Pensiones: ¿Por qué un jubilado vasco cobra de media 467 euros más que un extremeño?

Habrá recorte de pensiones, mayor edad de jubilación y coto a la anticipada, según los economistas

La pensión media de jubilación en el País Vasco, la más alta de España, fue este mes de julio de 1.430,63 euros, según el informe sobre las pensiones contributivas publicado la semana pasada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por contra, en Extremadura, donde cuentan con las prestaciones más bajas de todo el país, los jubilados reciben de media 963,67 euros. Es decir, el mes pasado, entre un jubilado vasco y uno extremeño hubo una diferencia media en su nómina de 466,96 euros. La pregunta es, ¿por qué existen estas variaciones tan significativas por comunidades autonónomas en las cuantías de las pensiones?

Lo primero que hay que aclarar es que el sistema de pensiones públicas contributivas que existe en España es de base territorial estatal, es decir, las cotizaciones y las pensiones públicas son gestionadas por organismos estatales –la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social– plenamente integrados en el organigrama de la Administración General del Estado. Por tanto, todo lo relacionado con prestaciones sociales –y también las diferencias entre lo que se cobra en cada región– no puede atribuirse a ningún tipo de sistema o programa autonómico, ya que las competencias en estas materias radican íntegramente en el Estado y no en las comunidades autónomas.

En segundo lugar, este sistema de pensiones español está basado en la solidaridad territorial, permitiendo que los recursos generales (cotizaciones) se redistribuyan entre los territorios para cumplir en todos ellos, sin discriminación en lo que se refiere a la estricta aplicación de las mismas reglas en cada lugar.

¿Cómo se calcula la pensión de jubilación?

La pensión de jubilación se calcula a partir las cotizaciones del trabajador en los años previos al retiro profesional que determinan la base reguladora. En 2020 computan los últimos 23 años, aunque en 2022 finalizará el cambio progresivo y quedará fijado el cálculo a partir de los últimos 25 años. A la base reguladora se le aplica unos porcentajes en función del número de años cotizados. En la actualidad, se exige un mínimo de 36 años para acceder al 100% de la base reguladora, si accedemos a la jubilación a la edad ordinaria. Así, si durante la vida laboral las cotizaciones son más alta, la base reguladora será mayor y por tanto incrementará la pensión a la que se tenga derecho.

En este contexto también es importante destacar los diferentes regímenes de la Seguridad Social. La mayoría de los jubilados cotizaron por el Régimen General, trabajadores por cuenta ajena, pero sobre el 20% son trabajadores por cuenta propia. El régimen de autónomos permite a los trabajadores escoger la base de cotización y, en su mayoría, más del 80% en la actualidad, lo hacen por la base mínima, lo que repercute en una menor prestación por jubilación. De hecho, al observar las cifras nacionales, la pensión media de jubilación de los autónomos es de 761,86 euros, frente a los 1.162,97 euros de media de los trabajadores que cotizaron por el Régimen General.

Una España de dos velocidades

Teniendo en cuenta estos fundamentos, lo cierto es que existen claras diferencias entre comunidades. En este mes de julio, la pensión media de jubilación se situó en 1.162,97 euros, un 2,13% más respecto al año pasado. Lejos de esa cifra se encuentran Extremadura, donde los jubilados ingresan de media cada mes 963,67 euros, y Galicia, con 978,66 euros. Otras seis comunidades más se situán por debajo de ese promedio español y no alcanzan los 1.100 euros mensuales de media: Murcia (1.034,69 euros), Andalucía (1.048,99), Comunidad Valenciana (1.063,40) Baleares (1.071,67), Castilla La Mancha (1.077,30) y Canarias (1.082,51).

En la horquilla entre los 1.100 euros y los 1.200 se encuentran La Rioja (1.110,60), Castilla y León (1.148,88) y Cataluña (1.183,43), mientras que en un escalón superior, por encima de los 1.200 euros, aparecen Melilla (1.212,55), Aragón (1.216,54), Cantabria (1.238,23) y Ceuta (1.265,87). La pensión media de jubilación más alta de España se encuentra en el País Vasco, con 1.430,63 euros, y en Asturias, con 1.402,02. Son las únicas dos comunidades que superan esa cifra de 1.400 euros. Justo por detrás de ellas se sitúan Madrid (1.361,07) y Navarra (1.315,52).

De esta forma, el mapa de España de las pensiones medias muestra un país de dos velocidades. Mientras que en el que el norte, salvo en Galicia, se concentran las pagas más altas, en el sur se cobran las pensiones más exiguas. Este hecho se explica, por un lado, en que la renta de los españoles del norte fue durante décadas –y sigue siendo en muchos casos– superior a la del resto de España, de ahí que el cálculo de la pensión fuese superior. Por otro, se da la circunstancia de que las pensiones también se utilizaron como política de subsidios hacia las regiones que se desindustrializaban. Esto explica que País Vasco y Asturias sean las dos comunidades en las que la pensión media sea más alta y que Cantabria, Navarra y Aragón también estén por encima del conjunto de España.

El economista José Antonio Herce (@_Herce), socio fundador de LoRIS, explica a 65Ymás por qué Galicia rompe esa regla norte-sur. "Se trata de una región con una economía menos productiva que, por ejemplo, País Vasco y Madrid. Dado que las pensiones se calculan sobre los salarios y estos, a su vez, están relacionados con la productividad, si la productividad es más baja, los salarios en consecuencia también y las pensiones futuras también lo serán. En Galicia tienen pensiones bajas porque los salarios, como ahora, también eran bajos hace 30 o 40 años. Sin embargo, en País Vasco o Madrid, tanto los salarios de antes como los de ahora son altos", señala.

"Por contra, Asturias tiene unas pensiones elevadas ahora, dado que hace unos años fue una región muy productiva, sobre todo gracias a la minería. Los salarios de ahora, sin embargo, son bastante más bajos, por lo que las pensiones futuras también bajarán. En nuestro sistema de reparto, las pensiones se pagan con las cotizaciones del momento, pero, en realidad, se calculan con los salarios de décadas atrás", añade Herce, que realizó en 2018 un estudio titulado Las pensiones y las comunidades autónomas.

Solidaridad limitada

En su informe, publicado por BBVA, el profesor Herce ahonda en los motivos de estas diferencias entre regiones. "Las razones son bien claras: las bases de cotización, las carreras contributivas o ambas. Por mucho que actúen las manifiestas palancas distributivas que nuestro sistema de pensiones tiene definidas en su seno (los complementos de mínimos, el periodo de carencia, etc.), su funcionamiento no puede compensar las mucho más poderosas palancas de la contributividad que recompensan el mayor esfuerzo de cotizaciones realizado", sostiene.

Igualmente, el economista incide en la importancia de lo envejecida que esté cada comunidad. Así explica que si, por ejemplo, Castilla y León, Galicia o Asturias "tuviesen sistemas de pensiones de reparto independientes, estarían muy lejos de poseer la base demográfica que garantizase la sostenibilidad de su sistema de pensiones debido al elevado grado de envejecimiento de su población". "En estas regiones, la población de 65 años y más se acerca al 25% de su población total, mientras que en regiones como Canarias, Murcia o Baleares este porcentaje, denominado 'tasa de envejecimiento' supera ligeramente el 15%. Por supuesto, apenas hay diferencias en la esperanza de vida de los habitantes representativos de cada una de las comunidades mencionadas, pero los equilibrios etarios dados por el tamaño de las diferentes cohortes de edad sí son muy diferentes, lo que lleva al sistema de reparto a perder capacidad de sostenibilidad a medida que aumenta dicha tasa de envejecimiento", indica.

"Entre las comunidades autónomas españolas es frecuente encontrar casos en los que las envejecidas bases demográficas solo pueden sustentar colectivos de afiliados reducidos incapaces de allegar los recursos necesarios para pagar las pensiones generadas en dichas regiones. La solidaridad del sistema español de pensiones se manifiesta especialmente por la existencia de un esquema único de afiliación de trabajadores a escala estatal que compensa los déficits de los fondos y flujos humanos (y sus contrapartidas económicas) de numerosos subsistemas regionales con los excedentes del resto", apunta.

Para Herce, "la dispersión territorial de los indicadores demográficos, económicos y de pensiones que se observa en las comunidades españolas es muy relevante", pero, al mismo tiempo, considera también fundamental "la solidaridad territorial que nuestro sistema de pensiones contributivas opera entre las diferentes regiones", lo cual, a su juicio "es una de sus principales fortalezas". "Esa solidaridad territorial se logra a gracias a los complementos de mínimos y a los topes de la pensión máxima (en relación con la base máxima de cotización). Además, dicha solidaridad se concentra en los territorios en los que los trabajadores tienen carreras más cortas y menos intensas de cotización por haber trabajado menos años, haber cotizado por bases reducidas o mínimas o ambas", agrega.

Herce destaca que, a la postre, las reglas del sistema aplican pensiones medias bastante proporcionadas a los esfuerzos medios de cotización, clamorosamente diferentes entre comunidades autónomas por una causa que sobresale entre otras: las fuertes diferencias de productividad entre las regiones. "En realidad, la solidaridad basada en la redistribución de las prestaciones es bastante limitada en el sistema (contributivo, no se olvide). Es una solidaridad basada en la redistribución de cotizaciones (no de prestaciones) en virtud de la cual las regiones rejuvenecidas financian a las envejecidas", concluye.