El riffirrafe en torno a la subida de pensiones de 2025, que fue aprobada por el Congreso de Ministros en diciembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado y ahora derogada, tras rechazar el Congreso el decreto ómnibus del Ejecutivo, ha indignado a las asociaciones de pensionistas y personas mayores, pues está en el aire cuándo se cobrará la revalorización del 2,8% en las pensiones contributivas, del 6% en las mínimas y del 9% en las pagas no contributivas. De momento, todos los pensionistas recibirán su paga aumentada en enero, pero queda la incógnita de su cobro en febrero y meses sucesivos.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
Hasta que el Gobierno encuentre la fórmula legal de aprobar la revalorización, que desde 2022 se realiza en función del IPC medio anual, tal como establece la Ley 21/2021.
Ante el desconcierto, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) lamenta profundamente el comportamiento “irresponsable” observado en el Congreso de los Diputados "y el impacto negativo de las decisiones adoptadas sobre el bienestar y la protección social de la ciudadanía, especialmente en lo que respecta a la suficiencia de ingresos de las personas pensionistas, mayores y con discapacidad".
Esta plataforma, presidida por Lázaro González, hace un llamamiento a las fuerzas políticas para que se abandonen las posiciones “tacticistas, que olvidan lo más importante: el bienestar y los derechos de la ciudadanía". Además, insta a que se adopten "medidas que posibiliten de forma urgente el mantenimiento de la revalorización de nuestras pensiones y todas las medidas en la materia que han decaído tras la votación en el Congreso de los Diputados”.
Tal como advierte Lázaro González, las consecuencias "afectan a 12,5 millones de personas que perciben pensiones contributivas, no contributivas, prestaciones del ingreso mínimo vital o complementos a mínimos", y suponen un "empeoramiento de la protección social de las personas pensionistas más empobrecidas, mayoritariamente mujeres y grandes dependientes". Pese a todo, la PMP trasmite "un mensaje de tranquilidad a los pensionistas, asegurando que la revalorización está garantizada por ley y se aplicará en cualquier caso".
Pensiones, "fuera de la lucha política"
Por su parte, Santiago González Carrero, presidente de la Asociación Grupo de Mayores de Telefónica (AGMT) y presidente del Comité Asesor de 65YMÁS, considera que "el Gobierno no debería haber mezclado la revalorización de las pensiones con otros temas muy diferentes en el decreto ómnibus, que este miércoles se ha rechazado en el Congreso de los Diputados". A su juicio, la subida para 2025, aprobada por el Consejo de Ministros, del 2,8% para las pagas contributivas, el 6% previsto de aumento para las pensiones mínimas, y el 9% que se prevé aplicar a las prestaciones no contributivas, "debería quedar fuera de la lucha política, para que ni las pensiones ni los pensionistas puedan ser utilizados como moneda de cambio o que se vean perjudicados, como ahora, por rifirrafes partidistas".
Para González, la revalorización debe ser aprobada de nuevo, y con carácter de urgencia, "porque hay millones de personas que no pueden esperar, ya que los más perjudicados son los pensionistas de nóminas más bajas, que con la actual inflación, todavía no controlada, y los precios de los alimentos y de las facturas básicas de luz, agua, gas, etc., necesitan tener asegurado el aumento de cuantía de sus pagas".
El presidente de AGMT recuerda asimismo que la subida de las pensiones, de acuerdo con el IPC medio anual, es una medida aprobada por la Ley de pensiones de 2021, que es de obligado cumplimiento. "El Gobierno y los partidos políticos tienen que cumplir el imperativo legal y hacer efectiva la revalorización acordada para 2025".
"Los colectivos más vulnerables, los más afectados"
"Es inaceptable que Junts, PP y Vox, líderes del lobby privatizador de nuestro sistema público de pensiones, desatiendan las preocupaciones legítimas de los mayores. Con una inflación que continúa afectando gravemente el poder adquisitivo, estos partidos han optado por cerrar los ojos ante la realidad de millones de pensionistas que sienten diariamente el peso de la crisis económica", asegura Anatolio Díez, secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de UGT-UJP (@UJP_UGT), para quien, "al rechazar la revalorización de las pensiones, están eligiendo la indiferencia en lugar de la empatía".
Desde la federación de jubilados de UGT exigen a estos partidos que reconsideren su postura y "prioricen el bienestar de la ciudadanía, por encima de sus agendas políticas. La dignidad de nuestros pensionistas no debe ser objeto de debate ni de recortes. Sin duda, estas posiciones políticas no deben desaparecer de nuestra memoria cuando nos pidan el voto quienes hoy, y como siempre, nos quieren mantener en la pobreza e incrementar las desigualdades sociales"
A su vez, la Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CCOO (@pensCCOO), lamenta el "comportamiento irresponsable de quienes han impedido que se cumpla la ley aprobada en las Cortes en materia de revalorización de pensiones, prestaciones e incremento de ingresos de Seguridad Social".
Esta federación, cuyo secretario general es Juan Sepúlveda Muñoz, reclama al Gobierno que adopte "en el menor plazo posible medidas que posibiliten de forma urgente el mantenimiento de las medidas que han decaído con la no convalidación del RDLey 9/2024, todas ellas imprescindibles para la mayoría social y, especialmente, para aquellos colectivos más vulnerables, cuyas condiciones de vida se van a ver seriamente afectadas".
"Abuso absoluto e irresponsabilidad"
A Marina Troncoso, presidenta de CAUMAS, la paralización de la revalorización de las pensiones en el Congreso de los Diputados le parece "un abuso absoluto y una irresponsabilidad por parte de la oposición y de intereses espurios de los partidos políticos implicados".
Ante la urgencia de hallar una solución para este rifirrafe a cuenta de las pensiones, Troncoso reclama que se llegue a "un acuerdo político por dignidad, un consenso que vaya en beneficio de los ciudadanos, y no en contra". Lo contrario sería "una absoluta falta de respeto para todas las personas que han trabajado durante toda su vida, que no las tengan en consideración a la hora de pactar, a la hora de decidir y a la hora de legislar".
Movilizaciones en todo el país el 22 de febrero
El desconcierto y la indignación son las reacciones comunes de los movimientos y plataformas de pensionistas y personas mayores. Una indignación que ya ha cristalizado en una convocatoria de movilizaciones en las calles.
"Si la revalorización de las pensiones para 2025 no está resuelta satisfactoriamente antes del 20 de febrero, el día 22 saldremos a la calle, como lo hicimos en enero de 2018", anuncian las organizaciones de pensionistas englobadas en Unidad de Acción del Movimiento Pensionista:ASJUBI40 (Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar), COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones), EHPM (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria), MADPP (Movimiento Andaluz en Defensa das Pensións Públicas), MODEPEN (Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos), UNIDAD COESPE y plataformas de pensionistas de Badajoz y Móstoles.
Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Publico de Pensiones (Coespe @CoespeOficial), muestran su "desconcierto y cólera por el comportamiento del Parlamento del Estado, que una vez más, se pone de espaldas a la sociedad anulando medidas anunciadas desde hace meses. La instrumentalización de millones de personas, solo el colectivo pensionista supone más de 11 millones, con la teatralización de las confrontaciones entre grupos políticos que, mezclando diversas cuestiones, tratan de encubrir a quienes les financian, frente aquellos que al final les votan".
Por todo ello, "emplazamos al Gobierno y al Parlamento a corregir esta situación antes del 20 febrero, momento en que se cerrarán las nóminas de las pensiones de marzo, y en caso contrario, levantar una movilización estatal de pensionistas y trabajadores el sábado 22 febrero en todo el Estado, en defensa del sistema público de pensiones".
"Indignación y decepción"
También desde Asjubi40 (@asjubi40) expresan su "profunda indignación y decepción ante la reciente votación en el Congreso, donde varios partidos, incluyendo el PP (Partido Popular), Junts (Junts per Catalunya) y VOX, han decidido votar en contra de la subida de las pensiones y otras medidas sociales importantes. Es inaceptable que, en un momento de crisis económica y social, estos partidos prioricen sus intereses partidistas por encima del bienestar de la ciudadanía".
El Comité de Asjubi40 pone de relieve que "las pensiones no son un lujo, sino un derecho fundamental que garantiza una vida digna a quienes han trabajado toda su vida para construir el país que hoy disfrutamos. La negativa a aumentar las pensiones y a apoyar otras medidas sociales importantes por parte del PP, Junts y VOX es un ataque directo a los más vulnerables de nuestra sociedad. Es una muestra de insensibilidad y falta de compromiso con aquellos que más necesitan el apoyo del Estado. No podemos permitir que se juegue con el futuro de nuestros mayores por intereses políticos".
A su vez, los pensionistas vascos del MPEH advierten de que lo sucedido este miércoles muestra que "el incremento de las pensiones sigue sin estar definitivamente garantizado, y para algunos políticos forma parte de su estrategia partidista en cada momento. Las pensiones siguen siendo moneda de cambio y no un derecho básico fundamental. Sin entrar a valorar las formas utilizadas para hacer efectivas las subidas, rechazamos con rotundidad la utilización de las pensiones como arma en las disputas entre partidos".
Sobre el autor:
Pepa Montero
Pepa Montero es redactora especializada en temas de economía. Ha trabajado en medios como El Economista y La Gaceta de los Negocios. Es autora del libro de relatos La casa de las palmeras (Azul como la Naranja, 2013).