La Comisión Europea aviva el temor a un ajuste en las pensiones desde 2025

De Cos pide nuevas medidas para apuntalar la sostenibilidad de las pensiones

El Banco de España alerta: la tasa de dependencia subirá al 35% en 2030 por el envejecimiento

La necesidad (o no) de introducir nuevos ajustes en el sistema de pensiones español en 2025 comenzará por una subida de las cotizaciones sociales vinculadas al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), según establece la reforma de las pensiones diseñada por el ministro José Luis Escrivá, en funciones hasta el martes, 21 de noviembre, cuando dejará Seguridad Social para asumir la cartera de Transformación Digital.

El eventual aumento de las cotizaciones, a pagar por trabajadores y empresas, va a depender, entre otros factores, de la evaluación formal de las medidas de ingresos que la AIReF realizará en marzo de 2025, así como de la senda de gasto en pensiones que se desprenda del próximo Informe sobre Envejecimiento de la Comisión Europea (el anterior Ageing Report es de 2021) que se publicará en la primavera de 2024.

Y son, precisamente, las proyecciones de la Comisión Europea (CE) las que ya están dando señales de alarma, puesto que la CE rebaja de manera considerable las previsiones económicas y demográficas sobre las que el Ejecutivo español ha elaborado sus previsiones para las próximas dos décadas. Los técnicos de Bruselas creen que el PIB, el empleo o la productividad españoles crecerán menos. Por ejemplo, la CE estima un 1,2% de crecimiento del PIB español en el periodo 2022 y 2050, mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez es bastante más optimista, y prevé un 2% de media en esos años. Esta importante diferencia entre ambos escenarios levanta temores, porque la reforma dicta que el mecanismo de ajuste automático del MEI se accionará si gasto en pensiones sobrepasa el 13,3% del PIB estimado para 2022-2050.

Aunque el Ministerio de Seguridad Social, en su informe Proyecciones del gasto público en pensiones, asegura que el desembolso para pagar las pensiones no superará el 12,4% del PIB y por tanto no sería necesario subir las cotizaciones en 2025, ni implantar nuevos ajustes para contener el gasto, varias entidades, entre ellas, la propia AIREF, el Banco de España, FEDEA, BBVA, el IVIE, la OCDE... llevan la contraria al Ejecutivo y advierten de que las reformas introducidas no bastarán para apuntalar la sostenibilidad de las pensiones en las próximas décadas, cuando España vivirá la masiva jubilación del baby boom.

Escrivá ha descartado próximos ajustes

A tenor del citado informe Proyecciones del gasto público en pensiones, el Ministerio que está a punto de dejar Escrivá estima que el momento de mayor gasto en pensiones se produciría a finales de la década de los 40, y en 2050, en la proyección del escenario base sin reformas, el gasto total en pensiones contributivas sería del 14,7% del PIB, y una vez sumado el gasto en clases pasivas y en pensiones no contributivas, alcanzaría el 15,8%.

Ahora bien, una vez incorporado el efecto de todas las medidas aprobadas desde 2020, ese gasto se reduciría hasta el 14,7% del PIB.

Para el Gobierno, la demografía será clave para sostener las pensiones, y así, subraya que ante los tensionamientos que se esperan en el sistema de pensiones en los próximos 20 o 30 años, el parámetro demográfico es clave para determinar si se va a disparar el gasto en pensiones o se va a quedar contenido. Desde el Ejecutivo se prevé un leve crecimiento de la población total, hasta un entorno de 52,4 millones de personas en 2050, pero con un fuerte cambio en su composición por edades. Se estima una tasa migración similar a la registrada en el pasado, de unas 300.000 personas, una tasa de fecundidad de 1,36 hijos y esperanzas de vida de 91,4 años para mujeres y de 87,1 años para hombres.

El Banco de España, muy crítico

Hace solo unos días, el Banco de España advirtió de que habrá que adoptar nuevas medidas para apuntalar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, además de reclamar una evaluación "transparente, continua y exhaustiva" de los efectos de estas reformas impulsadas, incluido su impacto en la equidad intergeneracional, en palabras de su gobernador, Pablo Hernández de Cos.

No es la primera vez que la autoridad monetaria critica los cálculos y previsiones del Gobierno, de hecho, en su último informe anual 2022, afirma que "será necesario" adoptar nuevas medidas para reforzar la sostenibilidad de las pensiones a partir de 2025 en el marco del llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Según argumenta, ello se debe a que, como resultado de las reformas de pensiones adoptadas desde 2021, el sistema "deberá afrontar mayores obligaciones de gasto en el largo plazo, que no son plenamente compensadas por los ingresos". A lo que hay que añadir la "incertidumbre" que pueden tener sobre el empleo, los salarios y la competitividad, las subidas de cotizaciones previstas en la reforma de pensiones. 

En el citado informe, el Banco de España recuerda que el MEI es un mecanismo de ajuste automático, que entrará en acción, a partir de marzo de 2025, en el caso de que el gasto en pensiones supere el 13,3% del PIB en el promedio 2022-2050, una vez descontado el incremento de los ingresos resultado de las reformas aprobadas desde 2020.

BBVA y el IVIE también recelan

De acuerdo con un reciente informe conjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (@Ivie_news) y Fundación BBVA (@FundacionBBVA), a la Seguridad Social le harían falta casi 6,4 millones de afiliados extra en 2050, para lograr un déficit contributivo cero y asegurar la sostenibilidad de las pensiones.

Ambos institutos de análisis subrayan que el dato más relevante de la salud del sistema de pensiones, es si tiene déficit o superávit contributivo, es decir, el saldo que se halla al comparar los ingresos por cotizaciones, sin incluir transferencias del Estado; y los gastos contributivos, cuyo principal gasto son las pensiones.

Alertan asimismo del enorme riesgo que supone la elevación de la tasa de dependencia demográfica, definida como el cociente entre las personas de más de 64 años y la población entre 16 y 64 años, que pasará del 31% en 2022 al 53,7% en 2050. A partir de aquí, utilizando datos históricos de la relación entre población en edad de trabajar, población activa, afiliados y déficit sobre PIB, el informe calcula que en 2050 serán necesarios 6,38 millones de afiliados extra para que la Seguridad Social no registre déficit contributivo y, por lo tanto, esté garantizada la sostenibilidad de las pensiones.

Fedea: el Gobierno infravalora los efectos de la reforma

Según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (@socialfedea), las proyecciones del Gobierno "infravaloran" los efectos de la reforma de pensiones sobre el déficit presupuestario y, en consecuencia, sobre el margen de gasto disponible para otras políticas. A juicio de este think tank, España va a soportar un crecimiento sustancial del gasto en pensiones neto de nuevos ingresos, que rondaría los 1,5 puntos del PIB en promedio entre 2022 y 2050, y excedería los 3,5 puntos en 2050.

Según explica en un estudio del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 (GTMC), coordinado por Ángel de la Fuente, las proyecciones del Ministerio "se apoyan en supuestos demográficos y macroeconómicos más favorables que los utilizados por otras instituciones, así como en estimaciones no suficientemente documentadas y en ocasiones poco creíbles de los efectos presupuestarios".

Para Fedea, "la condición que activa la cláusula de salvaguarda del MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) se cumple ya en la actualidad, lo que obligará a tomar medidas correctivas en la revisión prevista para dentro de dos años", previsiblemente, es decir, sugiere que España habrá de adoptar nuevas medidas de ajuste del gasto para sostener las pensiones públicas, o proceder a un incremento extra de cotizaciones desde 2025.

La OCDE pide ajustes en las pensiones

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reclama a España que realice ajustes en el sistema de pensiones, entre los que destaca el retraso de la edad legal de jubilación, para vincularla con la esperanza de vida de cada momento, "como ya recomendamos en 2021". Con esta medida, estima que nuestro país ahorraría en torno a 1.500 millones de euros al año (el 0,1% del PIB).

Tal como detalla en el Estudio económico de España, del mes de octubre, le parece fundamental reducir el elevado endeudamiento público español, puesto que vienen curvas, por el fuerte incremento que se va a producir de los gastos sanitarios y en pensiones, en las dos próximas décadas.

A la OCDE le preocupa, sobre todo, el caso de las pensiones, y en ese sentido avisa de que la subida del gasto en pensiones seguirá sin freno hasta al menos 2040, a consecuencia de la masiva jubilación de la generación del baby boom, y al impacto de la revalorización anual con el IPC, entre otros factores.

Desde 2040, la presión del gasto en pensiones ya iría descendiendo, aliviando las necesidades financieras. Más en detalle, la OCDE afirma que la fórmula de actualización actual (según el IPC medio anual, medido entre diciembre del año previo y noviembre del presente), va a provocar un incremento considerable del déficit del sistema de la Seguridad Social. Por este motivo, propone una disminución del importe de las pensiones.