Pensionistas contra Escrivá: exigen IPC real, blindaje constitucional y pensiones mínimas "decentes"

Los pensionistas, "escandalizados" por la posible ampliación del periodo de cómputo

El plus para jubilados anticipados "es una mentira, no lo recibirá casi nadie", denuncia Asjubi40

La subida real de la pensión mínima y la no contributiva se queda en 0,5% por culpa de la inflación

El Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones llega este jueves 2 de diciembre al Pleno del Congreso de los Diputados, tras haber logrado el visto bueno de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Parlamento y el respaldo de los sindicatos UGT y CCOO (las patronales CEOE y Cepyme se descolgaron del pacto final por rechazar la subida de cotizaciones del 0,6%).

Todo indica que esta primera pata de la reforma de las pensiones será aprobada y podrá seguir su trámite hacia el Senado. Entre las grandes medidas consensuadas se encuentran: garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pagas a través de un criterio de revalorización vinculado a la evolución de la inflación y fortalecer la financiación de la Seguridad Social a través de la asunción por el Estado de los gastos de naturaleza no contributiva. También incentivos a demorar la jubilación y nuevas penalizaciones a la jubilación anticipada, así como el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que se sustancia en una subida del 0,6% de las cotizaciones a la Seguridad Social durante diez años.

La Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aprobado el dictamen del proyecto de ley que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones. Agradezco a los grupos parlamentarios su trabajo para dar certidumbre a nuestros pensionistas https://t.co/yMFAMZG9Um

— José Luis Escrivá (@joseluisescriva) November 22, 2021

Pese a que han conseguido que el Gobierno apruebe la vuelta al IPC como mecanismo para revalorizar las pensiones y el traspaso de gastos impropios (dos reclamaciones históricas de los jubilados), numerosas plataformas de pensionistas de todo el país rechazan la reforma, promovida por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, y no solo han endurecido sus críticas con dos grandes manifestaciones en los últimos meses, sino que anuncian que están dispuestos a seguir protestando en las calles, hasta que el Ejecutivo y los partidos políticos escuchen sus reivindicaciones.   

¿Por qué no están conformes los pensionistas?

Una de las razones del descontento, según explica Alfonso Rivas, portavoz de CoorpenMadrid-COESPE (@Coorpenmadrid), es que "de aprobarse esta contrarreforma, se pondrá una losa sobre los derechos de los pensionistas actuales y de los futuros, ya que se adoptan medidas que van a suponer la semi privatización del modelo público, medidas económicas que no van a resolver en absoluto el problema de las pensiones y otras medidas que favorecen claramente los intereses del poder financiero".

Entre las reivindicaciones de esta coordinadora se incluye que las pagas se actualicen en función del IPC real, esto es, que suban según el aumento real del coste de la vida, y no mediante el IPC medio anual (la fórmula que se aplicará desde el 1 de enero de 2022). Para este colectivo, es asimismo imprescindible aumentar la cuantía de las pensiones mínimas, igualarlas al salario mínimo interprofesional. "Las pensiones más bajas han de incrementarse hasta unas cuantías decentes", reclaman, al tiempo que advierten de que el proyecto de Ley del ministro Escrivá supone "una modificación, quizás la más grave de la historia reciente, porque va de la mano de un Gobierno que se supone progresista, con la connivencia de los dirigentes sociales de Comisiones Obreras y de UGT".

La mayoría de plataformas de pensionistas se oponen también al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) por considerar que "es un nuevo parche electoralista que no constituye la solución al problema de las pensiones. Es pan para hoy y hambre para mañana", tal y opinan desde el Movimiento de Pensionistas de Madrid (@MPM_MADRID_). Este colectivo cree que "haciendo que la banca devuelva al Fondo de Reserva todo el dinero que se les dio para salvarles de su situación, la hucha de las pensiones quedaría llena de inmediato, como se ha hecho en todos países".

Piden asimismo el reconocimiento de todos los pensionistas del Estado como un interlocutor válido y determinante en las negociaciones. "Los sindicatos no representan a los pensionistas. Nadie representa a todos los pensionistas del Estado", denuncia uno de los portavoces del Movimiento de Pensionistas de Madrid a 65YMÁS.

Exigen blindar la pensiones en la Constitución

Otra de las reivindicaciones de los pensionistas que la reforma de Escrivá no satisface es el blindaje constitucional de las pensiones, para que éstas no sean moneda de cambio ni puedan ser modificadas según el gobierno de turno o la situación económico-financiera de España.

Es la gran reivindicación de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones en la Constitución (MERP @merp_org), que exige que la pensión sea considerada un derecho fundamental, que se prohíba su privatización y se evite la pérdida de poder adquisitivo. Para la plataforma es fundamental "en un momento en el que se debate una reforma de las pensiones, prohibir de forma explícita en la Constitución su privatización". Reclaman la solidaridad entre generaciones y se preguntan: "Si se blindó la deuda, ¿por qué no las pensiones".

Una reivindicación que también apoya la Plataforma de Mayores y Pensionistas, el movimiento más representativo a nivel estatal (con 15.079 asociaciones y más de 5.746.000 afiliados) para la defensa de los derechos de las personas mayores y pensionistas. Según su presidente, Ángel Rodriguez Castedo, “ante las pensiones, existen diferentes alternativas políticas y económicas, pero nosotros coincidimos en la necesidad de blindarlas en la Constitución”. Asimismo, la PMP reclama que "se recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones públicas”.

"No vamos a parar hasta que el blindaje constitucional sea un clamor en todos los rincones", reclama asimismo Inma Ruiz, presidenta de Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), que recientemente participó en la manifestación convocada en Madrid en defensa del blindaje constitucional de las pensiones públicas.

Mejorar la pensión mínima y la de viudedad

Las diversas plataformas y colectivos que integran el Movimiento de Pensionistas vasco, uno de los más activos en la lucha en las calles desde hace varios años, tampoco ceja en sus exigencias al Gobierno, reivindicando "la derogación de las reformas de pensiones de 2011 y 2013, que las pagas se revaloricen en base al IPC real, una pensión mínima de dignidad de 1.080 euros y el incremento del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.200 euros", según detalla Víctor Etayo,  del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria.

Y es que el bolsillo del pensionista casi no va a notar mejoría con la subida de las pensiones en 2022, por culpa del incremento desmesurado de los precios de los alimentos, de la energía, de las gasolinas y de los servicios. La situación es especialmente dramática para los aproximadamente 2,24 millones de perceptores que cobran una pensión mínima y para los más de 445.000 que reciben una paga no contributiva, ya que el aumento real de su nómina se va a quedar en un 0,5%, es decir, la diferencia entre el 3% de revalorización oficial que le va a aplicar el Gobierno y el 2,5% que han subido los precios en media anual.

Mejorar la cuantía de las pensiones de viudedad es irrenunciable para el movimiento pensionista. Y, pese a que la reforma del ministro Escrivá prevé una equiparación plena de viudedad para las parejas de hecho, los jubilados reclaman además que se pueda cobrar el 100% de la base reguladora, al entender que el fallecimiento del cabeza de familia deja a muchas mujeres (son quienes fundamentalmente perciben este tipo de pensión) en situaciones de penuria financiera. 

La jubilación anticipada como caballo de batalla

En general, todas las plataformas de pensionistas están en contra de una mayor penalización de la jubilación anticipada, pero especialmente, si los recortes de pensión se aplican a quienes tienen largas carreras de cotización.

? Los números que NO MUESTRA el Ministro @joseluisescriva DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA PENALIZADA
? Un caso claro de "DISCRIMINACIÓN"
? Un caso claro de injusticia política
? Un caso claro de ¿robo? ¿saqueo?....
Los resultados sombreados en rojo es lo que se pierde en este ej. pic.twitter.com/XswzKR3kO2

— Asjubi40 (@asjubi40) November 24, 2021

Con la reforma del Gobierno, no solo se endurecen las condiciones para retirarse antes de la edad legal ordinaria, sino que se deja sin resolver la gran reivindicación de Asjubi40 (@asjubi40), que lleva años reclamando la supresión de los coeficientes reductores de la pensión para quienes han cotizado 40 o más años a la Seguridad Social. Aunque parecía que el Pacto de Toledo y los grupos políticos eran favorables a atender esta demanda, finalmente, este jueves en el Congreso se votará un proyecto de Ley que no elimina las penalizaciones.

La reforma de las pensiones incluirá el pago de un complemento para los jubilados anticipados con largas carreras que sufren penalizaciones eternas en sus pensiones, siempre y cuando ganen menos de 900 euros mensuales (para quienes tengan más de 40 años cotizados) y para quienes acrediten al menos 44 años y seis meses de cotizaciones a la Seguridad Social. Sin embargo, según denuncia Santiago Menchero, portavoz de Asjbubi40, "el complemento para largas carreras es una gran mentira, no lo va a recibir casi nadie", y recuerda que la asociación ha exigido al Gobierno que informe del número de beneficiarios de ese complemento para las largas carreras de cotización, así como de los importes de las percepciones. 

Auditoría pública de los gastos del sistema

Realizar una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social es otra exigencia del movimiento de pensionistas, que parece que al menos en parte sí se va a aprobar este jueves en el Parlamento. 

El ministro Escrivá deberá efectuar una auditoría interna que revise todos los gastos desde el año 1967. Esta obligación se ha introducido en el proyecto de Ley a través de una enmienda, y compromete al Gobierno a encargar en el plazo de un mes máximo desde la aprobación de la Ley un informe de auditoría de los ingresos en cotizaciones sociales y los gastos de Seguridad Social, tanto los de naturaleza contributiva como los no contributivos, para cuantificar los gastos asumidos por el sistema entre 1967 y 2019. El informe deberá estar listo en el plazo máximo de seis meses, para luego ser llevado al Pacto de Toledo.

El propósito de esta auditoría es conocer, por una parte, cómo y en qué tipo de políticas se ha gastado el dinero del Fondo de Reserva de las pensiones, que llegó a tener 67.000 millones de euros. Y también desagregar los gastos propios e impropios para ver qué parte del déficit del sistema es realmente debido al gasto en pensiones.

La auditoría de la Seguridad Social se ha impulsado gracias a la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, Coespe, que se ha movilizado y abierto una petición en Change.org. "Ante la constatación de que las cotizaciones sociales han tenido un uso indebido financiando gastos ajenos a nuestro sistema de reparto, hemos iniciado una campaña exigiendo una auditoría publica a las cuentas de la Seguridad Social, para así determinar la magnitud de ese desvío de los recursos del sistema", explicaban desde la organización a 65YMÁS.