Pensiones no contributivas: De 10 a 500 días esperando la prestación, según la CCAA

Quién tiene derecho a cobrar una pensión no contributiva en 2020

Las pensiones no contributivas evidencian una gran brecha entre autonomías ricas y pobres

Barriga (Imserso): "Las listas de espera de las pensiones no contributivas llegan al año y medio

 

Las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez están en el punto de mira. Desde que el ministro de Seguridad Social, Jose Luis Escrivá insinuó hace unas semanas que podrían sacarse de la Seguridad Social para integrarse en el esquema del Ingreso Mínimo Vital, los focos se han centrado en estas prestaciones, poco conocidas para la mayoría, consideradas la hermana pequeña de la pensiones contributivas y que cubren a los ciudadanos mayores de 65 años con ingresos menores a 5.538,40 euros anuales sin cotización suficiente –en su mayoría mujeres–, o a las personas con un grado de discapacidad superior al 65%.

Estas prestaciones de la Seguridad Social, no solo presentan una cuantía muy inferior a las pensiones ordinarias– en torno a los 400 euros de media– sino que el atasco en su gestión en los últimos años –una media de 147 días en el periodo 2013-2019– empieza a preocupar a las autoridades. El propio director del Imserso (@Imserso), Luis Alberto Barriga, entidad encargada de coordinar sus pagos junto con las comunidades autónomas, señalaba en una entrevista a 65ymás que "los tiempos de gestión en algunos territorios son insoportables". "No puede ser que un ciudadano en función del territorio en que viva, puede tener en días su pensión no contributiva; mientras que en otros, se alargue a un año y medio. Eso es insoportable, y debemos ponerle remedio", señalaba Barriga. 

Distribución geográfica de las pensiones no contributivas (PNC)

Diferencias por Comunidades

Las diferencias entre vivir en Canarias y Navarra para recibir esta prestación son abismales. En el año 2019 el coeficiente de gestión, es decir, el tiempo medio de tramitación de una solicitud, llegó a los 488 días de media en Canarias, mientras que en Navarra e Illes Balears fueron tan solo de 20 y 23 días respectivamente, según los datos del Imserso. En concreto en Navarra, la pensión por invalidez es la más ágil, situándose en 9 días de gestión. Asimismo destaca que el número de días necesario para resolver una solicitud en País Vasco, Catalunya, Navarra y Ceuta se redujo en 2019 en más de un 30% respecto al año anterior, situándose entre los más bajos. Por el contrario, el incremento interanual más elevado se registra en Baleares, que pasó de tardar 7 días en tramitar esta prestación en 2018 a 23 en 2019. 

Por tipo de pensión, los tiempos de gestión de la pensión por invalidez se sitúan por encima de los 212 días de media el año pasado, según el Imserso. Destaca Canarias, con 586 días, Andalucía, con 283 días, la Comunidad Valenciana con 234 días y la Región de Murcia, con un tiempo de gestión de 225 días. En jubilación, además del alto coeficiente de gestión que se registra en Canarias -395 días- y Catalunya -157 días- cabe destacar que en el año 2019, el tiempo medio de tramitación de una solicitud de pensión de jubilación fue inferior a 30 días en Cantabria, Ceuta (29 días), Illes Balears (25 días) y Navarra (24  días). En casos como los de Andalucía estos tiempos se podrían atribuir al alto volumen de población, pero en otros como Canarias, los expertos apuntan a problemas burocráticos y de personal. 

Atascadas desde 2018

La situación viene de lejos. El año 2018 varios sindicatos alertaban de que las comunidades autónomas estaban extendiendo en más de un mes los plazos de tramitación de las no contributivas, haciendo crecer el volumen de solicitudes pendientes de resolver pese a un ligero descenso en las solicitudes hasta las 53.939. Un dato que se ha incrementado en 2019 hasta las 56.034 solicitudes. Así, el informe anual de pensiones no contributivas del Imserso subraya que el coeficiente de gestión supera la cifra media de 147 días a partir de 2018 y, especialmente, en 2019, ya que llega a los 175 días, "el más elevado del periodo analizado" (2013-2019).

Esta tendencia se refleja en ambos tipos de pensión, tanto invalidez como jubilación. En este sentido, los técnicos señalan que si bien el tiempo de tramitación de una solicitud de jubilación es sensiblemente inferior al que se registra en invalidez, al requerir la resolución de estas últimas solicitudes la valoración del grado de discapacidad, el coeficiente que se registra en 2019 es el más elevado tanto en jubilación como en invalidez, incrementándose en ambas prestaciones cinco y cuatro días, respectivamente, respecto al año 2018.

¿A qué se deben los retrasos?

La respuesta no es sencilla. Según el Imserso, el grueso de las denegaciones y retrasos se deben principalmente a los requisito que hay que acreditar, por lo que el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (@MOANDPP) solicitó en medio de la pandemia que se flexibilicen los criterios de acceso. Mientras, el Sindicato Intersindical Canaria (@IntersinCanaria), resalta que las solicitudes de Invalidez tienen tiempos de gestión elevados debido a que los Centros de Valoración de la Discapacidad tardan más de un año en gestionar las citas. También resaltan que la tramitación y resolución de las nuevas solicitudes de jubilación se está llevando a cabo con una demora que supera los 7 meses, cuando la normativa establece un periodo máximo de 3 meses. 

Otra de las razones del retraso podría radicar en el ratio entre el volumen de solicitudes en comunidades más pobladas o con menos recursos y el personal dedicado a esta tarea, que según la Intersindical Canaria sigue siendo insuficiente. "La misión de los servidores públicos para hacer este trabajo es la de verificar que la información está completa y es correcta, el resto lo hace el programa informático. Por lo que el retraso podría ocurrir por no reponer plantillas y sobre todo si hay pendientes de años anteriores, lo que fomenta el colapso", señala Matilde Fernández ex ministra socialista e impulsora de las pensiones no contributivas en los años 80, quien recuerda que estas pensiones fueron pensadas para mujeres que no habían cotizado o para los trabajadores del campo; pero que ahora debería investigarse cómo cubren situaciones de exclusión y pobreza.

Cómo solucionarlo

Según el profesor Josep Fargas, experto en Derecho de la Seguridad Social de la Universidad Pompeu Fabra (@UPFBarcelona), la demora en el reconocimiento de las pensiones no contributivas se produce desde hace muchos años, pese a que las circunstancias actuales lo agravan aún más. Su causa princiap es, a su entender, la insuficiencia de recursos destinados a su tramitación. "Aunque puede haber algunas pequeñas diferencias estructurales entre CCAA (por ejemplo una población más envejecida) ello seria una explicación, no una justificación, puesto que los recursos destinados a unos trámites administrativos deben estar en consonancia en cada caso con la dimensión cuantitativa de solicitantes". A ello se suman las diferencias sobre la financiación de las comunidades autónomas. "Es de sobra conocido que Navarra y País Vasco disponen de una mayor capacidad y liquidez gracias a sus respectivos regímenes de cupo económico".

En su opinión, si las causas son plurales, la solución también deberá serlo. "Resumiendo: hay que incrementar la contratación y formación de más personal, que agilice la tramitación de estas y similares prestaciones; y hay que mejorar la técnica normativa de las disposiciones que las regulan, solventando lagunas reguladoras que se van detectando por los gestores y por la jurisprudencia, y actualizando los criterios técnicos. Por ejemplo, el baremo para la discapacidad es copia casi literal de las tablas AMA norteamericanas de 1993, hace 27 años; sin apenas modificaciones", señala, por lo que llama a actualizarlo. La exministra Matilde Fernández propone mayor digitalización de documentos, intercambio de datos entre administraciones y más profesionales para resolver y antes para seguir y ayudar a completar cada expediente.