Qué pasará con las pensiones en septiembre: del polémico periodo de cómputo al destope

Contar toda la vida laboral rebajaría la cuantía de la pensión, aunque beneficiaría al sistema

Los asuntos pendientes de Escrivá hasta finales de 2022

La próxima 'reforma Escrivá': destope y ¿eliminar los peores años del cálculo de la pensión?

La segunda pata de la reforma de las pensiones, comprometida para 2022, avanza a pesar de algunos baches en el camino. Así, tras haber logrado consensuar con una parte de los agentes sociales los nuevos planes de pensiones de empleo de garantía pública y acordar con todos ellos el próximo régimen de cotización de los autónomos por sus rendimientos netos, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, pondrá sobre la mesa a partir de septiembre otras dos grandes y previsiblemente polémicas medidas: el destope de base de cotización y pensión máxima y, sobre todo, la modificación del sistema de cálculo de las pensiones.

Los dos son asuntos espinosos, por su impacto en la cuantía de las pensiones futuras y por el previsible choque entre las posiciones del Gobierno, los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y Cepyme. Según el ministerio, el destope de la pensión máxima afecta a un 15% de los cotizantes de la Seguridad Social, y la forma de abordar el cómputo para el cálculo de las pensiones se hará "teniendo en cuenta que los últimos años de cotización no son necesariamente los mejores". El propio ministro explica que "hay que ver cómo conjugamos período, lagunas y también posibilidades de excluir los peores años; ahí tenemos que negociar con los agentes sociales".

Sin embargo, de entrada, los movimientos y asociaciones de pensionistas, así como los sindicatos, temen que el Gobierno pretenda ampliar el periodo de cómputo, por ejemplo, desde los 25 actuales hasta 35, una posibilidad que en algunos momentos se ha apuntado (sin confirmar), y que para una mayoría de nuevos jubilados significaría una rebaja de pensiones.

Cómputo: ¿hasta 35 años? ¿quitar los peores años?

Una de las negociaciones que más ampollas levantará será la del sistema de cómputo de los años que se utilizan para hallar el importe de la pensión. Esta reforma, anunciada por el Ministerio de Seguridad Social como "adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación", suscita de entrada numerosos recelos, y tanto el sindicato UGT como CCOO anunciaron hace meses que se opondrán, si significa extender el cómputo más allá de los 25 años sin contrapartidas.

Sobre el papel, el objetivo del Gobierno es negociar posibles modificaciones en el sistema de cómputo, según ratificó el propio Escrivá a finales de julio y ya había confirmado en una entrevista durante la jornada inaugural del V Encuentro Economía Senior. La medida aparece reflejada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y figura asimismo en el documento Operational Agreements firmado por España con la Comisión Europea.

"Hay que repensar el sistema de cómputo de la pensión para tener en cuenta las nuevas realidades laborales, por ejemplo, de aquellas personas cuyos últimos años no son precisamente los mejores en cuanto a ingresos. A lo mejor, para esas personas, conviene extender el periodo de cálculo de la base reguladora, o trabajar en las lagunas de cotización que pueden tener en esos años, o permitir que la persona excluya del cómputo los peores años. Hay distintas soluciones que llevaremos en los próximos meses a la discusión con los agentes sociales", detalló Escrivá durante su entrevista en el Encuentro de Economía Sénior.

Siempre según el ministro, el propósito de esta reforma es "reforzar la contributividad del sistema de pensiones y hacerlo más equitativo en un contexto de mayor heterogeneidad de carreras en el mercado laboral actual".

Pero, aunque el Gobierno no pronuncia la palabra "extender" o "ampliar" junto a cálculo de la pensión, los partidos políticos, asociaciones y medios de comunicación dan por hecho que el Ejecutivo va a proponer algún tipo de aumento de los años que se tienen en cuenta para el importe de la pensión.

Contar 35 años bajaría la pensión futura

La polémica por una posible extensión del periodo de cómputo es recurrente. Levantó ampollas a finales de 2020, cuando el ministro Escrivá encaraba la negociación de la reforma con los agentes sociales, y volvió a causar una gran polémica en noviembre de 2021, al conocerse que el Gobierno español y la Comisión Europea habían firmado el memorando por el que se regirá la supervisión de las ayudas a España, y una de las medidas comprometidas con la Comisión Europea es que nuestro país alargue el periodo de cálculo. Así lo revelaba el documento Operational Agreement. El Ministerio de Seguridad Social matizó entonces a 65YMÁS que no se trataba de una exigencia, sino de la aceptación de un compromiso que ya estaba incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

¿Que supondría pasar de 25 a 35 años? Para los futuros pensionistas, la paga inicial disminuiría alrededor de un 8,6%, según el estudio realizado por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson, en colaboración con las universidades de Valencia y Extremadura. Los expertos han investigado cómo esta medida afectaría en mayor o menor medida a determinados grupos de trabajadores según sus diferentes características. La variable más relevante es, según el análisis, la duración de la carrera laboral, ya que las personas con carreras cortas verían disminuir su pensión un 15% frente a aquellas con carreras largas (equivalente a más de 43 años y 8 meses cotizados), que sufrirían la mitad de reducción (7,5%).

De 2 años a 25 años: así saltó el periodo computable

Las sucesivas reformas del sistema de pensiones han ido extendiendo el número de años cotizados para calcular la base reguladora. Las ampliaciones se han realizado de forma gradual:

-De 2 a 8 años en 1985.

-De 8 a 15 años en 1997.

-De 15 a 25 años en 2011.

-Hasta 2011: 15 años. 

-La reforma de 2011: se aprueba subir a 25 años de forma gradual, pasando de 15 a 25 años, a razón de un año desde 2013. 

-A partir de 2013: se pasó desde los 16 años que se contaban en 2013, a los 25 legales en 2022.

Reforma para septiembre: cómo hacer el destope

También confirmado por el ministro, los agentes sociales tendrán sobre la mesa desde septiembre las propuestas de Escrivá para aumentar las bases máximas de cotización e incrementar asimismo las pensiones máximas, manteniendo la contributividad del sistema. Con ello, la legislación española se armonizaría a lo que es la práctica que existe en otros países europeos.

Nuestro país tiene una cotización máxima de poco más de 48.000 euros; en Francia están alrededor de los 80.000, a ese nivel están Alemania, Italia… En cuanto a la pensión máxima, en 2022 está situada en 39.468,52 euros al año, lo que se traduce en 2.819,18 euros mensuales.

Esta medida es otra de las prometidas a Bruselas, según figura en el Plan de Recuperación y Resiliencia, en estos términos: "la adaptación del sistema requiere de una adecuación gradual las bases de cotización máxima que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no afectar a la naturaleza contributiva del sistema"

No es de prever un enconamiento de los agentes sociales respecto a esta medida, al menos, los sindicatos UGT y CCOO están en principio de acuerdo, al considerar que mediante el destope de la paga máxima, la Seguridad Social recaudará más, por lo que se trataría de una medida, sobre el papel, de carácter positivo.

Efecto del destope sobre coste laboral y salario neto

Sobre este asunto, Enrique Devesa, doctor en Economía e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, aseguraba hace unos meses que el destope de la base máxima "debería ir acompañada de un destope de la pensión máxima o una subida importante de ella", y advertía de que, en todo caso, "el destope o posible doble destope no debería de efectuarse de una manera inmediata o, al menos, debería hacerse con cautela, ya que para algunas empresas puede suponer un aumento importante del coste laboral y, al mismo tiempo, conllevar una disminución del salario neto de los afiliados por la parte de cotización a la Seguridad Social que les corresponde".

En el tintero: jubilación activa y Agencia Estatal

Aunque durante su entrevista con motivo del V Encuentro de Economía Senior, Escrivá avanzó que "es momento de introducir incentivos en el ámbito de la jubilación activa y la parcial" (modalidades de jubilación que permiten trabajar y cobrar parte de la pensión), parece que esta reforma corre el peligro de quedarse para más adelante, posiblemente 2023, debido a la falta de tiempo para introducir y aprobar esta negociación antes de finales de año. 

La fórmula de la jubilación activa ya existe, pero es escasamente utilizada por los trabajadores por cuenta ajena, debido a la falta de incentivos y a que precisa el acuerdo con la empresa para mantener al empleado más allá de la edad ordinaria de retiro. La utilizan sobre todo los autónomos, que además tienen el aliciente de que pueden cobrar el 100% de la pensión si contratan al menos a un empleado.

Escrivá también tiene pendiente la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, para modernizar y hacer más eficiente la administración, una iniciativa comprometida para 2019 por el entonces secretario de Estado, Octavio Granado, que se quedó en nada. De hecho, era una reforma que “en 2011 nos planteamos como virtud y hoy es una necesidad” al contar con un 23% menos de empleados, explicaba Granado.

La Ley de reforma de las pensiones, en vigor desde el 1 de enero de 2022, compromete al Gobierno a crear la Agencia Estatal de la Seguridad Social, y el  propio ministerio incluye esta iniciativa como uno de los deberes para la segunda mitad de año.

En la actualidad, la Seguridad Social es administrada por varias entidades gestoras: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que gestiona las prestaciones  de jubilación, incapacidad, viudedad, etc., además de reconocer el derecho a la asistencia sanitaria; el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), sucesor del antiguo Instituto Nacional de la Salud (INSALUD); el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), que gestiona las pensiones de invalidez y de jubilación de la modalidad no contributivas; el Instituto Social de la Marina (ISM) en aquellos ámbitos relativos a la gestión del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

Además, existen servicios comunes, como la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), encargada de realizar la inscripción de las empresas; afiliación, altas y bajas de los trabajadores; control de la cotización y de la recaudación de las cuotas, etc.; la Gerencia Informática o el Servicio Jurídico de la Seguridad Social, entre otros.