Quejas por la jubilación anticipada, las pensiones y la falta de citas en Seguridad Social y SEPE

El Defensor del Pueblo reclama una administración "más ágil y eficaz" para atender a los ciudadanos

 

En su Informe Anual del Defensor del Pueblo (@DefensorPuebloE), correspondiente a 2024, las principales quejas recibidas en materia de pensiones y jubilación afectan tanto a las pensiones contributivas de la Seguridad Social, como a las no contributivas, a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada, así como al ingreso mínimo vital o a las prestaciones por desempleo y la gestión de citas previas para realizar trámites en las Administraciones Públicas.

La institución, presidida por Ángel Gabilondo, ha recibido un "significativo volumen de quejas en 2024 por discrepancia de los interesados con varios aspectos de sus pensiones de jubilación contributivas", entre los que cita el importe, la inclusión de bases de cotización, las revalorizaciones anuales, la obtención de notas informativas de jubilación, la resolución de reclamaciones previas o las ejecuciones de sentencias".

En su informe, presentado este martes, menciona asimismo que también ha sido motivo de quejas al Defensor del Pueblo la revisión de los coeficientes reductores en jubilaciones anticipadas.

Numerosas reclamaciones de los ciudadanos se referían asimismo a la dificultad de obtener citas para la gestión de las prestaciones de la Seguridad Social, a lo que la Secretaría de Estado ha contestado que han puesto en marcha estas medidas: "la contratación de interinos; la creación de unidades provinciales telemáticas para que los funcionarios se dediquen exclusivamente a la atención; la prioridad en la atención a personas mayores de 65 años y a ciudadanos que puedan perder derechos económicos sin cita previa", entre otras. 

El Defensor del Pueblo detalla que, tras la actuación iniciada con esa Administración, sobre los posibles costes adicionales de los teléfonos de prefijo 901, "la web de la Seguridad Social ahora incluye información detallada sobre el coste de todos los teléfonos de atención al ciudadano, destacando los que son gratuitos y la línea sin coste para el ingreso mínimo vital".

Problemas con las pensiones no contributivas 

Un año más, los principales motivos de queja en materia de pensiones no contributivas (PNC) de invalidez y jubilación fueron las demoras en su tramitación, pero también en numerosos casos se debían a las reclamaciones a los beneficiarios de lo percibido indebidamente, una vez se efectúan las revisiones de ingresos u otros requisitos.

Estas reclamaciones pueden estar motivadas por errores de la administración o por la lentitud en la tramitación de los procedimientos de reintegro, agravando la situación de vulnerabilidad de los afectados, explica la institución.

Limitar la devolución de prestaciones en personas vulnerables

Precisamente, en su informe, la institución reclama un periodo máximo para iniciar el procedimiento de reintegro de prestaciones indebidas; pasado ese tiempo, la deuda que se generase no habría de ser objeto de devolución. Al mismo tiempo, pide suspender el abono de la prestación si fuera necesario, para evitar la eventual desproporción de las cantidades a devolver.

El Defensor insiste en hallar mecanismos para minimizar los efectos de los reintegros de prestaciones indebidas para las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad social y económica. Por ello, subraya la necesidad de revisar cuanto antes el marco básico que regula el reintegro de prestaciones de la Seguridad Social, tomando en cuenta sus recomendaciones y de impulsar a su vez cambios en la regulación de los procedimientos de las administraciones estatal y autonómicas.

En su informe de respuesta, la Seguridad Social refiere que las deudas en materia de pensiones y prestaciones contributivas de los años 2021 a 2022 se han amortizado en un 70%, menos del 25% están activas, y de los 86 procedimientos de reintegro activos, que son 69.793, el 95% se efectúa a través del procedimiento especial de descuento y 3.607 deudas se encuentran en fase ejecutiva.

Rebaja de la edad de jubilación en nuevas patologías

Con relación a los diferentes supuestos de rebaja de la edad de jubilación, el Defensor del Pueblo solicitó información sobre el cumplimiento de la disposición final cuarta del Real Decreto 370/2023, de 16 de mayo, según la cual antes del 1 de diciembre del 2023 debería haberse aprobado el procedimiento de inclusión de nuevas patologías generadoras de discapacidad, así como su posible actualización periódica, con la posibilidad de establecer un procedimiento abreviado para facilitar la extensión del listado de patologías a las enfermedades raras, a medida que fueran surgiendo.

La Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones respondió haberse iniciado la tramitación del proyecto de la orden por la que se regulara el procedimiento de inclusión de nuevas patologías generadoras de discapacidad en grado igual o superior al 45%.

Retrasos en la indemnización de 1.800 € a padres

Otras quejas ponían de manifiesto los importantes retrasos en el reconocimiento y abono de la indemnización de 1.800 euros fijada por el Tribunal Supremo por los perjuicios ocasionados a los padres a los que se denegó el complemento por aportación demográfica del anterior artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social, que inicialmente solo se reconocía a las mujeres, y que se vieron obligados a acudir a la vía judicial.

"Al finalizar el año, esta institución tuvo conocimiento de que la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones había articulado una delegación de competencias para el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial derivada de la actuación de las entidades gestoras, que permitirá la tramitación y abono de la referida indemnización a los beneficiarios afectados", especifica el informe del Defensor.

Ingreso mínimo vital: sube el número de quejas

El número de quejas relativas a incidencias o retrasos en la tramitación del ingreso mínimo vital (IMV) fue en 2024 algo superior, incluso, a la cifra del año anterior.

Buena parte de esas quejas está relacionada con los problemas que genera el sistema de actualización anual de la prestación previsto en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.

De entre varios aspectos, el referido a la tardanza en producirse la actualización de la cuantía de prestación, con los datos facilitados por las administraciones de Hacienda, es el que llega a suponer una mayor carga para los beneficiarios de esta prestación, cuando se ha acumulado durante muchos meses el cobro parcial o total de la prestación reconocida.

"En el informe correspondiente a 2023 se apuntaban diferentes alternativas para paliar este problema. Además, el retraso en la resolución de los expedientes de ingreso mínimo vital, tanto de nuevas solicitudes como, especialmente, de las reclamaciones previas interpuestas, así como la falta de motivación de las resoluciones dictadas, siguió siendo objeto de numerosas quejas", reconoce el Defensor del Pueblo.

Muy difícil obtener cita previa en el SEPE

La dificultad para obtener cita previa en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para realizar los trámites relacionados con prestaciones de paro es otro asunto que llena la bandeja de quejas del Defensor del Pueblo.

En relación con el SEPE, se denuncian también posibles discriminaciones en la cuantía de la prestación por desempleo de madres divorciadas con hijos a cargo, cuando la pensión de alimentos supera los ingresos propios de los hijos.

Asimismo, son numerosas las quejas relacionadas con la imputación temporal de prestaciones por desempleo a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Cuotas de autónomos 

El pasado año, el Defensor del Pueblo formuló una Recomendación para que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) contemplara la posibilidad de prever excepciones a la obligación de pago de las cotizaciones por los trabajadores autónomos, mediante el sistema de domiciliación bancaria, en previsión de que el impago se pueda producir por una incidencia bancaria, habilitando así alternativas para el ingreso de cuotas aún en período voluntario.

La Tesorería trasladó que, desde los servicios centrales, se iba a dirigir comunicación a todas las direcciones provinciales, recordando la posibilidad que existe de la emisión manual de documentos de pago en casos excepcionales como el descrito.

Pasarela al RETA, otra reclamación al Defensor

También cabe mencionar la solicitud de un colectivo de abogados y procuradores de todo el territorio nacional, que solicitaban pasar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) por el reducido importe de las pensiones de jubilación que les otorgan las respectivas mutualidades profesionales.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones indicó que estaba estudiando dicha posibilidad.

Agilizar la cotización de exbecarios, incluso jubilados

El informe de la institución correspondiente a 2024 registra demoras en la resolución de expedientes para la suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social por períodos de prácticas formativas y académicas externas.

Varios ciudadanos manifestaron su disconformidad con el contenido de la Orden ISM 812/2024, de 26 de julio, que regula la suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social, a efectos del cómputo de la cotización, por los períodos de prácticas formativas y de prácticas académicas externas. En concreto, plantearon que se admitan los certificados emitidos en su momento por la universidad o el centro educativo, que el personal ya jubilado pueda suscribir el convenio especial, y que el tiempo recuperado a través del pago de cuotas cuente a efectos de antigüedad, trienios, etcétera.

También propusieron reducir el importe mensual de 250 euros mensuales de cuota que deben abonar.