Lo que se ha filtrado de las reuniones a puerta cerrada sobre la reforma de las pensiones

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Tras el impás estival, la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo retomaba la semana pasada su actividad en el Congreso de los Diputados. Lo hacía a puerta cerrada y con el mayor de los secretismos. Por allí han pasado ya el gobernador del Banco de España (@BancoDeEspana), Pablo Hernández de Cos y la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF @AIReF_es), Cristina Herrero. Este martes la Comisión se reunirá con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme. Mientras, el miércoles se producirá la comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, esta última intervención (la única que será pública) podrá seguirse en directo en la web del Congreso de los Diputados.

Estas reuniones forman parte de la ronda de contactos que la Comisión ha programado para las dos primeras semanas de septiembre, tras la solicitud de Vox de celebrar una veintena de comparecencias para recabar la opinión sobre el futuro del sistema público de pensiones. Hasta que esta comisión parlamentaria no haga sus recomendaciones, no habrá reforma de las pensiones, que lleva enquistada desde finales de 2016 y que ahora, ante la crisis del coronavirus, se ha convertido en más imprescindible si cabe.

Con la comparecencia esta semana de Escrivá se cerrará una fase que hasta el mes de julio llevó a los grupos a repasar junto con el director general de la Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez, el borrador de las recomendaciones preacordado antes de la disolución anticipada de las Cortes Generales en la última legislatura efectiva. A partir de ahí, los grupos se enfrentan a la tarea de entrar en detalle de las recomendaciones del borrador e incluso fijar ya posicionamientos pues, tal y como comentan desde PSOE, ya ha planteado al inicio de las reuniones de este mes 'mojarse' para no demorar la renovación del Pacto y no parar el ritmo de reuniones durante este mes.

Un brío que, por otro lado, formaciones como PP y Vox enfrían, habiendo solicitado un resumen ejecutivo de las recomendaciones, ante la compleja redacción de algunas de ellas para alcanzar consensos; el grado de ejecución de las recomendaciones anteriores, y también un mayor detalle de las partidas que deben traspasarse de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado. Este traspaso, uno de los principales avances de la anterior Comisión para descargar el déficit del sistema público de pensiones y compensar gastos que históricamente venía asumiendo, de forma impropia incluso, estaba previsto que se hiciera de forma gradual y en un plazo hasta 2025.

La idea de la Comisión pasa por excluir de la Seguridad Social el pago de prestaciones como las de orfandad o las SOVI, que serían asumidas por el Presupuesto. El cambio no es menor porque aliviaría en parte las cuentas de la Seguridad Social aunque el erario público tendría que financiarse con impuestos.

Endosar el déficit al Estado

Esta vía de saneamiento fue uno de los puntos abordados en las reuniones con el Banco de España y la AIReF, si bien desde la Comisión aclaran que estas instituciones no buscaron orientar posicionamientos políticos. Según estas fuentes, los organismos plantearon diferentes escenarios y alertaron de la necesidad de adoptar medidas adicionales, sin olvidar tampoco el déficit estructural del Estado, que además se vería ahondado por este aumento de los gastos, cuestión en la que incidió en su encuentro con los diputados el gobernador del Banco de España.

Así, Pablo Hernández de Cos advirtió a los integrantes de la Comisión del Pacto de Toledo que pasar el déficit de las pensiones al Presupuesto del Estado no es de por sí un arreglo sostenible, máxime después del aumento de deuda pública que va a suponer el impacto de la pandemia. También pidió que se tuviese en cuenta la equidad intergeneracional de cualquier decisión que se tomase, ya que al tratarse de un sistema de reparto los actuales trabajadores sufragan las prestaciones de los jubilados.

Por su parte, según fuentes de la Comisión, la nueva presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, respaldó el informe de su predecesor (y hoy ministro titular de la Seguridad Social) que abogaba por este traspaso para reordenar gastos y ajustar la estructura de la Seguridad Social al pago de las pensiones. Parte de la propuesta de Escrivá consistía en trasladar poco a poco el déficit de las pensiones de 2019 al Presupuesto del Estado: unos 20.000 millones de euros. Se traspasarían a Hacienda los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social, las reducciones a la cotización o las subvenciones específicas a regímenes especiales como el agrario. Para llegar a esa cifra de cerca de 20.000 millones también se quitaría a Trabajo unos 10.000 millones en cotizaciones, que se destinan a desempleo de trabajadores y que pasarían a sufragar pensiones. Todo esto está provocando tensiones con Hacienda.

Hacer efectiva la edad de jubilación a los 67 años

La segunda pata de la reforma se anclaría en medidas para hacer efectiva la edad de jubilación legal a los 67 años porque muchos trabajadores se retiran antes (actualmente no llega a los 64). Esto se podría lograr –y aquí entra en juego el acuerdo o no de los grupos políticos miembros del Pacto–, endureciendo las penalizaciones para la jubilación anticipada y/o fomentando los incentivos voluntarios para retrasar el retiro. 

En la propuesta de la Autoridad Fiscal también se mencionaba ampliar el periodo que se toma para hacer el cálculo de la prestación, ahora fijado en un periodo transitorio hasta 25 años en 2023. El Ministerio está analizando además la posibilidad de compensar las revalorizaciones a periodos como cinco años para así recoger el impacto de los años de IPC negativo.

Levantar las restricciones para las prejubilaciones con más de 40 años cotizados

El Pacto de Toledo estudiará, igualmente, levantar las restricciones a las jubilaciones anticipadas en los casos en los que el pensionista tenga cotizados 40 años o más. En concreto, la comisión estudiará la reivindicación de la Asociación de Jubilados con más de 40 años cotizados (Asjubi40) de eliminar los coeficientes reductores que se aplican a las jubilaciones anticipadas en los casos en que concurren cotizaciones de 40 o más años.

El problema es que se aplicó un coeficiente reductor máximo del 2% por trimestre, en los casos en los que se acreditaba un período de cotización inferior a 38 años y 6 meses. El siguiente escalón se situó en el 1,875% por trimestre con un período de cotización igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses; otro del 1,75% por trimestre con una cotización igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses; y un mínimo del 1,625% con 44 años y 6 meses o más cotizados. Es decir, que el diferencial de estos pensionistas con respecto a otros que no se jubilaron anticipadamente iría del 1,6% al 2% por trimestre, dependiendo del tiempo cotizado, lo que significa una pérdida de entre un 6,5% y un 8% al año, respectivamente.

La presidenta de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, se ha comprometido a trasladar a los partidos políticos este asunto tras entrevistarse con representantes de esta asociación y con la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de la UGT, María del Carmen Barrera.

Revalorizar las pensiones con el IPC real

Por último, en lo que parece que habrá consenso es en la recomendación segunda, que incluye como valor de referencia para la revalorización de las pensiones el IPC real, un punto sobre el que hubo discrepancias el ejercicio pasado y que se dejó fijado con acuerdo de todos los partidos, salvo ERC. Ahora bien, el quid es cómo hacerla compatible con los imprescindibles ajustes para embridar el déficit de la Seguridad Social y reforzar su sostenibilidad a largo plazo.