Pese a que el Banco de España, la patronal CEOE, los sindicatos, numerosos expertos e incluso el propio Gobierno han señalado la necesidad de firmar un pacto de rentas que impida que la inflación disparada por los precios de la energía y la guerra de Ucrania se traslade a los precios finales de todos los productos y servicios, provocando una espiral inflacionista de consecuencias desastrosas, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no ha anunciado nada en este sentido durante el avance que ha realizado del plan de respuesta a la guerra.
Si se planteara un pacto de rentas, según institutos de análisis y expertos consultados recientemente por 65YMÁS, este sería incompleto y hasta generaría cierta "injusticia intergeneracional" si no incluyera también a los pensionistas en esa socialización de las pérdidas de poder adquisitivo por el repunte inusitado de los precios energéticos y de consumo.
Sin embargo, Sánchez, en su comparecencia de este lunes, ha alejado dicha posibilidad y, salvo sorpresa de última hora, las medidas del plan anticrisis, valoradas en 16.000 millones de euros y que el Consejo de Ministros aprueba este martes 29 de marzo, tampoco afectarán a las pensiones, que se revalorizarán este año tal y como marca la Ley, es decir, de acuerdo a la inflación media del año que se registre el próximo mes de noviembre. Así lo anunció hace unos días el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para quien este asunto "no es discutible", del mismo modo que ratifica que los pensionistas "tienen el poder adquisitivo protegido por Ley".
Ni Sánchez ni Escrivá han cifrado el posible impacto que tendrá la inflación desbocada (ni los efectos de la crisis por la guerra) sobre el gasto en pensiones. Ambos han resaltado, en cambio, la buena marcha de la economía española, con un crecimiento del PIB del 5,1% en 2021 (su mayor avance anual desde 2000) y el fuerte aumento de los ingresos por cotizaciones, a la Seguridad Social, "que crecen casi al unísono que los gastos", en palabras del ministro.
Aprobaremos en #CMin el Plan de Choque de Repuesta a la Guerra. Contempla cinco ejes de medidas para proteger a la ciudadanía y los sectores más afectados, repartir de forma justa los efectos de la guerra y preservar al máximo la senda de crecimiento que ya hemos iniciado. pic.twitter.com/NfUkGUvhfY
A pesar de que el horizonte de la crisis no parece amenazar directamente a las pensiones, son numerosas las voces que llaman a tomar medidas enérgicas para el conjunto de la economía. Una de ellas, la del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que en las últimas semanas ha pedido un pacto de rentas para repartir entre empresas y trabajadores las pérdidas que está sufriendo la economía nacional por la inflación disparada y la guerra en Ucrania. "Ni los trabajadores podrán mantener su poder adquisitivo en el corto plazo, ni las empresas serán capaces de mantener sus márgenes", ha advertido, para añadir que los datos apuntan a que el reparto de costes ya se está produciendo: los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo y las empresas están reduciendo sus márgenes.
IMV, alquileres y medidas que se aprueban este martes
El plan de choque de Sánchez en respuesta a la guerra se basa en cinco ejes que abarcan ayudas a familias, trabajadores, desplazados y al tejido empresarial, en materia de transportes, ciberseguridad y energía. Este plan, que durará hasta el 30 de junio, tendrá un impacto de unos 6.000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos y de otros 10.000 millones en créditos ICO para amortiguar el impacto de la crisis. Se limitará al 2% las subidas de los precios de los contratos de alquiler de vivienda y aumentará un 15% la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Estas son algunas de las medidas clave:
- Rebaja de 20 céntimos/litro en carburantes para todos los conductores. El descuento se aplicaría directamente al repostar desde el 1 de abril.
- Límite del 2% en las subidas de los alquileres de vivienda.
- Aumento del 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital.
- 600.000 familias más podrán acogerse al bono social energético (que alcanzaría los 1,9 millones de hogares protegidos).
- Reducción del IVA a la electricidad, suspensión del impuesto a la producción eléctrica y reducción al mínimo del impuesto especial sobre la electricidad, todas ellas medidas para rebajar el coste de la factura de la luz.
- Facilidad de ERTEs y prohibición del despido.
- 10.000 millones de euros para una línea de avales de créditos ICO para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles. Se extiende el plazo de vencimiento de los préstamos avalados por el ICO y el plazo de carencia para los sectores más afectados.
- 362 millones de euros en ayudas al sector de la agricultura y la ganadería, y otro de unos 68 millones, para el pesquero.
- 450 millones de euros para ayudas directas a las empresas de transporte de mercancías y de pasajeros, en función del tipo de vehículo: 1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por taxi, VTC o ambulancia.
- Se mantiene el compromiso de aprobar una ley que permita a los transportistas trabajar con un precio justo, como el Gobierno ha hecho con agricultores y ganaderos con la Ley de Cadena Alimentaria.
Sobre el autor:
Pepa Montero
Pepa Montero es redactora especializada en temas de economía. Ha trabajado en medios como El Economista y La Gaceta de los Negocios. Es autora del libro de relatos La casa de las palmeras (Azul como la Naranja, 2013).