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El PSOE busca ampliar hasta los 72 años la jubilación forzosa de los funcionarios
Foto: Europa Press
Jueves 20 de febrero de 2025
ACTUALIZADO : Jueves 20 de febrero de 2025 a las 12:23 H
5 minutos
También pide que los empleados públicos puedan trabajar a tiempo parcial y cobrar parte de pensión
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Los funcionarios volverán a tener acceso a jubilación parcial: Gobierno, UGT y CCOO sellan el pacto
La reforma de la jubilación parcial y activa entrará en vigor el 1 de abril de 2025
Los funcionarios podrán retrasar hasta los 72 años su jubilación forzosa, o dicho de otro modo, podrán trabajar de manera voluntaria hasta los 72 años, si sale adelante una propuesta presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados, para modificar la legislación vigente. En estos momentos, los empleados públicos pueden seguir trabajando, si lo desean, como máximo, hasta los 70 años. Al cumplir esa edad, están obligados a retirarse de manera forzosa. Por tanto, la iniciativa socialista prevé retrasar en 2 años la edad de jubilación obligatoria.
Otra de las medidas planteadas por el PSOE es que los funcionarios vuelvan a tener acceso a la fórmula de la jubilación parcial, es decir, que puedan acogerse al sistema de retiro parcial, que ya tienen los trabajadores del sector privado, con lo cual, les sería posible combinar un trabajo a tiempo parcial con el cobro de parte de su pensión, similar a lo que ya ocurre con los trabajadores por cuenta ajena.
La propuesta del PSOE forma parte de un conjunto de 37 enmiendas al proyecto de ley de función pública de la Administración General del Estado. Para llevar a cabo esta reforma, se plantea modificar el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), la Ley General de la Seguridad Social y la Ley de Clases Pasivas del Estado. El objetivo es facilitar la transición entre la vida laboral y la jubilación, siguiendo el ejemplo del reciente decreto que mejora la compatibilidad entre pensión y empleo.
Retiro parcial: el relevista, funcionario de carrera
Dentro de las modificaciones propuestas por los socialistas, se quiere introducir en la Administración la figura del relevista, que será un funcionario de carrera encargado de asumir las funciones del empleado que se acoge a la jubilación parcial.
Reincorporar esta figura al sector público permitirá, además, "garantizar la transferencia de conocimientos entre generaciones, entre los trabajadores más veteranos y las nuevas generaciones", destacó recientemente el ministro de la Función Pública, Óscar López, que en diciembre de 2024 firmó un pacto en este sentido con los sindicatos CCOO y UGT. "Con este acuerdo recuperamos un derecho suprimido con las medidas de ajuste y austeridad adoptadas por el anterior Gobierno en el año 2012, al tiempo que eliminamos una asimetría injustificada con los trabajadores del sector privado", recalcó el ministro.
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La singularidad de la jubilación parcial en el sector público es que la figura del relevista se regulará como personal funcionario de carrera, debiendo preverse, por tanto, las plazas correspondientes en las ofertas de empleo público o instrumentos de planificación equivalentes del año en que se vaya a producir la jubilación. Al ser puestos que están previstos, se garantiza que esta fórmula de jubilación no genera costes presupuestarios adicionales.
Hemos alcanzado un acuerdo con @CCOO y @UGT_Comunica para recuperar el derecho a la jubilación parcial de los empleados públicos.
— Ministerio Transformación Digital Función Pública (@mintradigital) December 18, 2024
Esta medida se ajustará al acordado recientemente para el sector privado en el diálogo social.
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Mejoras en el permiso parental
Otra enmienda significativa del PSOE es la relativa al permiso parental. Se busca que este permiso, destinado al cuidado de hijos o menores acogidos hasta los ocho años, sea remunerado durante dos semanas, en cumplimiento con la Directiva europea sobre conciliación. También se propone la acumulación del permiso por nacimiento o adopción para familias monoparentales.
El PSOE también ha registrado medidas para fomentar la inclusión de personas con discapacidad en los procesos selectivos, asegurando igualdad de condiciones para todos los aspirantes. Además, se sugiere que la Administración pueda establecer entornos controlados de pruebas para evaluar el impacto de las medidas y la gestión de los Recursos Humanos.
El portavoz socialista de Función Pública, José Luis Aceves, ha destacado la importancia de estas reformas y ha expresado su disposición a colaborar con otros grupos parlamentarios para facilitar la aprobación del proyecto. "Trabajaremos con intensidad para conseguir un gran acuerdo que posibilite la aprobación de este esperado Proyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado", afirmó Aceves.