La 'reforma Escrivá' es insuficiente para pagar las pensiones del 'baby boom', alertan los expertos

BOE 17/03/2023: Reforma de las pensiones

Reforma de las pensiones: así es la subida de cotizaciones que rechazan empresas y expertos

La 'reforma Escrivá' beneficia a las mujeres y a las pensiones mínimas, incluso las no contributivas

Escrivá pacta que los pensionistas elijan entre contar 25 o 29 años, quitando los dos peores

La segunda pata de la reforma de las pensiones, recién aprobada por el Consejo de Ministros, con el apoyo de los sindicatos UGT y CCOO y la oposición frontal de la patronal CEOE-Cepyme, se centra en el aumento de los ingresos, mediante el incremento de las cotizaciones sociales, a través de tres medidas clave:

- La nueva "cuota de solidaridad", que pagarán los trabajadores de sueldos elevados y las empresas sobre la parte del salario que actualmente no cotiza, por superar el tope máximo fijado cada año. La cuota extra será del 1%, desde el año 2025, e irá aumentando a un ritmo anual de 0,25 puntos, hasta llegar al 6% en 2045. No se pagará por igual, ya que el 5% correrá a cargo de la empresa y el 1% a cargo del trabajador.

- Duplicación de cuotas asociadas al MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional), es decir, trabajadores y empresas pasarán de pagar el actual 0,6%, al 1,2% en 2029, a un ritmo de una décima por año, haciéndose finalmente cargo la empresa del 1% y el trabajador, del 0,2%. A partir del año 2030 y hasta 2050 se mantendrá este mismo porcentaje del 1,2%, con igual distribución entre empresario y trabajador.

- Destope de las bases máximas de cotización, que subirán entre 2024 y 2050 el IPC anual, más una cuantía extra fija de 1,2 puntos porcentuales. Esto implicará un aumento acumulado de las bases máximas del 38% hasta 2050. En paralelo, se destopará también la pensión máxima, pero en mucha menor proporción.

El objetivo de estas tres medidas de incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social es, según el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones a futuro, y especialmente de aquí a 2050, cuando se espera una fuerte tensión de aumento del gasto, debido a la jubilación masiva de la generación del baby-boom. Sin embargo, pese a esta mayor sangría, que recae sobre todo en las empresas y en los salarios elevados, la mayoría de expertos alerta de que los ingresos recaudados por esta vía no bastarán para sostener el gasto de pensiones de los baby-boomers, y reclaman otras medidas, de recorte del gasto, que ahora mismo son  "inexistentes".

La jubilación del baby-boom "se pagará con transferencias"

Según Robert Meneu, director del Departamento de Matemáticas para la economía y la empresa, en la Universidad de Valencia (@UV_EG), si el número de afiliados y sus salarios no se vieran afectados por el aumento del coste laboral, el "aumento de ingresos por cotizaciones sería del 0,7% del PIB, desglosados en MEI (0,4%), destope base máxima (0,2%) y cuota de solidaridad (0,1%). Todo ello, con la reforma totalmente implantada. Este efecto sería a nuestro juicio un valor máximo. En cualquier caso, aunque suban los ingresos, no asegurará la sostenibilidad del sistema".

Meneu cree que las cotizaciones sociales no van a ser suficientes para pagar las pensiones y otras prestaciones contributivas. "En 2022, las cotizaciones sociales fueron un 10,6% del PIB y los gastos contributivos un 12,6% (déficit contributivo del 2%). Aunque las cotizaciones aumenten 0,7 puntos de PIB y los gastos se mantuvieran constantes, seguirían siendo insuficientes". Ahora bien, resalta que "la reforma de Escrivá (la de la Ley 21/2021), siguiendo la primera recomendación del Pacto de Toledo, incluye como fuente de financiación de los gastos contributivos una transferencia del Estado para financiar gastos impropios. Con esta transferencia, de 19.000 millones, el déficit de la Seguridad Social baja al 0,5% del PIB y, entonces, los 0,7 puntos de mayor recaudación sí que serían suficientes".

A Robert Meneu no le cabe duda de que las pensiones del baby boom se van a pagar, pero no solo con estas cotizaciones adicionales, sino con transferencias del Estado adicionales que iremos viendo cómo aumentan en los próximos años, más en periodos de bajo crecimiento y menos en periodos de alto crecimiento. A medida que hagan falta estas transferencias, los gastos impropios se irán flexibilizando para incluir más conceptos, de manera que siempre puede haber justificación para aumentar la transferencia del Estado a costa de mayor presión fiscal o endeudamiento".

José Ignacio Conde-Ruiz (@conderuiz), catedrático de Economía y presidente del Foro de Expertos del Instituto Santalucía, critica que haya quien crea que la subida de cotizaciones que conlleva la reforma Escrivá vaya a garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social, cuando "recaudará un máximo de 15.000 millones de euros, y tan solo la última revalorización de las pensiones ya aumentó el gasto en 16.000 millones". A todas luces, le parecen "medidas insuficientes, sin calado, que no garantizan la sostenibilidad".

Conde-Ruiz lamenta asimismo que la reforma contenga "medidas que dañan la justicia intergeneracional, ya que el Gobierno ha renunciado a tomar decisiones drásticas para adaptar el sistema de pensiones a la nueva longevidad. Y como no se quiere adaptar el sistema, esto va a provocar que el incremento de gastos que se avecina se comerá todo el margen fiscal de los Presupuestos Generales del Estado cada año, y que dinero que debería usarse para políticas que beneficien a los jóvenes, o políticas de vivienda, educación, lucha contra el cambio climático, tecnología... pues deba utilizarse en pagar las pensiones".

Previsible "daño al empleo y la inversión"

Para el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech (@rdomenechv), "la reforma lo que hace es descansar todo el ajuste del sistema de pensiones a largo plazo en un aumento de las cotizaciones sociales. Supone aumentar los impuestos sobre el trabajo, y esto tiene efectos negativos sobre el empleo y la inversión de las empresas". Durante la presentación del nuevo informe Situación España, ha explicado que, según las estimaciones de los expertos, por cada punto porcentual de PIB de aumento de cotizaciones sociales, se reduce el Producto Interior Bruto y el empleo respectivamente en un punto porcentual. 

Para Doménech, es evidente que esta reforma "no garantiza la sostenibilidad del sistema a largo plazo", y alerta sobre sus efectos sobre la economía, el empleo y la inversión. "Analizando todas las medidas que se han venido proponiendo para reformar el sistema de pensiones desde 2021, estimamos que suponen un aumento del gasto superior a 3,5 puntos del PIB. Por el lado contrario, se ha planteado un aumento insuficiente de los ingresos, en una horquilla entre los 0,8 y 1,7 puntos del PIB".

Según el economista Miguel Ángel Bernal, esta reforma "lo único que busca es pasar el expediente en Bruselas, por la urgencia de recibir los 10.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation. No garantiza la sostenibilidad y la suficiencia de la financiación de la Seguridad Social. Las pensiones de los nuevos jubilados se incrementan, rápidamente, por encima de la llegada de nuevas cotizaciones. Además, carga la sostenibilidad en una mayor recaudación a corto plazo, que pasará su factura en su medio y largo plazo".

Bernal considera que es preciso "atajar el gasto desproporcionado de las pensiones en España, las cuales están vinculadas a los salarios y el mercado laboral", y resalta el problema que supone el hecho de que "España lleva dos décadas sin crecer en productividad, y los salarios son muy bajos en comparación con otros países, por ejemplo, Italia. Pero, mientras aquí la tasa de sustitución de las pensiones está entre un 70%-80%, en el país centroeuropeo es del 40%-45%".

Riesgo para los pensionistas futuros

Además del importante aumento de cotizaciones, otra de las medidas estrella de la reforma de pensiones es la posibilidad de elegir entre 25 o 29 años cotizados (descartando los dos peores), para hallar la cuantía de las pensiones futuras. Algo que a Enrique Devesa (@DevesaCarpio), profesor titular de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, le parece que "va a aumentar el gasto del sistema y, por lo tanto, será negativa para su sostenibilidad, si bien la cuantía total va a ser poco importante. Tampoco mejora la equidad contributiva, al permitir descartar dos años de contribuciones a la Seguridad Social. Ningún futuro jubilado sale perjudicado, porque en el peor de los casos se quedará igual que con la normativa actual". 

En parecido sentido crítico, Gregorio Gil de Rozas (@GoyoGilderozas), miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Actuarios Españoles, advertía recientemente de que, con la reforma, el coste va a aumentar y la sostenibilidad del sistema va a empeorar". A su parecer, las medidas se enfocan en "incrementar las pensiones de hoy", pero esto "pone en riesgo la estabilidad para los pensionistas del mañana".

Según Gil de Rozas, el "nivel de generosidad" de las pensiones, en lo que se refiere a prestaciones, han ido mejorando en los últimos años, sin que nadie informe a la sociedad de cuánto va a costar. Y alerta de que el sistema tiene el reto de enfrentarse en los próximos años a la "gran jubilación de los baby boom" y el coste "va a crecer". "Como sociedad, no tenemos datos sobre costes y cómo se van a pagar".

"Vamos muy tarde" para afrontar el coste extra

A José Antonio Herce (@_Herce), doctor en Economía, patrono de la Fundación AGE y socio fundador de LoRIS Retirement, le parece del todo insuficiente el modo en que España aborda el coste extra de la jubilación de esta generación, y además, alerta de que vamos muy tarde. "Ahora se nos dice que queremos afrontar el coste extra con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, reforzado por las medidas recién conocidas. El nuevo MEI no recaudará ni 6 millardos al año. Y, además, interviene a-buenas-horas-mangas-verdes. En Suecia tuvieron su baby boom entre 1944 y 1964, más de una década antes que en España. Pues bien, a mediados de los sesenta del siglo pasado, los actuarios suecos se dieron cuenta de que eso iba a suponer un enorme coste extra para la Seguridad Social. ¡A mediados de los sesenta!".

Herce detalla que, a diferencia del retraso de España, en Suecia, por ejemplo, ya a mediados de los años sesenta del siglo pasado, empezaron a dotar un fondo público de capitalización con una pequeña cotización extra que no iba al reparto. "Y además planificaron las escuelas y todo lo demás que acompañaría al tránsito de las cohortes del baby boom. El resultado es que, alrededor de 2010, cuando empezaron a jubilarse los primeros baby boomers suecos, ya tenían plenamente dotado el pago de su extra coste, y así siguen. Tienen tanto dinero en esa hucha que hasta les causa problemas".

Por su parte, Pau Monserrat (@pmonserrat), economista y profesor asociado de la UIB y CEO de Futurfinances.com, afirma que la reforma es criticable, por una parte, por no incluir ninguna medida de contención o reducción del gasto, y por otra parte, porque se basa en "subir los ingresos gravando las cotizaciones y el empleo, pero si al final se reducen los ingresos por salarios, o las empresas despiden a gente para ajustar los costes, por mucho que el Gobierno suba las cotizaciones, no está garantizado que se  recaude más, o que logre llegar al nivel de ingresos que necesita".

Este experto critica que "las nuevas medidas, desde luego, no van a servir para afrontar con seguridad y suficiencia la jubilación del baby boom, porque no son medidas reales, son parches". Y alerta de que, por duro e impopular que resulte, para hacer el sistema sostenible, "es fundamental tratar de reducir, al mismo tiempo, los gastos en términos reales, disminuir el coste de las pensiones. Hasta ahora, tan solo se han aprobado medidas que no generen tensiones en los sindicatos, a costa del interés general".

Faltan "medidas compensatorias" para afrontar el gasto

Por su parte, Mariano Jiménez (@MjimenezLash), presidente de OCOPEN y director general en Cpps Asesores, hace hincapié en que la reforma se centra en la mejora de ingresos del sistema, a través de tres vías: "el aumento del MEI, que afecta a todos los cotizantes; el destope de la base máxima de cotización y la nueva cuota de solidaridad, afectando estas dos últimas medidas exclusivamente a los trabajadores con salarios más altos, que representan un pequeño porcentaje del total de empleados, por lo que la repercusión en el conjunto de la recaudación será limitado".

Según sus cálculos, si se tiene en cuenta que alguna de las medidas adoptadas anteriormente, como la revalorización con el IPC, supone un incremento de gasto superior a 14.000 millones de euros y con efectos acumulativos en el futuro, "es difícil pensar que, en ausencia de otras medidas compensatorias, los aumentos previstos en las cotizaciones compensen los incrementos de gasto previsibles, no solo por la citada revalorización, sino también por el aumento de pensionistas derivado del acceso a la jubilación de los baby boomers, por el avance del efecto sustitución derivado de la madurez del sistema, o por el previsible aumento de la esperanza de vida".

A Jiménez le parece preocupante que, por el lado de los gastos, "la reforma tampoco avanza en su racionalización, ya que la única medida contemplada se refiere al periodo de cómputo de bases para calcular la pensión, que prevé optar bien por el sistema actual de los últimos 25 años o bien por considerar los últimos 29 años, pudiendo excluir los dos con peores bases, traduciéndose todo ello en un gasto al menos igual o posiblemente mayor que el actual".