jubilado que él no necesita ese mínimo?”
Principales cambios que impone Macron
Bajo el nombre de proyecto de Presupuesto Rectificativo de la Seguridad Social, se incluye esta reforma de las pensiones en Francia, que supondrá “un ahorro de 18.000 millones de euros en el año 2030”, según cuantificó hace unas semanas el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt.
Las dos grandes medidas que afectarán a los ciudadanos galos con esta reforma son las ya citadas del retraso de la edad de jubilación y del aumento de los años cotizados, si bien existen otras que también pesarán, haciendo algunas jubilaciones más duras y restrictivas.
Según sostienen los sindicatos, "todos los jubilados se verán afectados por el aplazamiento de la edad de jubilación a los 64 años y las 43 anualidades para tener una pensión completa. Todos tendrán que trabajar más tiempo y las personas mayores permanecerán desempleadas o con ingresos sociales por más tiempo, ya que la mayoría de las personas mayores ya no están trabajando cuando se jubilan. Esta reforma es injusta y brutal para todos, ya sean empleados del sector privado, el público, una pequeña o una gran empresa".
Los grandes cambios son estos:
— Pensión mínima de 1.200 euros para los futuros jubilados.
— Eliminación de regímenes privilegiados: el Gobierno pretende suprimir ciertos privilegios de los que gozan determinados empleados de empresas públicas, de energía y de transportes, por ejemplo. Entre los regímenes especiales que desaparecerán, figuran estos: 1) El régimen de las industrias de Electricidad y Gas, que en estos momentos permite el retiro de sus trabajadores entre los 55 y 57 años, para el personal en servicio activo o insalubre, y para los demás, entre 60 y 62 años. 2) El personal rodante de la RATP (red de transportes parisinos),con opción de jubilarse desde los 52 años, mientras que los empleados en labores de mantenimiento pueden hacerlo a los 57. El resto tienen que esperar a los 62 años. 3) El régimen de trabajadores del Banco de Francia, sistema de capitalización, permite el retiro entre los 60 y 62 años. 4) Los empleados de notarías, que ahora pueden jubilarse entre los 60 y 62 años.
— Jubilación anticipada: la reforma suaviza los requisitos para quienes empezaron a trabajar antes de los 20 años, que podrán jubilarse dos años antes. También se mejora el tratamiento para trabajadores con trabajos penosos o peligrosos.
El proyecto aprobado por el Consejo de Ministros francés mantendrá las condiciones especiales hasta que los actuales se jubilen, de forma que el paso al régimen general de Seguridad Social tan solo afectará a quienes entren a trabajar desde el 1 de septiembre de 2023.
- Regímenes especial que se mantendrán: 1) El régimen de los marineros (existen 27.500 cotizantes y 65.000 pensionistas en él). 2) El acceso al retiro que tienen los trabajadores de la Ópera de París, y las condiciones del personal de la Comédie-Française. 3.) Se mantendrán las ventajas del personal de la función pública, pese a que las pensiones de los funcionarios (régimen donde hay 2 millones de cotizantes y 2,5 millones de jubilados) cuestan 53.200 millones de euros anuales, mientras que por cotizaciones solo ingresa unos 14.000 millones.
Sobre el autor:
Pepa Montero
Pepa Montero es redactora especializada en temas de economía. Ha trabajado en medios como El Economista y La Gaceta de los Negocios. Es autora del libro de relatos La casa de las palmeras (Azul como la Naranja, 2013).