El presupuesto de Seguridad Social sube un 4,3% por la subida de las pensiones y por el IMV
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El Gobierno reduce incentivos a los planes de pensiones individuales para impulsar los de empleo
Los mayores, divididos ante los PGE 2020: unos defienden subir impuestos y otros están en contra
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 ha logrado el respaldo del Congreso de los Diputados y ahora continuará su tramitación en el Senado. Las cuentas públicas, presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cuyo frente se halla María Jesús Montero, han logrado el voto afirmativo de 11 formaciones políticas: PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País, Nueva Canarias, Compromís, Teruel Existe y PRC.
En materia de Seguridad Social y pensiones, el Gobierno presupuesta un gasto de 172.429 millones de euros el año próximo, cifra un 4,3% superior a la del ejercicio precedente. Este crecimiento obedece a la revalorización de las pensiones para 2021 (+0,9% para las pensiones contributivas y +1,8% para las no contributivas) y a la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Aprobación de los PGE en el Congreso (E. Parra. POOL / Europa Press)
Según el Ejecutivo de coalición, la actualización de las pensiones de acuerdo a la inflación esperada "permitirá garantizar el poder adquisitivo de casi 10 millones de pensionistas. Asimismo, las pensiones no contributivas aumentarán el doble que el IPC. Se trata de una subida que dota de certidumbre a los pensionistas", en palabras del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Sin embargo, las asociaciones de pensionistas creen que el incremento de las pensiones aprobado en los Presupuestos, aun garantizando una subida en función del IPC, es insuficiente, y ponen el foco en que el principal problema son las cuantías de las pensiones mínimas y la eliminación de la brecha de género.
Otra fuente de críticas a los Presupuestos es el golpe que asesta a la desgravación de los planes de pensiones individuales, cuyo límite de aportación desciende a un máximo de 2.000 euros anuales, frente a los 8.000 actuales. Este endurecimiento del tratamiento fiscal al ahorro, según varias patronales, entre ellas CEOE, ATA, Unespa, Inverco y Ocopen, además de la AEB o la CECA, supone "un grave error que tendrá graves consecuencias”, tal como lo definió hace unos días la presidenta de Unespa (@UNESPA), Pilar González de Frutos.
El golpe es particularmente duro para los autónomos. A Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata), presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA @autonomosata), la reducción de las desgravaciones a los planes de pensiones individuales le parece "un palo tremendo al ahorro de muchos años de los autónomos. No solamente nosotros, sino CEOE, Cepyme, AEB, CECA, Unespa, Inverco… muchas patronales, no entendemos que los Presupuestos Generales den este palo al ahorro de los autónomos". Para Amor, las cuentas públicas para 2021 "no contienen el reflejo de la realidad: los ingresos están inflados y los gastos serán mayores. Esto ya lo han advertido el FMI, la OCDE y el Banco de España".
Cambios en planes privados y recaudación fiscal
Las patronales Unespa e Inverco han resaltado en varias ocasiones que España tiene un déficit de ahorro "que no cabe discutir" y que tan solo entre el 10% y el 15% de los trabajadores del país está constituyendo provisiones de jubilación complementarias, de acuerdo con datos detallados por la presidenta de Unespa.
Las críticas a la reducción de incentivo fiscal de los planes privados también proceden de los economistas expertos en pensiones. Así, José Enrique Devesa Carpio, miembro del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia, doctor en Economía, actuario e investigador asociado del IVIE (@Ivie_news), considera que "si como parece ser, el objetivo general es mejorar el ahorro para la jubilación, no entiendo que se reduzca la posibilidad de aportar a planes individuales. Se puede incentivar la parte de los planes de empleo, pero sin tocar los individuales. Además, se transmite una percepción de ventaja fiscal de los planes de pensiones, cuando lo que hay es un incentivo de entrada, pero por los que hay que tributar cuando se recuperan las cuantías".
Aunque el Gobierno niega que la principal razón de estos cambios fiscales sea aumentar la recaudación tributaria, lo cierto es que tendrá ese efecto. Según José María Mollinedo, secretario general de los Técnicos de Hacienda (Gestha), la rebaja de desgravaciones a los planes individuales “aumentará la recaudación a corto plazo porque se reduce ese límite desgravable de 8.000 a 2.000 euros en la base imponible. En el balance a largo plazo, los técnicos del Ministerio de Hacienda tenemos claro que tampoco disminuirá la recaudación, porque quienes ahora invierten en esos planes privados están reduciendo una base imponible mayor al estar en su época activa, mientras que la recuperación del plan tributará menos al ser su pensión futura inferior a su sueldo de hoy".
Límite de 8.000 euros en planes de pensiones de empleo
Desde la organización de consultores OCOPEN (@OCOPEN_), su presidente, Mariano Jiménez, señala que, tal y como está redactada la nueva fiscalidad de los planes de pensiones en la ley de Presupuestos, le preocupa especialmente "la redacción del límite de 8.000 euros para contribuciones empresariales. Consideramos que la actual redacción perjudica a los trabajadores que realizan aportaciones obligatorias a su plan de pensiones de empleo, así como también a las empresas tomadoras de planes de previsión social empresarial y a mutualidades de previsión social empresariales. Ambos instrumentos son aptos para la externalización de compromisos por pensiones y deberían tener el mismo tratamiento".
Sin embargo, tal como está redactado en los PGE, "el límite solo se refiere a las contribuciones empresariales, es decir, aquellas que realiza la empresa para sus trabajadores, pero no para las que efectúan obligatoriamente los trabajadores en el plan de empleo, ni tampoco para las aportaciones que estos realizan porque están vinculadas a las del promotor (matching contributions), y también estarían fuera de esta regulación. Desde OCOPEN pediremos que se cambie esta redacción en la tramitación de los PGE en el Senado", adelanta Mariano Jiménez.
Problema: pensiones mínimas y brecha de género
Para los pensionistas, la gran piedra de toque de los PGE en esta materia son las pensiones mínimas y la brecha de género. "Aunque nos falta tener el texto final, definitivo, creemos que los Presupuestos del Estado para 2021 van en la buena dirección, pero en el tema de la subida general del 0,9% de las pensiones, creemos que hay pensiones mínimas para las que esa subida es insuficiente", resalta Julián Gutiérrez del Pozo, secretario general de Pensionistas de CCOO (@pensCCOO), quien denuncia que "hay pensiones mínimas de 500-600 euros que deben revalorizarse más".
También Paca Tricio, presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (@MayoresUDP), en su reciente entrevista con este diario, valoraba la subida de las pensiones de acuerdo a la inflación prevista. “Para muchas personas mayores, que cobran 400, 500, 800 euros… ¿qué supone un 0,9%? Con la subida aprobada, muchos pensionistas van a seguir sin llegar a final de mes".
Protesta de pensionistas en Madrid (Foto:Europa Press)
Del mismo modo, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Publico de Pensiones (COESPE @CoespeOficial) critica lo que llama "propaganda que nos venden de que nadie se va a quedar atrás", porque a su juicio "tiene componentes que suponen no avanzar para cientos de miles de personas que cobran unas pensiones mínimas insoportables, y que es preciso aumentar hasta los niveles del SMI, hasta alcanzar los niveles europeos de 1.100 euros de pensión". COESPE es también muy crítica con los planes de pensiones de empresa. "De facto se introduce una acción perversa contra el sistema público de pensiones ya que inicia un camino altamente peligroso de descapitalización del sistema", asegura a 65Ymás.
Para María Ángeles Poveda, portavoz estatal de Jóvenes Pensionistas (@JovenPensionist), "no es suficiente una subida general del 0,9%, ni tampoco una subida irrisoria del 1,8% en pensiones no contributivas, que cuentan con un importe mínimo de 90 euros hasta los 395 euros. Todas estas personas viven bajo el umbral de la pobreza, una cuestión que hay que erradicar de manera urgente". Reclama que las pensiones mínimas "deben aumentar como dicta la Carta Social Europea, es decir, hasta los 1.084 euros".
Muy parecida es la posición de los pensionistas vascos, que se manifiestan todos los lunes de cada semana. Víctor Etayo, de la Coordinadora de Pensionistas de Bizkaia por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, aseguraba recientemente a este diario que una de sus reclamaciones es que se establezca una pensión mínima de 1.080 euros y se mejoren de forma sustancial las no contributivas y las de viudedad.
Economistas alertan: ¿bolsillo del pensionista vs salud del sistema?
Los economistas advierten de la importancia de hacer compatibles las mejoras de poder adquisitivo de los pensionistas y la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, en particular, y de las cuentas públicas de España, en general, máxime en unos años de crisis tan severa, que está dejando en la cuneta a tantos asalariados, autónomos y parados.
José Antonio Herce (@_Herce), economista experto en pensiones y socio fundador de LORIS, reconoce que "hay millones de pensiones obscenamente bajas, que ya lo eran antes del COVID, pero ahora existen además millones de autónomos, microempresarios y asalariados precarios que están perdiendo sus empleos y negocios y viendo cómo se devalúan sus activos. En este contexto, y cuando todo indica que la inflación en 2021 será muy baja o negativa, el que los funcionarios y pensionistas (que no han sufrido nada en términos de renta) vayan a verlas aumentadas, es señal de que estamos asignando mal los recursos de los contribuyentes y los recursos de Europa (que ni siquiera hemos logrado todavía). Y estamos dejando a mucha otra gente en la cuneta". A su juicio, lo que en España necesitamos son "unos Presupuestos cívicos, no socializantes, que convoquen a todos los contribuyentes con capacidad de pago en solidaridad con los que están hundiéndose", y considera que "se debería de haber concentrado el esfuerzo en colectivos más precarios, o en materia de pensiones, en mejorar las mínimas o las no contributivas".
En los PGE recién aprobados, Herce ve "la fantasía de un cuadro macroeconómico que ya están criticando los organismos internacionales, confiando en los 27.000 millones de euros que en teoría nos corresponderá de los fondos europeos. El debate presupuestario ha tenido un tono ideológico y doctrinario; se ha debatido de todo, excepto de estructuras fiscales, de capacidad y necesidad de gasto... Las bases sobre las que descansan estos PGE no son bases técnicas ni de política presupuestaria".
La necesidad de conciliar las subidas del gasto en pensiones con la salud financiera del sistema es, pues, clave. "Como ciudadano, puedo entender la subida de las pensiones con el IPC, incluso subir el doble las no contributivas, pero como economista creo que los Presupuestos deberían ser más cautelosos, porque si el próximo año el IPC es inferior al 0,9% previsto, nadie va a reclamar la diferencia a los pensionistas, y, al contrario, si sube menos del 0,9% sí que se les pagará la diferencia", asegura José Enrique Devesa. En términos de proyección de gasto, "hay que recordar que estas subidas se consolidan".
Igualmente, Rafael Doménech (@rdomenechv), responsable de Análisis Económico de BBVA Research, explica que "existe un debate sobre la distribución del aumento del gasto, particularmente por el coste de oportunidad de las subidas de pensiones y salarios públicos, que ya van a ganar poder adquisitivo en 2020 y de nuevo lo harán en 2021. En 2020 las pensiones subieron un 0,9% y los salarios públicos un 2%, con un IPC medio de -0.2%. Este aumento del poder adquisitivo se consolida como un aumento de gasto permanente, sobre el que se aplican nuevas subidas".
En cuanto al escenario de crecimiento del PIB el año próximo, Doménech estima que estará "más cerca del 6% que del 10% que espera el Gobierno. Las previsiones de BBVA Research asumen alrededor de 10-15 miles de millones de euros de más gasto en 2021 por el Plan de Recuperación para Europa (NGEU), en lugar de los 27.000 millones presupuestados. El efecto en el crecimiento del PIB de los fondos europeos podría ser de un punto, sobre un escenario de crecimiento inercial del 5%. De acuerdo con estas previsiones, es difícil que la economía recaude en 2021 casi 10.000 millones más que en 2019".