Este próximo lunes, 22 de mayo, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herriainiciará una marcha a pie desde Bilbao y Bergara, que concluirá a su llegada con una manifestación el jueves 25 en Vitoria-Gasteiz, para exigir al Gobierno central que establezca ya este mismo año la pensión mínima en 1.080 euros, además de reclamar a los gobiernos autonómicos de Euskadi y de Navarra que complementen la paga mínima hasta alcanzar dicha cuantía, distribuida en 14 pagas.
Para los convocantes de esta nueva acción de lucha por las pensiones, establecer una prestación mínima de 1.080 euros "depende tan solo de la voluntad política, y no hay razones políticas ni económicas que lo impidan". A su juicio, se trata de una reivindicación "urgente y de justicia", para garantizar "unos ingresos mínimos suficientes" a las personas mayores y pensionistas que no disponen de ingresos procedentes de su trabajo.
Los organizadores aseguran que existen "167.718 pensionistas en la Comunidad Autónoma Vasca y 51.306 en Navarra con pensiones inferiores a 1.080 euros, la inmensa mayoría mujeres", motivo por el cual advierten de que "la pensión mínima en todas sus variables tiene nombre de mujer". A tenor de estas cifras, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria pone de relieve que "la brecha de género tiene como antecedente la desigualdad de salarios y la asignación unilateral de las mujeres al trabajo no remunerado o mal pagado en el ámbito de la reproducción y los cuidados".
La inflación, otro golpe para las pensiones mínimas
Los organizadores de esta marcha a pie desde Bilbao y Bergara denuncian que, "en el actual contexto de crecimiento exponencial del coste de la vida, cada vez mayor número de personas mayores y pensionistas ven truncadas sus posibilidades de acceder a una vivienda saludable y adecuada a sus necesidades, una alimentación sana, y garantizar su salud y la atención efectiva para paliar sus necesidades de atención a la dependencia".
Por todo ello, demandan complementar tanto en Euskadi como en Navarra a 1.080 euros la pensión mínima. Según sus cálculos, el coste de dicho complemento estaría en torno a 230 millones en Euskadi y 60 millones en Navarra, aproximadamente un 2% del presupuesto. "Igual que fuimos capaces de derogar el IRP (índice de revalorización de las pensiones) el 0,25% o el Factor de Sostenibilidad y hemos evitado nuevos recortes, seremos capaces de conseguir algo de estricta justicia, la pensión mínima de 1.080 euros en 14 pagas para 2023", proclaman.
Cinco años de 'lunes al sol' por las pensiones
Los pensionistas de Euskal Herria lleva más de cinco años reivindicando una pensión mínima de 1.080 euros en 14 pagas, por considerar que es un ingreso básico para acceder a una vida digna en la vejez, así como una medida efectiva para mitigar la brecha de género. Son famosas sus tradicionales concentraciones de todos los lunes a lo largo de la geografía vasca, los popularmente conocidos como lunes al sol.
Sus acciones reivindicativas son constantes y de diversa índole, por ejemplo, el pasado mes de marzo, mantuvieron cinco días de ayuno-encierro, dentro de una semana de protestas en la que celebraron mesas redondas, marchas y concentraciones, que culminaron con una manifestación en Bilbao (el sábado 18) a la que acudieron unas 10.000 personas.
Nada más conocer las medidas incluidas en la segunda pata de la reforma de las pensiones, el movimiento vasco denunció la insuficiencia de las medidas aprobadas: "Se sigue sin garantizar una pensión mínima de 1.080 euros. Este Decreto Ley, a pesar de los aspectos positivos que contiene, es parte de un proceso de reformas que está recortando pensiones y derechos; reformas que, como la de 2011, se debería haber derogado, pero que la reforma Escrivá perpetúa".
Para los representantes del MPEH, "esta no es la reforma que desde hace más de cinco años venimos reclamando en las calles, motivo por el cual vamos a continuar nuestra lucha, como lo hemos hecho hasta aquí. "Si piensan que nuestras movilizaciones y protestas se van a debilitar, están muy confundidos", advirtieron en marzo.
Precisamente, Andrea Uña, una de las representantes del MPEH en Bilbao, aseguraba recientemente a 65YMÁS que los pensionistas llevan años viendo cómo, "con las reformas de pensiones, se han recortado nuestras pensiones, o no se han revalorizado durante años, y se han recortado nuestros derechos. Este año, aunque hemos logrado que las pensiones suban el 8,5%, cada vez es más difícil tener un nivel de vida digno, por culpa de la inflación disparada y de los precios de los alimentos por las nubes".
Para Uña, muy crítica con la segunda fase de la reforma de pensiones, "se habla de incrementar las pensiones mínimas hasta el 60% de la renta mediana para 2027, y de superar la brecha de género de manera paulatina, sin fecha fija. Muchos pensamos que es una tomadura de pelo. ¿Si se puede aplicar en 2027 ese 60%, que no es exactamente nuestra petición, ya que reclamamos el 60% del salario medio, por qué no suben las pagas hasta el 60% de la renta mediana ya en 2023?"
Sobre el autor:
Pepa Montero
Pepa Montero es redactora especializada en temas de economía. Ha trabajado en medios como El Economista y La Gaceta de los Negocios. Es autora del libro de relatos La casa de las palmeras (Azul como la Naranja, 2013).