Pensiones
Los pensionistas denuncian que la 'reforma Escrivá' recortará la pensión futura
Unidad de Acción Pensionista exige una auditoría y no recortar a jubilados anticipados con 40 años
Así quedan las pensiones: suben las cotizaciones, el periodo de cálculo y las pagas mínimas
Vía libre a la reforma de pensiones, que sube las pagas mínimas y permite elegir los mejores años
Algunos de los principales movimientos de pensionistas de ámbito nacional, aglutinados en la plataforma Unidad de Acción Pensionista, han dado a conocer un manifiesto en el que analizan la segunda fase de la reforma de las pensiones, recién aprobada por el Gobierno mediante el RDL 2/2023, de 16 de marzo, y publicada en el BOE del pasado día 17 de marzo y pendiente de ratificación por el Congreso de los Diputados.
"Esta reforma es el peaje que el gobierno del Estado hace a la Comisión Europea para librar un nuevo tramo de fondos, que irán destinados en su mayor parte a financiar a las grandes empresas", critican los firmantes del documento, para quienes el plan diseñado por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, "no soluciona, ni de lejos, las necesidades urgentes de las personas pensionistas". A su juicio, las nuevas medidas "recortarán las futuras pensiones, profundizando los recortes de las anteriores reformas, y tampoco se logra situar las pensiones mínimas en niveles de dignidad, además de que se mantiene y amplía la brecha de género".
La plataforma Unidad de Acción del Movimiento Pensionista está integrada por ASJUBI40 (@asjubi40) (Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar), COESPE (@CoespeOficial) (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones), EHPM (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria), MADPP (@MOANDPP) (Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas), MODEPEN (@modepen) (Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos), UNIDAD COESPE (@UCoespe) (Coordinadora Estatal de Pensionistas), Plataformas de Pensionistas de Badajoz, Móstoles…
Todos ellos, movimientos que exigen la publicación, de forma inmediata, de la auditoría de la Seguridad Social, que por ley se tiene que realizar. Demandan también que se detenga el proceso por el que "se ha abierto la puerta a las pensiones privadas", y reivindican que se reduzca la edad de jubilación y se eliminen los coeficientes reductores en las personas jubiladas anticipadamente con 40 años cotizados.
Contar 29 años bajará la pensión, denuncian
Desde ASJUBI40, COESPE y los movimientos vasco, andaluz, gallego y madrileño, entre otros, detectan "una fuerte campaña mediática basada en medias verdades, en un lenguaje que aparenta coincidir con las exigencias de las personas pensionistas que estamos peleando desde hace más de 270 semanas en las calles, pero se ha ocultado que el contenido de la reforma Escrivá no se conoció hasta la publicación final del RDL en el BOE, lo que no ha permitido un debate público y transparente".
Según esta plataforma unitaria, con la ampliación a 29 años del período de cálculo de las pensiones futuras (descontando los 24 peores meses) desde los actuales 25 (reforma de 2011), aunque se establece la posibilidad de elegir entre el actual período y el futuro, durante las próximas dos décadas, "está muy claro que las personas a las que les quede 20 o más años para jubilarse (la mayoría de nuestros hijos y nietos) verán mermadas sus pensiones por esta ampliación aún más, en el momento de su jubilación". A su parecer, "es falso que la ley busque adecuar la prestación a la realidad de precariedad laboral de la que es víctima la mayoría de la juventud. Si así fuera, el período de cómputo se debería reducir, en vez de ampliarse".
Exigen la auditoría de la Seguridad Social
Otra de las críticas que efectúan es que la nueva reforma llega sin que el Gobierno haya cumplido sus obligaciones legales anteriores. "Nos referimos a la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, prevista en la Ley 21/2021, que se debería haber realizado antes del 30 de junio de 2022. El asunto tiene vital importancia, porque esa auditoría (independiente y transparente, claro está) demostraría que, sin soportar gastos impropios, las cuentas de la Seguridad Social están saneadas, y que los recortes como los que se están haciendo no tienen ninguna justificación".
Por lo que se refiere a las cotizaciones vinculadas al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que la reforma incrementa desde el 0,6% al 1,2%, temen que "al final el grueso de esa aportación mucho nos tememos que sea soportado íntegramente por las y los trabajadores, recortándola de su salario directo".
La plataforma Unidad de Acción arremete asimismo contra la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), que tendrá, según la nueva Ley (disposición adicional segunda), la capacidad de valorar el proceso de ingresos y gastos, a partir de 2025, en informes cada tres años. "Se trata de un organismo que presidió el propio Escrivá desde su fundación en 2014, hasta que éste fue nombrado ministro en enero de 2020. Un organismo neoliberal, ligado a la banca como el propio ministro, parece que de independiente tiene más bien poco".
La pensión mínima, "muy lejos de las necesidades"
Muy críticos son también con el tratamiento final de las pensiones mínimas en la reforma, por entender que "siguen muy lejos de nuestras demandas y de las necesidades de las personas pensionistas La pensión mínima de referencia de persona pensionista con cónyuge no a cargo, que se situará para el año 2027 en 873 euros, queda muy lejos de los 1.080 euros que reclamamos para 2023".
Asimismo, argumentan que la novedad de "cambiar la referencia del salario mínimo para fijar la pensión mínima contributiva, por la renta mediana, es una medida más para reducirlas e impedir pensiones mínimas suficientes".
Critican el apoyo sindical a la reforma
En su documento de análisis y valoración de la reforma Escrivá, estos colectivos de pensionistas denuncian "que los sindicatos de la Mesa de Diálogo Social, CCOO y UGT, avalen la nueva reforma, que da cobertura a los recortes de las pensiones procedentes de la reforma de 2011 (que también firmaron estos sindicatos), tales como el aumento hasta los 67 años de la edad de jubilación, el aumento de los años necesarios para el cálculo de la pensión de 15 a 25 años, e incluye nuevos recortes como el aumento de este periodo de cálculo a 29 años".
Tal y como exponen, "el nuevo RDL fija y amplía la nefasta reforma de 2011, en la que se extendió el período de cómputo para el cálculo de las pensiones, desde los 15 a los 25 años, y se retrasó la edad de jubilación hasta los 67 años. El ejemplo del sindicalismo francés, que de manera unitaria lleva ya dos meses de encarnizada lucha contra el aumento hasta los 64 años de la edad de jubilación, debería hacer reflexionar a los afiliados y delegados de esos sindicatos sobre el papel de unos dirigentes que han olvidado sus intereses de clase".
Diez reivindicaciones clave
1. Pensión mínima de 1.080 euros.
2. Eliminación efectiva de la brecha de género.
3. Período de cómputo para el cálculo de las pensiones: escoger los mejores 15 años de cotización de cada persona.
4. Auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, en cumplimiento de la Ley.
5. Jubilación a los 65 años, en camino hacia los 60.
6. Actualización de pensiones y salarios según el IPC real y anual, y recuperar la paga compensatoria anual para compensar la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones.
7. Derogación de las reformas de 2011 y siguientes de 2021, 2022 y 2023.
8. 'No' a los planes de pensiones privados de empresa, ni a la gestión privada de las pensiones públicas.
9. Jubilación anticipada sin penalización a partir de los 40 años cotizados.
10. 'No' a la descapitalización de la Seguridad Social, ni a la liquidación de su patrimonio inmobiliario.
