Los expertos, sobre la reforma de pensiones de Escrivá: "Sin pacto social, no llegará al Congreso"

Estamos en una momento decisivo para la reforma de las pensiones, en plena negociación con la Mesa de Diálogo Social con los sindicatos y las patronales de empresarios CEOE y Cepyme, paso previo a que pasen al Congreso y que no se espera que se alcance hasta dentro de meses, pese a que el Ejecutivo pretende que el primer bloque esté pactado en el primer trimestre de 2021. "De momento solo se están tratando temas muy generales, que hay que aterrizar y sobre todo debatir los que no estaban el Pacto de Toledo y que no han sido consensuados", explican a 65ymás fuentes que están participando en las negociaciones. 

Pendientes de que se concreten aún más las medidas, algunas de ellas enviadas a Bruselas, hay varios temas que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá ha puesto sobre la mesa, que previsiblemente marcarán las próximas semanas e incluso meses. Algunos tan polémicos como ampliar a 35 años el periodo de cómputo de la pensión, finalmente no incluido en el documento a la Unión Europea, o la apuesta porque se trabaje más años para que el sistema sea sostenible, por lo que según los expertos el ministro tendrá que afanarse lograr consenso, tanto en la negociación colectiva como en el seno de su propio Gobierno –debido a las distensiones con Unidas Podemos– porque la necesidad de ajustes es "urgente".

Los temas clave: cotizaciones, sostenibilidad y babyboom

"Se habla mucho de Bruselas, pero el problema está en el Gobierno. El asunto no es que no seamos capaces de aprobar una reforma de pensiones, que ya se ha logrado en parte con las recomendaciones del Pacto de Toledo, sino que avance la negociación, tanto en el seno del Gobierno y como con los interlocutores sociales y empresarios. Sin pacto social no se va a poder llevar la reforma al Parlamento", alerta José Antonio Herce (@_Herce), miembro del Foro de Expertos del Instituto Santalucía (@santalucia_inst), quien considera clave el tema de los 35 años de periodo de cómputo de la pensión. Según los economistas consultados, ampliar de 25 a 35 años el periodo de cálculo de las pensiones podría tener un impacto positivo en en el sistema –aunque no para el pensionista–, así como el aumento de la edad de jubilación, pero deben debatirse antes.

“Parece que un sector del Gobierno se ha dado cuenta de que son necesarias medidas de control del gasto para evitar que este se dispare en los próximos años” pero la propuesta de extender el periodo de cómputo de la pensión, "no es muy pacífica" para con Podemos y los sindicatos, considera el economista Ángel de la Fuente, director Ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (@socialfedea). Para Enrique Devesa, miembro del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia (@Ivie_news), el tema más acuciante es la sostenibilidad del sistema, "para lo cual no es suficiente el trasladar gastos de un sitio a otro –en relación a los gastos impropios –. Hay que tomar medidas efectivas ya, y que sus efectos se noten lo más pronto posible". Urgencia que comparten la mayoría de los economistas consultados que alertan de los efectos de la llegada de la generación babyboom a la jubilación. 

Tramitación en dos bloques

Según la agenda adelantada por el ministro Escrivá esta semana, la reforma del sistema de pensiones se negociará y tramitará en dos bloques a lo largo del 2021. La fórmula de mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, principal exigencia de los sindicatos, será junto a la reforma del sistema de jubilación anticipada y los nuevos incentivos de jubilación demorada, las primeras cuestiones que se abordarán en el primer bloque del calendario de la reforma de las pensiones, que el ministro ha defendido que espera que se aprueben en las próximas semanas. En concreto, estima enviar al Parlamento este primer bloque de reformas de la Ley General de Seguridad Social en el primer trimestre de 2021.

Respecto al segundo bloque ha defendido que "aún hay que hacer números y cálculos", que se pondrán a disposición de los agentes sociales a lo largo del primer semestre, con la esperanza de que el segundo semestre sea de tramitación parlamentaria para que esté en vigor en enero del 2022. "Nuestra aspiración es que tengamos en el 2021 dos fases para la tramitación parlamentaria y acuerdo con los agentes sociales de los elementos que se derivan de las recomendaciones del Pacto de Toledo" ha señalado el ministro. 

A vueltas con el IPC

Respecto al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, primero punto de debate, la mayoría de los expertos coinciden en que no habrá problemas en su aprobación. "Tanto los sindicatos como el grueso de los partidos están muy comprometidos con la idea de actualizar las pensiones con el IPC", señala el director de FEDEA, por lo que cree que esta medida se convertirá en ley sin problemas. Sin embargo, sobre la posibilidad de que un mecanismo de compensación actúe en los años en los que el IPC sea negativo, idea que arrojó el ministro Escrivá en una entrevista hace una semana, de la Fuente considera que lo ve "complicado a a nivel legal y sobre todo político".  En opinión de Emilio J. González, profesor de la Universidad Pontificia Comillas, ICADE(@UCOMILLAS), "todas estas medidas que se van filtrando a la prensa son un juego político del Gobierno, que está esperando a hacer más ajustes justificados por Bruselas", defiende.

Por su parte, Enrique Devesa no cree que el Gobierno ni los sindicatos estén dispuestos a que la revalorización de las pensiones sea negativa. "Ya ha habido bastante revuelo con la posibilidad de que pudiera subir como mínimo un 0,25%, incluso con inflación negativa, como recoge la normativa actual del Índice de Revalorización de las Pensiones que se pretende derogar. Sería deseable que el nuevo mecanismo tuviera en cuenta el IPC de varios años o que, al menos, las previsiones de revalorización futuras fueran más "conservadoras" porque ésta solo se corrige al alza cuando el IPC real es superior al previsto, pero no cuando es inferior, como hemos podido ver en 2020". Herce da por supuesto la revalorización de las pensiones este año, pero pone en duda la “paguilla” a los pensionistas, en caso de que el IPC sea menor de lo previsto.

Las medidas de jubilación anticipada y demorada no ahorrarán tanto

Respecto a propuesta del Gobierno de alargar la vida laboral y frenar la jubilación anticipada, el director de FEDEA, Ángel de la Fuente valora que puede ayudar a la sostenibilidad del sistema, pero destaca que "el ahorro no es demasiado grande" y que "no se verá en el corto plazo". Por su parte, Emilio González de ICADE, considera que el problema no son las prejubilaciones sino que no se valore el talento sénior. "Es un problema de las empresas y del ámbito institucional, son dos mundos que chocan".

Por su parte Escrivá ha denunciado que España tiene un modelo "muy imperfecto" de jubilación demorada, que está dispuesto a combatir a través de incentivos. Pero José Antonio Herce considera que éstos tienen que ser "lo suficientemente buenos" y es posible que quede “lo comido por lo servido”. Algo en lo que coincide Ángel de la Fuente, "es bueno que se abra la posibilidad de alargar las carreras laborales. Sin embargo, el efecto sobre el gasto no será muy elevado porque aunque las pensiones se pagarán menos años también serán más elevadas como resultado de los incentivos para demorar la jubilación".