Los sindicatos UGT y CCOO han dejado claro al ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, que el tiempo corre sin que haya avances en la reforma de las pensiones, le apremian a volver a sentarse a negociar, tras más de un mes sin reuniones de la mesa de diálogo social (en la que participan, junto al Ministerio y la patronal CEOE-Cepyme) y le instan a garantizarse el respaldo del Parlamento y el visto bueno de Bruselas a sus propuestas centrales, algunas de las cuales, como la ampliación del periodo de cálculo de la pensión, los sindicatos no están dispuestos a firmar, porque "no forma parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo".
Así lo han enfatizado los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, este jueves, tras reunirse con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
"Cuando el ministro tenga los soportes parlamentarios necesarios y el ok de la Comisión Europea, supongo que volveremos a la mesa y será el momento de profundizar", ha afirmado Pepe Álvarez (@SG_UGT) a los medios de comunicación, recordando que tanto UGT como CCOO han reclamado a Escrivá la necesidad de contar con el respaldo parlamentario y de Bruselas, antes de avanzar en las negociaciones. De este modo, el líder sindical sale al paso de las optimistas declaraciones de Escrivá, que en los últimos días ha asegurado su confianza en "poder cerrar la segunda pata de la reforma de pensiones este mismo mes de febrero", si bien el titular de Seguridad Social ha admitido que la negociación está siendo "más complicada" porque la reforma se está hablando "simultáneamente" con los grupos parlamentarios para garantizar su aprobación posterior.
Por su parte, Unai Sordo (@UnaiSordo), secretario general de CCOO, reprocha al ministro el mes largo que ha transcurrido desde la última reunión de la mesa social, instándole a retomar las negociaciones en materia de pensiones. A finales de diciembre, el líder de CCOO ya advertía de que la negociación iba "muy lenta" y que "en ningún caso" acabaría antes de que finalizara 2022, como así fue. Según sus porpias palabras, "a esta negociación le quedan bastantes capítulos", y la propuesta del Gobierno de ampliar el periodo de cálculo a 30 años, descartando los dos peores años cotizados, está "distorsionando" esta negociación.
Sordo cree que la segunda fase de la reforma debe apostar por medidas "muy ambiciosas" para mejorar la estructura de ingresos de la Seguridad Social, entre ellas, el destope de las bases máximas de cotización o la extensión del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) hasta 2050. En esa línea iría también la última propuesta que baraja el Ministerio, de establecer un recargo extra de cotización para los sueldos más altos.
UGT y CCOO piden menor cotización para la pensión
A principios de enero, ambos sindicatos abrieron otro posible melón en la reforma de las pensiones, al plantear una reducción del tiempo de cotización necesario para acceder a una pensión contributiva, que actualmente es de 15 años.
El primero en proponerlo ha sido el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien ha trasladado al Ministerio de Seguridad Social la rebaja de 15 a 12 años del periodo cotizado necesario. "Tenemos que encontrar un acuerdo equilibrado. La suma y la resta de lo que se pagará de más y lo que se ahorrará la Seguridad Social tiene que ser cero. En ese sentido, es verdad que con una visión innovadora hasta ahora, creemos que hay que actuar sobre la exigencia de 15 años mínimos para tener derecho a la pensión, barajando que se baje tres años para tener acceso a la pensión contributiva", avanzó Álvarez en un encuentro con la prensa.
El líder de UGT aseguró que el Gobierno ya ha recibido los planteamientos del sindicato, por lo que la cartera de Escrivá "ha tenido tiempo más que suficiente para poder evaluarlas" e incorporarlas en un futuro acuerdo.
En cuanto a Unai Sordo, aseguró días después que la reducción del periodo cotizado para el acceso a la pensión contributiva no se ha planteado en la mesa de negociación de la segunda fase de la reforma de pensiones, pero valoró positivamente la propuesta de UGT de reducirlo de 15 a 12 años. "Nos parece bien y queremos ir más allá, al año 1985, de 10 años. Cuando se pasó a 15 años, hicimos una huelga general desde CCOO. Claro que estamos por la labor de facilitar el acceso a la pensión contributiva, pero no está encima de la mesa, al menos no está hasta ahora", comentó.
Por su parte, la propuesta que la Seguridad Social ha puesto sobre la mesa, y que descarta retirar para cumplir con lo acordado con Bruselas, es ampliar progresivamente el periodo de cómputo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados, lo que significaría que la pensión se calcularía con los mejores 28 de cotización dentro de un periodo total de 30 años.
Sin acuerdo en periodo de cálculo y cotizaciones
La negociación sobre la segunda pata de la reforma de las pensiones está empantanada desde mediados de diciembre de 2022.
Por una parte, CEOE-Cepyme se oponen a una eventual extensión del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y temen que el progresivo destope de las bases máximas suponga otro encarecimiento de cotizaciones para las empresas. Los sindicatos se niegan en redondo al empeño del ministro de modificar el periodo de cálculo de las pensiones, si ello supone un recorte de la pensión futura. Y tanto patronal como sindicatos critican la falta de información por parte del Ministerio.
De entrada, CCOO ha repetido por activa y por pasiva que la propuesta lanzada por Escrivá, "ni forma parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo, ni es necesaria en el momento actual", según Unai Sordo, mientras que Pepe Álvarez matizó hace semanas que se podrían abrir a tal negociación, siempre que no represente un recorte de la pensión. A su vez, fuentes oficiales de CEOE avisan de que la propuesta del ministro se sitúa "extramuros del Pacto de Toledo y supone ir contra el consenso político casi unánime allí logrado.
Hay que recordar que el plan de ampliar a 30 años el cálculo de la pensión levanta ampollas en el propio Gobierno, ya que tanto la vicepresidenta Yolanda Díaz, como el socio de coalición, Unidas Podemos, consideran que supondría endurecer el acceso a la jubilación, recortar derechos y rebajar la cuantía de las pensiones futuras.
- Propuesta de alza de bases máximas: el Gobierno plantea vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050. Más en detalle, entre 2025 y 2050, serían las leyes de Presupuestos Generales del Estado las que fijarían la subida de las bases máximas, teniendo en cuenta los parámetros anteriores (el IPC y el alza adicional de 1,154 puntos). Si la inflación promedio que se toma como referencia para subir las pensiones es negativa, solo se aplicaría el incremento adicional de 1,154 puntos.
- Plan para subir la pensión máxima: el Gobierno propone que suba también entre 2025 y 2050 con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos; lo que significa un menor incremento que el de las bases máximas. A partir 2050, se determinaría el aumento adicional que habrá de aplicarse a la pensión máxima en el marco del diálogo social, "hasta alcanzar un incremento real acumulado del 30%".
Sobre el autor:
Pepa Montero
Pepa Montero es redactora especializada en temas de economía. Ha trabajado en medios como El Economista y La Gaceta de los Negocios. Es autora del libro de relatos La casa de las palmeras (Azul como la Naranja, 2013).