Más de 141.000 personas han firmado ya la petición abierta en la plataforma Change.org para forzar al Gobierno y al Parlamento a realizar una auditoría de la Seguridad Social, para determinar su realidad financiera y esclarecer, entre otras cuestiones, "a dónde han ido a parar los más de 103.690 millones de euros que entre 1989 y 2013 pertenecían a la hucha de las pensiones y que se destinaron a otras cuestiones. Fue una práctica aparentemente legal pero incorrecta que hizo desaparecer los excedentes de cotizaciones que hoy debían nutrir esa hucha de las pensiones tan esquilmada en épocas de paro y crisis como la que hoy vivimos", denuncian desde la Coordinadora Estatal por la Defensa de las Pensiones Públicas (COESPE@CoespeOficial), que hace tres semanas dio un paso más en su lucha por conseguir que se auditen las cuentas del sistema público, al abrir la citada petición en la plataforma ciudadana.
“Los pensionistas queremossaber qué se ha hecho con las aportaciones de los trabajadores, con el salario diferido. Por ello exigimos que antes de realizar cualquier reforma de la Seguridad Social, se realice una auditoría pública de todas las cuentas, para que el Estado realice las compensaciones necesarias”, reclama Juan Miguel Fernández, portavoz de la Coordinadora de Pensionistas de Madrid (@Coorpenmadrid) e integrante de Coespe, quien advierte de que "las cotizaciones que han desaparecido estaban protegidas por la Ley General de la Seguridad Social, formaban parte del Patrimonio de la Seguridad Social, y ningún gobierno puede utilizarlo para lo que mejor le convenga, ya que su función exclusiva es atender a las prestaciones de la Seguridad Social, y no a otros gastos, que deberían ser sufragados por el Ministerio de Hacienda".
Además de iniciar el movimiento de apoyo ciudadano en Change.org, los pensionistas han enviado una carta al ministro de Inclusión y Seguridad Sovial, José Luis Escrivá, en la que denuncian lo que califican de "saqueo de las cotizaciones sociales" de los trabajadores a la Seguridad Social.
Tal y como explica el portavoz de Coorpen Madrid a 65Ymás, "el déficit de la Seguridad Social es un falso déficit, y dicen que no hay dinero, pero ocultan que los excedentes de la Seguridad Social se destinaron a gastos ajenos a la misma o la rebaja del déficit público”. Juan Miguel Fernández critica asimismo la tardanza del Gobierno y del Pacto de Toledo en separar las fuentes de financiación del sistema ("hace 25 años que lo venimos reclamando") y en eliminar los gastos impropios de la Seguridad Social, que deberían correr a cargo de los Prespuestos del Estado.
Fernández pone un ejemplo actual: "Con la crisis, el Gobierno ha colocado con cargo a la Seguridad Social conceptos como los ERTE, la exoneración de pagos patronales a la Seguridad Social, parte del salario mínimo vital, etc.".
Urge "reingresar los gastos impropios detraídos"
Las plataformas de pensionistas de Coespe se amparan en la reciente auditoría que publicó el Tribunal de Cuentas, donde este organismo constataba que durante años se ha venido cargando a la Seguridad Social improcedentemente algunos pagos que representan más de 105.000 millones de euros y que el Estado debería reingresar a las cuentas de la Tesorería de la Seguridad social. “Lo mismo sucede con otros cargos impropios por más de 23.000 millones de euros de los que el ministro Escrivá informó recientemente", detallan desde Coespe.
Esta utilización impropia del excedente que durante años registró la Seguridad Social es lo que "ha creado el déficit, lo que ahora siembra el miedo de los recortes, lo que empuja a los bancos y servicios de estudios a dudar de la sostenibilidad de las pensiones, lo que les sirve para justificar que no se puedan subir las pensiones mínimas", resalta el portavoz de Coorpen Madrid. "Si esos recursos se hubieran constituido en reservas, serían suficientes para abordar todos los problemas actuales”, remacha.
Sin salarios dignos, no habrá pensiones dignas
Muy críticos con la Comisión del Pacto de Toledo y con los “discursos de la banca, aseguradoras, patronales, AIREF o el Banco de España", la Coordinadora Estatal de Pensionistas augura un otoño caliente para combatir "los mismos tópicos de otros años", en referencia al abultado déficit del sistema, a las propuestas de impulsar las pensiones privadas, y están radicalmente en contra de los "estudios actuariales catastrofistas, de la mochila austriaca y de la prolongación de la edad de jubilación", entre algunas de las medidas que están sobre la mesa de negociación del Pacto de Toledo.
Otra de las reclamaciones de los pensionistas, en la que coinciden los sindicatos CCOO y UGT, es que las aportaciones puntuales de fondos a la Seguridad Social se hagan mediante transferencias, "y no mediante préstamos, para que se deje de asignar un déficit a la Seguridad Social, que en realidad es del Ministerio de Hacienda", defiende Juan Miguel Fernández, portavoz de Coorpen Madrid.
La Coordinadora Estatal recuerda que la propia Ley General de la Seguridad Social (art. 109) establece que si para atender las pensiones faltan cotizaciones sociales, el Estado hará las aportaciones que sean necesarias.
La solución a los problemas de la Seguridad Social "no la va a dar el Pacto de Toledo, sino que tiene que empezar por la devolución de esos más de 100.000 millones que se han sacado de la Seguridad Social de forma indebida, y por la derogación de la reforma laboral y de las pensiones. Porque sin salarios dignos, no habrá pensiones dignas", remachan portavoces de Coespe.
Sobre el autor:
Pepa Montero
Pepa Montero es redactora especializada en temas de economía. Ha trabajado en medios como El Economista y La Gaceta de los Negocios. Es autora del libro de relatos La casa de las palmeras (Azul como la Naranja, 2013).