Los polémicos ‘deberes' pendientes de Escrivá: auditoría de la Seguridad Social y Agencia Estatal

Las pensiones mínimas se vincularán al SMI y habrá auditoría: los pensionistas ganan un primer pulso

Escrivá rechaza que sea el Tribunal de Cuentas quien audite a la Seguridad Social

Qué pasará con las pensiones en septiembre: del periodo de cómputo al destope

El arranque del curso político y económico este septiembre se presenta tormentoso en todos los frentes, con la espiral inflacionista como gran amenaza y hasta un riesgo latente de recesión debido al alargamiento de la guerra en Ucrania y sus devastadoras consecuencias en forma de crisis energética en toda Europa.

En el terreno de las pensiones, el Gobierno empezará a negociar dos grandes medidas de reforma, ambas confirmadas por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá: el cambio en el sistema de cómputo de la pensión y el destope, tanto de la base de cotización como de la pensión máxima. Ambas medidas son críticas para los pensionistas futuros y para la sostenibilidad del sistema de pensiones público.

Pero además Escrivá tiene otros dos polémicos deberes pendientes, que le vienen impuestos por la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de reforma de las pensiones, vigente desde el pasado 1 de enero de 2022: la realización de una auditoría de la Seguridad Social desde el año 1967, y la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social. Para ambas actuaciones la Ley fija sendos plazos máximos de ejecución, y en los dos casos, ese plazo ya ha expirado. 

Respecto a la auditoría, la Ley vigente establece, en su Disposición adicional sexta, que el Gobierno realizará un “Informe de auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social”. El texto exacto de la norma establece que "en el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social".

El enunciado de la Ley acota claramente el plazo reglamentario: "Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos".

Es decir, según la Ley vigente desde el pasado 1 de enero, el plazo para finalizar el informe de auditoría habría expirado en julio pasado.

Los pensionistas exigen auditar las cuentas

Así lo denuncian los movimientos y plataformas de pensionistas, entre ellos, ASJUBI40 (@asjubi40), que interpela al Gobierno, a los grupos parlamentarios que intervinieron en la elaboración de la Ley, a los principales sindicatos (CCOO y UGT), y la patronal (CEOE y CEPYME), para que "reclamen dicha auditoría y hagan seguimiento de sus tareas pendientes".

Esta asociación de jubilados anticipados penalizados con más de 40 años cotizados asegura que "este tema es de vital importancia, afecta a casi 10 millones de pensionistas, y las y los pensionistas queremos saber qué ha pasado con las aportaciones que durante muchas décadas hemos hecho al régimen de la Seguridad Social; queremos saber cómo se han gastado esos miles y miles de millones de excedentes de cotizaciones que ha habido, es de justicia, es ley".

Casi 220.000 firmas piden la auditoría en Change.org

La realización de una auditoría de los gastos de la Seguridad Social es una reivindicación histórica de los pensionistas, que si finalmente se incluyó en la Ley fue a instancias de Esquerra Republicana, que la negoció con el PSOE como moneda de cambio para lograr el apoyo de la formación catalana a los Presupuestos Generales del Estado para 2022.

El propósito de esta auditoría es conocer, por una parte, cómo y en qué tipo de políticas se ha gastado el dinero del Fondo de Reserva de las pensiones, que llegó a tener 67.000 millones de euros. Y también desagregar los gastos propios e impropios para ver qué parte del déficit del sistema es realmente debido al gasto en pensiones.

La auditoría de la Seguridad Social es uno de los caballos de batalla de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE @CoespeOficia), que mantiene abierta una campaña de recogida de firmas en Change.org "ante la constatación de que las cotizaciones sociales han tenido un uso indebido financiando gastos ajenos a nuestro sistema de reparto, y para determinar la magnitud de ese desvío de los recursos del sistema". Ya han recibido el apoyo de casi 220.000 personas. "Entre 1989 y 2013 España gastó más de 103.690 millones de euros que pertenecían a la hucha de las pensiones a otras cuestiones. Fue una práctica aparentemente legal pero incorrecta que hizo desaparecer los excedentes de cotizaciones que hoy debían nutrir esa hucha de las pensiones tan esquilmada en épocas de paro y crisis como la que hoy vivimos", denuncia COESPE.

El malestar pensionistas por el incumplimiento del Gobierno en realizar la auditoría se plasma en que esta es también una de las reivindicaciones de la movilización del próximo 15 de octubre de 2022.

En espera de la Agencia Estatal de Seguridad Social...

Al igual que sucede con la auditoría, la Ley de reforma de las pensiones también obliga al Gobierno a crear la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social. Así lo contempla la Disposición final tercera: "En el plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará un proyecto de ley para dar cumplimiento a la disposición adicional séptima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, relativa a la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social, garantizando la simplificación, racionalización, economía de costes y eficacia del sistema de Seguridad Social, y preservando los principios de solidaridad, igualdad en el trato y equidad entre generaciones que informan dicho sistema. Todo ello con el objeto de asegurar el actual nivel de prestaciones públicas del régimen de reparto en el que se fundamenta nuestra Seguridad Social medido por su tasa de reemplazo".

... y vincular poco a poco pensión mínima y SMI

Otro deber en la agenda del ministro Escrivá, también imperativo según establece la Ley de reforma de pensiones, es el de revisar los criterios para efectuar la progresiva vinculación de las pensiones mínimas a un criterio de suficiencia, en principio, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Según la Disposición final quinta de la Ley, "el Gobierno abordará en el marco del diálogo social una revisión de los criterios para la determinación de las cuantías de las pensiones mínimas con el fin de garantizar su suficiencia en cumplimiento del artículo 50 de la Constitución y del artículo 4 del Protocolo Adicional a la Carta Social Europea. A la vista de esta revisión, el Gobierno impulsará, en el plazo máximo de un año, las modificaciones normativas necesarias para establecer reglas relativas a la evolución de las pensiones mínimas que tengan en cuenta la evolución del salario mínimo interprofesional, garantizando la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones".

Por tanto, esta revisión del mecanismo de las cuantías de las pagas más bajas no tiene una fecha prefijada legalmente, al depender de la marcha del diálogo social, que en la actualidad ya tiene otros dos grandes asuntos asignados.

Periodo de cómputo y destope, al ruedo en septiembre

En septiembre se empezará a negociar dos de las grandes medidas de reforma pendientes para 2022, según ha confirmado el propio ministro Escrivá. Por una parte, este  pondrá sobre la mesa un plan para modificar el sistema de cálculo de las pensiones; un asunto espinoso por su impacto en la cuantía de las pensiones futuras y por el previsible choque entre las posiciones del Gobierno, los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y Cepyme.

Según el ministerio, la forma de abordar el cómputo para el cálculo de las pensiones se hará "teniendo en cuenta que los últimos años de cotización no son necesariamente los mejores". El propio ministro explica que "hay que ver cómo conjugamos período, lagunas y también posibilidades de excluir los peores años; ahí tenemos que negociar con los agentes sociales". Sin embargo, de entrada, los movimientos y asociaciones de pensionistas, así como los sindicatos, temen que el Gobierno pretenda ampliar el periodo de cómputo, por ejemplo, desde los 25 actuales hasta 35, una posibilidad que en algunos momentos se ha apuntado (sin confirmar), y que para una mayoría de nuevos jubilados significaría una rebaja de pensiones.

La otra gran negociación de aquí a fin de año es el aumento de las bases máximas de cotización e incrementar asimismo las pensiones máximas, manteniendo la contributividad del sistema. Con ello, la legislación española se armonizaría a lo que es la práctica que existe en otros países europeos. Nuestro país tiene una cotización máxima de poco más de 48.000 euros; en Francia están alrededor de los 80.000, a ese nivel están Alemania, Italia… En cuanto a la pensión máxima, en 2022 está situada en 39.468,52 euros al año, lo que se traduce en 2.819,18 euros mensuales.

Ambas medidas tienen que ser aprobadas, ya que el Gobierno español se ha comprometido con Bruselas, según figura en el Plan de Recuperación y Resiliencia.