Reforma de las pensiones: el Gobierno estudia un recargo de cotización para los salarios más altos

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La segunda pata de la reforma de las pensiones está empantanada, de hecho, la mesa de diálogo social no se reúne desde diciembre, sin que por ahora haya nueva fecha de convocatoria para el presente mes de febrero. Entre las medidas que frenan el acuerdo destaca, sobre todo, el empeño del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en ampliar el periodo de cómputo de las pensiones, desde los actuales 25 años cotizados, hasta los 30 años, pero con posibilidad de excluir los dos peores.

Otra de las medidas de choque entre el Gobierno y los agentes sociales (los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE-Cepyme) es el potencial nuevo aumento de las cotizaciones, para reforzar las cuentas del sistema de pensiones, al que la patronal se opone y que los sindicatos ven prioritario.

Precisamente, este lunes se ha conocido que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social está estudiando introducir un recargo extra de cotización en los salarios más altos, según la noticia adelantada por el diario El País y que fuentes del ministerio confirman a 65YMÁS: "Estamos estudiando diversas fórmulas para reforzar los ingresos del sistema, que están siendo analizadas en el marco del diálogo social y del diálogo parlamentario". El departamento de Escrivá no entra en explicaciones adicionales. "Cuando haya acuerdo al respecto, daremos los detalles", afirman respecto a si esta medida será finalmente incorporada en el texto que presenten a los agentes sindicales en la próxima reunión de la mesa de diálogo social, aún por convocar.

¿Por qué imponer una cotización extra a los sueldos más elevados? En la actualidad, toda aquella parte del sueldo que exceda la base máxima de cotización (establecida en 4.495 euros en 2023) está exenta de cotizar a la Seguridad Social y tampoco genera derechos de pensión. Esto significa que, aunque según los planes del Gobierno, se proceda a ir subiendo la base máxima en los próximos años, siempre habrá salarios, los de mayor cuantía, que no cotizarán en su totalidad (incluso en su mayor parte). De ahí que el ministerio baraje la posibilidad de introducir el citado recargo adicional a quienes más ganen.

En cualquier caso, este posible nuevo recargo en las cotizaciones, que en principio solo afectaría a los sueldos más altos, sería una medida adicional a las propuestas del Gobierno ya conocidas, como el destope de las bases máximas (se está planteando subirlas el 30% en cerca de 30 años) y la potencial extensión hasta 2050 de la sobrecotización al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que es del 0,6% en estos momentos.

Urge aprobar la segunda 'pata' de la reforma

El tiempo corre en contra del Gobierno, que debería haber aprobado la segunda pata de la reforma antes de finalizar 2022, para cumplir con el calendario comprometido con Bruselas en el Plan de Recuperación, pero la polémica propuesta de ampliación del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, descartando los dos peores años cotizados, lo han impedido. A CCOO y UGT no les gusta esta medida. No la ven necesaria, alegan que no está recogida en el Pacto de Toledo y que no goza del suficiente apoyo político para su implementación. Los empresarios, por su parte, también defienden que no es una recomendación de la Comisión del Pacto de Toledo y creen que lo primero sería discutirlo en dicho foro antes que en el diálogo social.

El ministro, José Luis Escrivá, aseguró hace unos días que esperaba tener lista la reforma este mismo mes y aludía a la complejidad que supone que se esté negociando en paralelo con los agentes sociales y los grupos políticos. Sin embargo, los agentes sociales, en declaraciones a 65YMÁS, enfrían por completo la posibilidad de un acuerdo inminente, como ha sugerido el ministro. "No hay nuevos avances en la negociación de la segunda parte de la reforma, de hecho, el Ministerio no está hablando con nosotros. La última reunión extraoficial con el equipo de Escrivá fue en diciembre, y la última convocatoria oficial, ni la recuerdo", explica un miembro de la Mesa de Diálogo Social que participa en la negociación de las nuevas medidas de reforma, que deberían haberse acordado antes de finales de 2022, pero que se han postergado a 2023 por la falta de acuerdo.

Destope de la pensión máxima

Sobe la mesa de negociación se halla asimismo la propuesta inicial del Gobierno de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050, lo que supondría un incremento de cerca del 30% en dicho periodo.

Esta subida de las bases máximas iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. De este modo, el Gobierno propuso inicialmente que la pensión máxima suba también con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor, por tanto, al planteado para las bases máximas. 

La patronal CEOE-Cepyme, miembro de la mesa social de las pensiones, rechaza de plano introducir más aumentos de costes.

Las bases máximas han subido el 8,6% en 2023

Con el comienzo de 2023, se ha producido un incremento de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social del 8,6%, pasando a situarse en 4.495,38 euros, frente a los 4.139,40 euros en 2022.

Hace unas semanas, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, avisaba por enésima vez de que la "desmedida" subida de las bases máximas de cotización traerá "complicaciones", recalcando que es una medida muy seria, "que no podemos compartir" porque a su juicio "deja a las empresas en una situación complicada", especialmente cuando se anuncia que se aplicará "todos los años".

El máximo responsable de la patronal española considera que "es un auténtico error cargar de impuestos a las empresas, pensando que esto es un saco sin fondo".

La sobrecotización del MEI se alargará a 2050

En 2023 ha entrado en vigor la sobrecotización que impone el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que significa un recargo de 0,6 puntos sobre el salario bruto, del que el 0,5% lo paga la empresa y el 0,1% lo abona el trabajador. El MEI se aplica en el apartado de contingencias comunes, por el que desde 2023 las empresas pagan el 24,1% y los trabajadores, el 4,8% (el año pasado, las empresas pagaban el 23,6% y el trabajador, el 4,7%). 

En euros contantes y sonantes, esta subida de cotizaciones supone, para una base de cotización mediana de unos 2.000 euros de sueldo, un pago mensual de 12 euros, de los que dos euros los paga el trabajador y 10, la empresa.

El Gobierno espera recaudar unos 3.000 millones de euros con el MEI en 2023, que irán a rellenar la hucha de las pensiones, con el objetivo reforzar los ingresos de la Seguridad Social para afrontar las jubilaciones del baby boom entre 2032 y 2050.

Tanto Bruselas, como los sindicatos UGT y CCOO, que en estos momentos negocian la segunda pata de la reforma, quieren extender esta sobrecotización del MEI hasta el año 2050, ya que en la actualidad, según la Ley en vigor, tan solo se aplicaría hasta 2032.