Qué pasará con las pensiones en septiembre: de la edad de jubilación al fantasma de los recortes

El Tribunal de Cuentas alerta de que no se podrán pagar las pensiones si no hay una reforma urgente

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La grave crisis provocada por el COVID-19, que amenaza con duplicar el déficit estructural de la Seguridad Social hasta situarlo en cerca de 40.000 millones de euros en 2020, está obligando al Gobierno y a los partidos políticos a acelerar la reforma del sistema de pensiones. Tras el duro informe del Tribunal de Cuentas, que alerta de que no se podrán pagar las pensiones si no se realiza una reforma urgente, el Pacto de Toledo se ve aún más presionado para llegar a un acuerdo a partir de septiembre, cuando se reanudarán sus reuniones y comparecerán en el Congreso el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Sobre la mesa, algunos asuntos espinosos, como las medidas para atajar el creciente déficit del sistema, la mayor penalización de la jubilación anticipada (supone el 16% sobre el total), el alargamiento del periodo de cómputo para hallar la base reguladora, el posible adelanto del aumento de la edad de jubilación (con la ley actual, el retiro a los 67 se implantará en 2027) o la eliminación de las deducciones a los planes de pensiones.

En otros temas, según los expertos, el consenso se da por hecho, como la revalorización de acuerdo al IPC o la reordenación de gastos para sacar de la caja única los denominados gastos impropios y la separación de fuentes de financiación. El pago de las nóminas está garantizado a través de alguna fórmula de préstamos o transferencias del Estado. Ahora bien, aunque la subida de las pensiones conforme al IPC real es un punto en el que todos los partidos están de acuerdo, el quid es cómo hacerla compatible con los imprescindibles ajustes para embridar el déficit de la Seguridad Social y reforzar su sostenibilidad a largo plazo. Una de las medidas que los expertos ven inevitable es aumentar la edad de jubilación, de forma que los 67 años legales se alcancen mucho antes de 2027. 

Asegurar el IPC y el poder adquisitivo

José Ignacio Conde-Ruiz (@conderuiz), subdirector de FEDEA y visiting professor de ESADE, insiste en que es necesario reformar el sistema de pensiones, y está convencido de que "el Pacto de Toledo avanzará, pero tiene sus tiempos pues requiere buscar consensos. En septiembre no va a pasar nada especial en cuanto al pago de las pensiones. El reto que el sistema tiene por delante es encontrar el consenso para implementar las medidas necesarias para hacer compatible que las pensiones no pierdan poder adquisitivo y al mismo tiempo sean sostenibles", afirma. En su opinión, todo ello exige "lograr un gran pacto nacional por las pensiones entre las principales fuerzas políticas".

Para José Antonio Herce (@_Herce), economista experto en pensiones y socio fundador de LoRIS (Longevity & Retirement Income Solutions), es seguro que se penalizará aún más la jubilación anticipada para tratar de acercar la edad efectiva a la legal. "Encarecer algo más el precio a pagar por anticipar la jubilación es justo desde el punto de vista actuarial, así como extender el periodo de computo para calcular la base reguladora más allá de los 25 años. Eso sí, espero que no veamos intentos de subir la pensión mínima, porque ya nos está resultando difícil pagar".

Respecto a ligar las pensiones al IPC, Herce resalta una posibilidad curiosa. "Si la inflación es negativa en 2020, como todo indica que puede serlo, podíamos incluso acabar eligiendo entre actualizarlas según el IPC o el IRP (0,25% de subida)". Además, según este experto, "todo apunta a que el ministro Escrivá seguramente se saldrá con la suya de eliminar la deducción de las aportaciones a planes de pensiones".

¿Qué hacer con los gastos no contributivos?

Según Mariano Jiménez (@MjimenezLash), presidente de la Organización de Consultores de Pensiones (OCOPEN @OCOPEN_), "parece que ha llegado la hora de solucionar la asunción por parte de la Seguridad Social de los gastos no contributivos. Esta será probablemente una de las medidas sobre las que haya un claro consenso en el Pacto de Toledo, que parece que va a retornar con fuerza en septiembre". A Jiménez le preocupa, sin embargo, que el Pacto quede limitado a acuerdos en este terreno, porque "serían soluciones cortoplacistas. También puede llegarse a un acuerdo en el tema de la revalorización, que parece que es el único asunto relevante en materia de pensiones, cuando existen muchos otros aún más cruciales de cara a la viabilidad del sistema".

Sobre el traído y llevado reajuste de gastos impropios de la Seguridad Social, que el ministro Escrivá pretende zanjar a partir de septiembre, el economista Javier Santacruz (@santacruz_s_a) resalta que los gastos no contributivos deberían ser sufragados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, "y así el ciudadano sería consciente del coste de las políticas sociales de incrementos a mínimos, rentas básicas, etc, todos aquellos instrumentos donde los gobiernos de turno utilizan la caja de la Seguridad Social como una caja financiera, sin reparar en que de la salud de esas cuentas depende el futuro de las pensiones a largo plazo". 

Europa sí impondrá condiciones

"El problema para las pensiones vendrá cuando se repartan los 100.000 millones de euros del SURE y a España le asignen mucho menos de lo que pide, cuando presente a Bruselas el presupuesto para 2021, con más gasto y sin vías de financiación y cuando llegue octubre y haya que pedir dinero a la UE porque la recaudación fiscal en España está hundida y puede no haber liquidez para pagar sueldos, pensiones, paro, ERTE, ingreso mínimo vital y demás gasto. Ahí es cuando vendrá el problema", advierte Emilio J. González, profesor de Economía de Comillas-Icade. Si el Gobierno presenta un programa de recortes en otros gastos, sobre todo políticos, y un programa creíble para desarrollar la economía digital y realizar la transición energética, "las pensiones apenas se verían afectadas. Pero sin ese programa que ofrezca a los países frugales una visión alternativa de un ajuste viable, estos pueden imponer recortes más profundos", considera González.

En la misma línea se pronuncia Pau Monserrat (@pmonserrat), profesor asociado de la UIB (@UIBuniversitat). "Europa nos va a dejar 140.000 millones, se diga lo que se diga, y cobrar ese dinero tiene como condición, digamos encubierta, el realizar una serie de reformas; y una de las más importantes es la reforma del sistema de jubilación. Porque Europa sabe que nuestro sistema no está equilibrado", expone este economista, para quien la situación de las cuentas de la Seguridad Social es tan grave y tan difícil de esconder, que "incluso el Tribunal de Cuentas, que no es precisamente un organismo muy dado a criticar lo que fiscaliza, ha puesto el dedo acusador en la viabilidad del sistema".

A juicio de Monserrat, la sostenibilidad de las pensiones está comprometida porque el sistema público tiene de forma constante, año tras año, muchos más gastos de lo que ingresa, lo que exige acometer reformas, que significarán que "las nuevas pensiones se van a reducir y se van a cobrar más tarde, y eso implica un gran debate social".

Escrivá: la Seguridad Social es solvente y sostenible 

En medio de las críticas y advertencias, como la más reciente emitida por el Tribunal de Cuentas, el ministro José Luis Escrivá asegura sin embargo que la Seguridad Social es una institución "absolutamente solvente y sostenible", y afirma que las pensiones en España "pueden mantener su poder adquisitivo indefinidamente sin ningún problema". Urge, eso sí, a los partidos políticos a acordar sus recomendaciones para que el Pacto de Toledo las apruebe en septiembre, o en todo caso, este mismo año.

Julián Gutiérrez, secretario general de Pensionistas de CCOO (@pensCCOO), insiste asimismo en que la Seguridad Social es perfectamente viable. "Nosotros desde CCOO trabajaremos para que en los próximos Presupuestos del Estado, que son muy necesarios para afrontar los retos que necesitamos, se tenga en cuenta a los pensionistas y jubilados, más aún considerando la importancia que estas rentas despliegan sobre el conjunto de la economía, consolidándose como un elemento fundamental a la hora de sostener una parte cada vez más relevante de la demanda interna, y por tanto, en un sostén de primer orden del consumo y el empleo asociado al mismo".

Las pensiones son un estabilizador de la economía, al limitar los efectos negativos de los ciclos que de forma periódica afectan a la actividad productiva, recuerda Gutiérrez.