Reforma de las pensiones: El Gobierno prepara incentivos para el retraso voluntario de la jubilación

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La expectativa ante la comparecencia este miércoles de José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la Comisión del Pacto de Toledo era máxima. Lo era porque la posible reforma del sistema de pensiones preocupa, sobre todo aquellos que se sitúan en una edad cercada a la jubilación, y porque se trataba de una de las pocas retransmisiones públicas después de las reuniones que se han mantenido a puerta cerrada en los últimos días en el Congreso de los Diputados.

En la puesta en escena para informar sobre la renovación de las recomendaciones sobre las pensiones de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, el ministro ha anunciado que el Ejecutivo va a apostar por incentivar retasar las jubilaciones voluntarias para limitar las conocidas como 'prejubilaciones' y así aumentar la edad real de retiro. Asimismo, para poder conseguir esta extensión, ha recomendado bonificar a aquellos que trabajen más allá de su vida laboral.

Aún así, el ministro se ha mantenido fiel al diagnóstico que ya hizo en febrero sobre el sistema de pensiones en línea con lo defendido por la Airef (@AIReF_es)​, organismo independiente que presidía antes de formar parte del Gobierno. Así asegura que estamos ante un escenario que "ni el coronavirus altera", ya que se tratan de tendencias a medio y largo plazo. Eso sí, el titular de la cartera de Seguridad Social, reconoce un déficit del 2% del PIB en las cuentas de la Seguridad Social y ha invitado a los grupos parlamentarios a alcanzar “de forma urgente” un amplio consenso para no incrementar más aún la "incertidumbre" que afirma viven miles de pensionistas y personas próximas a la jubilación.

Hoy he propuesto 4 vías de actuación, en línea con el borrador del Pacto de Toledo:
▶️Separar fuentes de financiación
▶️Mantener el poder adquisitivo de las pensiones
▶️Alinear la edad efectiva de jubilación con la legal
▶️Desarrollar la previsión social complementaria pic.twitter.com/nhhl5qMnzH

— José Luis Escrivá (@joseluisescriva) September 9, 2020

Consenso para frenar la incertidumbre

"Es responsabilidad de los políticos intentar compensar esa inquietud que genera la pandemia con políticas públicas" y crear un "marco de referencia estable y creíble a medio plazo", para lo cual considera que hace falta consenso. "El incremento de la incertidumbre es injusto, porque se da sobre un grupo de población que sufre una situación sobrevenida y sin capacidad de reacción, no solo entre las personas cercanas a la jubilación, sino también en las personas más jóvenes", ha afirmado.

Así insta a atajar las "anomalías" que generan desafección por el sistema como el incremento de las jubilaciones anticipadas voluntarias hasta el 16% del total en 2019 o la tendendia creciente de los autónomos a cotizar por la mínima ante la duda de si llegarán a recibir una pensión pública digna. Por su parte ha rechazado que haya problemas de sostenibilidad del sistema – el gasto en pensiones en España es del 10,9%, frente a la media del 12,4% del resto de países– y ha asegurado que la reforma para asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas debe hacerse de manera inmediata, para asegurar que el poder de compra se mantenga en el tiempo.

Incentivar la demora en la jubilación y frenar las anticipadas

En su análisis Escrivá considera que como resultado del envejecimiento de la población, hay que tener mecanismos que vayan reequilibrando los ingresos. En una comparativa internacional, ha apuntado que la edad efectiva de jubilación en España es de 64,6 años y la legal de 65,8 años, en línea con los países del entorno, mientras que el nivel de cotizaciones es de una media del 35,4%, de media, por lo que ha recomendado demorar la jubilación voluntaria para alargar la vida laboral, que según encuestas propias del Ministerio cuentan con "una aceptabilidad social" amplia. Una opción en la que ha anunciado que su departamento está trabajando.

Así, ha planteado la necesidad de incentivar la demora en la jubilación, “que hasta ahora han tenido poca aplicación práctica”, mediante una exhaustiva evaluación de la realidad del mercado laboral para los trabajadores próximos a la edad de jubilación, así como una reordenación de los incentivos existentes y una corrección de los “elementos distorsionantes de la jubilación anticipada”. Con ello, el ministro de Inclusión cree que “se puede revertir la tendencia actual de crecimiento de las jubilaciones anticipadas voluntarias”. Y señala que la bonificación por la demora en la edad de jubilación actualmente es muy baja (del 3,2%).

Revalorización de las pensiones

Sobre el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensione el ministro ha resaltado que “no sólo cumple con las recomendaciones del borrador, sino que también lo hace con el artículo 50 de la Constitución, de ahí su relevancia”. Además, ha señalado que es un “elemento clave para dar certidumbre a los pensionistas y el conjunto de la sociedad y está en línea con los mecanismos de los países de nuestro entorno”.

Por todo ello, considera “clave que el próximo año ya se aplique un nuevo marco estable para la revalorización, que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas”, ya que ha destacado que España cuenta con un sistema de pensiones único entre los países de nuestro entorno, que dificulta su actualización.

Estrategia por tramos para los autónomos

Escrivá, ha avanzado que su departamento y la Agencia Tributaria llevan meses trabajando para dar una respuesta "relativamente inmediata" en el desarrollo de una estrategia por tramos para lograr de forma "gradual" la cotización por ingresos reales de los autónomos con un modelo "sostenible" en el tiempo. Escrivá ha explicado que su departamento ha trabajado durante los últimos meses con la AEAT y han concluido que es "posible" transitar hacia la cotización de los autónomos por sus ingresos reales "de forma gradual y con un modelo sostenible en el tiempo".

En este sentido, ha subrayado que conviene que el modelo sea "fijo y permanente en el tiempo", si bien ha matizado que hay "fórmulas" para hacerlo sin que se produzcan distorsiones significativas ni a los autónomos ni a la gestión administrativa de las cotizaciones. A este respecto, ha adelantado la implementación de una estrategia por tramos que conllevará que un porcentaje elevado de autónomos vea reducidas sus cotizaciones, mientras que otros tendrían que subirla, y ello de forma "muy gradual y acompasada". 

Separación de los gastos impropios

Si no se implementan medidas, y teniendo en cuenta una revalorización de pensiones conforme al IPC real, el déficit de la Seguridad Social se mantendrá en el 1,4% en el año 2023, por lo que ha abogado por eliminar los gastos impropios que tienen "efectos devastadores" sobre la solvencia de las pensiones. En este sentido, ha apuntado que la previsión de déficit del 1,4% del PIB (20.185 millones) de la Seguridad Social en 2023, año para el que estima que los gastos impropios serían del 1,6% del PIB (22.871 millones), por la financiación de gastos impropios, permitiría eliminar el déficit previsto.

Entre las partidas, ha citado la parte de políticas no contributivas que se están financiando con cuotas (11.305 millones), las reducciones en la cotización, como las tarifas planas para autónomos (1.818 millones), la prestación por nacimiento y cuidado de hijos (2.953 millones), el complemento de maternidad (1.082 millones), las subvenciones implícitas a regímenes especiales (1.014 millones), el coste de completar las lagunas para el cálculo de la pensión (788 millones) y los gastos de funcionamiento (3.911 millones).

Desarrollar previsión social complementaria

Finalmente, el ministro se ha comprometido a revisar el sistema actual de previsión complementaria, en línea con la recomendación 16 del borrador de recomendaciones y con el encargo que ha realizado la AIReF al Gobierno.  En este sentido, Escrivá ha subrayado que “sin cuestionar la centralidad del sistema público de pensiones, es necesario impulsar los planes de empleo, trasladando hacia ellos la fiscalidad favorable que ahora mismo tienen los planes individuales”. Según ha señalado, “a través de la negociación colectiva y de la creación de un fondo de pensiones abierto en la administración, se podría extender la población cubierta y reducir los costes de gestión”.

De esta manera, considera que el sistema actual es "muy regresivo, muy caro, y no cumple con su objetivo que es incentivar el ahorro", ha afirmado el ministros. En su opinión, la rentabilidad de aproximadamente el 1% no supone un complemento real a las pensiones medias y bajas, sino que solo beneficia a las rentas más altas que suponen cerca del 70% de los usuarios de los planes de pensiones. "Pero no solo los planes individuales tienen un coste de comisiones alto sino que en ocasiones son más altos que muchos fondos de inversión" y ha recordado que según sus datos, los menores de 40 años apenas llegan al 12% del total de usuarios de este producto.