Las dos grandes medidas de la reforma de pensiones de Francia tienen vía libre legislativa: se trata del retraso de la edad de jubilación a los 64 años en 2030 (desde los 62 actuales) y el incremento del período de cotización, desde 42 años actuales a 43 años en 2027 (o 172 trimestres) para cobrar el 100% de la pensión, a razón de un trimestre adicional por año (hasta ahora, la ampliación estaba prevista para 2035).
Ambas medidas obtuvieron el aval judicial del Consejo Constitucional galo el viernes, 14 de abril, y la reforma fue promulgada el sábado, día 15, en el Boletín Oficial. De este modo, el Consejo, compuesto por 9 sabios, ha respaldado el uso del polémico artículo 49.3 de la Constitución, que permite al Ejecutivo aprobar una ley sin que esta pase por el voto de la Asamblea Nacional (Parlamento).
La reforma, empeño personal del presidente, Emmanuel Macron, será de aplicación efectiva el 1 de septiembre de 2023, lo que provocará que haya damnificados en un periodo de tiempo muy corto. En concreto, los primeros afectados serán los trabajadores nacidos a partir del 1 de septiembre de 1961 y que, antes de la reforma, podían dejar de trabajar y pasar a jubilarse el 1 de septiembre de 2023. Tras la entrada en vigor de la ley, estas personas tendrán que trabajar tres meses más porque no podrán retirarse hasta el 1 de enero de 2024.
Con la reforma, la edad de jubilación se irá ampliando de manera progresiva, tres meses cada año, hasta llegar a la generación de nacidos en 1968, que será la primera a la que ya se le aplicará la edad legal de 64 años.
Plus para carreras largas y madres
El visto bueno del Consejo Constitucional a la ley Macron permite mantener un sistema de compensación ideado para las largas carreras laborales, para quienes comenzaron a cotizar cuatro o cinco trimestres antes de los 21 años (falta por decidir los detalles de su desarrollo), así como medidas de compensación de lagunas de cotización para las madres entre 62 y 64 años (entre ellas, una sobrecotización del 5%).
Otros aspectos de la reforma es que se creará un seguro de vejez para el personal dedicado a los cuidados, y la inclusión de las prestaciones por maternidad en el cómputo de los 25 mejores años.
Asimismo, comenzarán a eliminarse los principales regímenes especiales: el Gobierno pretende suprimir ciertos privilegios de los que gozan determinados empleados de empresas públicas, de energía y de transportes, por ejemplo.
Desaparecerán estos:
1) El régimen de las industrias de Electricidad y Gas, que en estos momentos permite el retiro de sus trabajadores entre los 55 y 57 años, para el personal en servicio activo o insalubre, y para los demás, entre 60 y 62 años.
2) El personal rodante de la RATP (red de transportes parisinos), con opción de jubilarse desde los 52 años, mientras que los empleados en labores de mantenimiento pueden hacerlo a los 57. El resto tienen que esperar a los 62 años.
3) El régimen de trabajadores del Banco de Francia, sistema de capitalización, permite el retiro entre los 60 y 62 años.
4) Los empleados de notarías, que ahora pueden jubilarse entre los 60 y 62 años.
2 de cada 3 franceses, favorables a las protestas
Según un sondeo conocido este lunes, elaborado por la empresa Elabe y divulgado por la cadena de televisión BFMTV, casi dos de cada tres ciudadanos son partidarios de continuar las acciones de protesta contra la reforma de Macron, en concreto, el 64%. Aún más radicales se declaran el 45% de los encuestados, que proponen endurecer las manifestaciones, marchas, concentraciones y bloqueos.
Hasta la fecha, el país galo ha vivido 12 jornadas de huelga general y movilizaciones en las principales capitales de provincia, y sobre todo en París, donde la tensión en las calles es casi constante desde el mes de enero.
Casi el 70% de los franceses se siguen mostrando contrarios a la ley, aunque los simpatizantes del presidente Macron sí creen que ha llegado la hora de dejar languidecer las protestas, una vez que la ley ha sido sancionada.
Sigue la lucha sindical y estudiantil
Los sindicatos aseguran que seguirán la lucha, y la misma actitud combativa muestran las más de diez organizaciones sindicales, universitarias, estudiantiles y los partidos políticos de izquierda y de oposición, que no se resignan a la imposición de esta reforma.
L'intersyndicale appelle à une "raz-de-marée populaire" le 1er mai, après la décision du Conseil constitutionnel pic.twitter.com/03nwSiS2pe
De hecho, de cara al próximo 1 de Mayo, los dirigentes sindicales y estudiantiles afilan las uñas para realizar una gran demostración de fuerza en las calles. Hay que recordar que tanto Philippe Martinez, secretario general de la Confederación General del Trabajo CGT (@lacgtcommunique), como Laurent Berger(@CfdtBerger), secretario general del sindicato CFDT, continúan denunciando que Francia se halla "ante una reforma de las finanzas públicas, que se quiere hacer pagar a los trabajadores, aplazando la edad legal de jubilación, por el mero hecho de que exista déficit público".
En el caso de Beger, niega por completo que el Gobierno tenga una actitud dialogadora, asegurando que jamás les han emplazado a ninguna discusión sobre posponer la edad de jubilación, por ejemplo.
El partido que capitanea las protestas, La Francia Insumisa, que preside Jean-Luc Mélenchon, denuncia que "en medio de la noche, Macron promulga la jubilación a los 64 años: nos toca a nosotros unirnos. El movimiento obrero, los sindicatos, las asociaciones y el bloque de izquierda, deben unirse, porque la situación es demasiado grave".
Meta de Macron: ahorrar 18.000 millones en 2030
La reforma de las pensiones en Francia, que inició su tramitación como proyecto de Presupuesto Rectificativo de la Seguridad Social, supondrá “un ahorro de 18.000 millones de euros en el año 2030”, según ha cuantificado en varias ocasiones Olivier Dussopt, ministro de Trabajo
Un ahorro que no convence a la ciudadanía, puesto que las dos grandes medidas, el citado retraso de la edad de jubilación y del aumento de los años cotizados, afectará a todos los trabajadores, afectados asimismo por el aumento, hasta las 43 anualidades, del tiempo cotizado necesario para acceder a la pensión completa.
"Todos tendrán que trabajar más tiempo y las personas mayores permanecerán desempleadas o con ingresos sociales por más tiempo, ya que la mayoría de las personas mayores ya no están trabajando cuando se jubilan. Esta reforma es injusta y brutal para todos, ya sean empleados del sector privado, el público, una pequeña o una gran empresa", proclaman los dirigentes sindicales.
Sobre el autor:
Pepa Montero
Pepa Montero es redactora especializada en temas de economía. Ha trabajado en medios como El Economista y La Gaceta de los Negocios. Es autora del libro de relatos La casa de las palmeras (Azul como la Naranja, 2013).