Reforma de las pensiones: las medidas que faltan por llegar y por implantar

Pensiones mínimas, viudedad y cuotas: ¿cuándo afectará a tu bolsillo la 'reforma Escrivá'?

La reforma es insuficiente para pagar las pensiones del 'baby boom', alertan expertos

BOE 17/03/2023: Lee íntegro el Real decreto-ley de reforma de las pensiones

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha logrado sacar adelante la segunda pata de la reforma de pensiones, convalidada este jueves, 30 de marzo, por el Congreso de los Diputados, tras haber conseguido el visto bueno de la Comisión Europea y de los sindicatos UGT y CCOO, aunque con la férrea oposición de la patronal CEOE-Cepyme y del Partido Popular, que amenaza con derogarla si llega a gobernar.

El nuevo sistema se centra en elevar los ingresos para hacer frente a las tensiones financieras por la inminente y masiva jubilación de la generación del baby boom en las décadas de los años 30 y 40. Durante su defensa en el Congreso, Escrivá ha insistido en que esta reforma "permite abordar el reto demográfico" a través de un "conjunto de medidas equilibradas" que garantizarán "la suficiencia" del sistema.

La reforma entra en vigor mañana, 1 de abril, salvo determinados preceptos, y sus principales medidas son el destope de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima; el alza de cotizaciones del Mecanismo de Equidad; una cuota de solidaridad sobre la parte del sueldo que supere la base máxima; el aumento de las pensiones mínimas, no contributivas y de viudedad; un nuevo modelo dual para calcular la pensión, que dará opción a elegir entre los últimos 25 años cotizados o los 27 mejores años (entre un periodo de 29).

Pero la aprobación de la reforma en el Congreso no cierra la misma ya que, para empezar, se tramitará como un proyecto de ley, lo que implica que puede experimentar cambios, pues los grupos parlamentarios pueden negociar modificaciones al texto actual. Precisamente, una de las novedades pendientes, pactada con Esquerra Republicana, es la cotización del 100% para mujeres que reduzcan su jornada por cuidado de hijos, durante todo el periodo que dure dicha reducción. Este medida verá la luz, o bien mediante su inclusión en la futura tramitación del decreto como proyecto de ley, o bien en una disposición adicional en otra normativa.

Las grandes medidas que faltan por llegar, negociar y desplegar, son las siguientes:

Próxima reforma: jubilación parcial para cobrar pensión y trabajar

El Gobierno llevará próximamente a la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo una propuesta, previa negociación con los agentes sociales, para reformar la figura de la jubilación parcial para garantizar la compatibilidad entre pensión y trabajo, preservar la calidad del empleo de los relevistas, y equilibrar el coste que esta modalidad de pensión tiene para la Seguridad Social.

Esta propuesta se remitirá al Pacto de Toledo en el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta segunda pata de la reforma del sistema.

La jubilación parcial puede iniciarse después de los 60 años para compaginar el retiro con un contrato de trabajo a tiempo parcial y puede estar vinculada o no a un contrato de relevo celebrado con un trabajador en situación de desempleo o que tenga concertado con la empresa un contrato de duración determinada.

Auditoría y Agencia Estatal: medidas aún sin cumplir

La Ley 21/2021, de 28 de diciembre, establece, en su Disposición adicional sexta, que el Gobierno realizará un Informe de auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social. El texto exacto de la norma establece que "en el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social".

La norma fija claramente que "dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos". Es decir, según la Ley vigente desde el pasado 1 de enero, el plazo para finalizar la auditoría habría expirado en julio de 2022.

Las últimas noticias sobre la auditoría las ofreció el ministro Escrivá, que en su última comparecencia ante el Pacto de Toledo entregó a la comisión un informe sobre las cuentas de la Seguridad Social, pero cuyo contenido no se ha dado a conocer. Fuentes del Ministerio señalan a 65YMÁS que la publicación del informe corresponde al Pacto de Toledo, no al ministerio. 

Por lo que se refiere a la Agencia Estatal de la Seguridad Social, la Ley de reforma de las pensiones también obliga al Gobierno a crearla. Así lo contempla la Disposición final tercera: "En el plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará un proyecto de ley para dar cumplimiento a la disposición adicional séptima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, relativa a la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social, garantizando la simplificación, racionalización, economía de costes y eficacia del sistema de Seguridad Social, y preservando los principios de solidaridad, igualdad en el trato y equidad entre generaciones que informan dicho sistema. Todo ello con el objeto de asegurar el actual nivel de prestaciones públicas del régimen de reparto en el que se fundamenta nuestra Seguridad Social medido por su tasa de reemplazo".

Discapacidad: 5 años cotizados para jubilarse

El Gobierno aprobará "en muy pocas semanas" la rebaja de 15 a 5 años del periodo de cotización exigido para que las personas con una discapacidad igual o superior al 45% puedan anticipar su jubilación. "Esperamos poder dar luz verde a esta modificación en muy pocas semanas, ya que el trámite está muy avanzado", ha confirmado el ministro Escrivá. 

La ley vigente permite a las personas con una discapacidad igual o superior al 45% obtener una pensión de jubilación si acreditan al menos 15 años de cotización. En este caso, la edad mínima de jubilación es de 56 años. El cambio normativo que prepara Escrivá reducirá a 5 años el tiempo mínimo exigido de cotización. El propio Gobierno reconoce en el proyecto de Real Decreto que reformará este precepto legal, al que ha tenido acceso Europa Press, que desde que comenzó a aplicarse la exigencia de 15 años cotizados, hace ya más de una década, diferentes asociaciones de personas con discapacidad advirtieron de la dificultad de acreditar este periodo mínimo.

Esta modificación normativa se tramitará al margen de la segunda pata de la reforma de pensiones aprobada por el Gobierno el pasado 16 de marzo, y convalidada por el Congreso de los Diputados este jueves, 30 de marzo. 

Se creará un Observatorio para los autónomos

Se creará, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la reforma, un Observatorio para mejorar la eficacia y cobertura de la prestación por cese de actividad por causas económicas de los trabajadores autónomos, así como de la integración de periodos sin obligación de cotizar.

Este observatorio, que se constituirá mediante una orden ministerial, estará integrado por representantes de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones, de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, así como de las asociaciones de autónomos. De forma periódica, este organismo propondrá medidas tendentes a la adaptación de la regulación y cobertura de los trabajadores autónomos por esta contingencia.

Detallar la senda del alza anual de las pensiones bajas

El Real Decreto-ley 2/2023 da vía libre al incremento progresivo, desde 2024 y durante cuatro años, de las pensiones más bajas de la Seguridad Social, con una meta fijada en cada caso. El reto inmediato consiste en concretar y detallar cuál será la senda de esas subidas extraordinarias, año a año, es decir, cuánto dinero supondrán para el bolsillo de los pensionistas afectados.

En el caso de la pensión mínima contributiva de jubilación, cuyo titular sea mayor de 65 años y tenga cónyuge a cargo, no podrá ser inferior al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos en 2027. Según cálculos del ministro Escrivá, la pensión mínima subirá hasta situarse en 2027 en 16.500 euros anuales, es decir, 1.200 euros mensuales (en 14 pagas), de forma que la pensión mínima contributiva se alineará con el 60% de la renta mediana (para un hogar de dos adultos). En la actualidad, la pensión mínima es de 13.500 euros anuales.

También falta por saber la subida extra concreta de las pensiones mínimas de viudedad, que la ley establece de modo genérico así: en 2027, las pagas de las viudas con cargas familiares asimilarán su cuantía a la que tenga la pensión contributiva de jubilación. Esta medida representa un incremento entre 1.775 y 3.800 euros anuales en cuatro años. Las proyecciones señalan que las mínimas de viudedad subirán en 2024 desde 40 euros al mes, en el caso de las pensiones individuales.

En cuanto a las pensiones no contributivas, una vez revalorizadas conforme a la revisión anual, crecerán hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal. Falta por saber cómo se concretarán las proyecciones del Ministerio de Seguridad Social, según las cuales, experimentarán en los próximos cuatro años un incremento del 22%, con lo cual, pasarían desde los alrededor de 6.800 euros al año actuales, hasta unos 8.300 euros en 2027.

Becarios y prácticas cotizarán desde octubre

Tras la convalidación de la reforma en el Congreso de los Diputados, se da vía libre a otra medida, que entrará en vigor el próximo día 1 de octubre, cuando los periodos formativos y de prácticas cotizarán a la Seguridad Social

Asimismo, las personas ya afectadas podrán recuperar hasta dos años de cotización, dentro de aquellos periodos en los que no cotizaron.

Falta la puesta en marcha del 'superfondo' de pensiones

Aunque fuentes del Ministerio de Seguridad Social aseguran que "la arquitectura clave para la entrada en funcionamiento de los fondos de pensiones de promoción pública esté lista para el verano, con lo que se completará el despliegue de las principales novedades previstas en la ley 12/2022", de fecha 30 de junio, y en vigor desde el 2 de julio pasado, los expertos consultados por 65YMÁS enfrían el optimismo del Gobierno y temen que el superfondo Escrivá no esté operativo hasta finales de 2023. Recuerdan que existen tres hitos para poner en marcha el nuevo sistema de fondos de empleo de promoción pública, y advierten de que la complejidad de la nueva plataforma digital hace que vaya muy lento, además de que la burocracia (intervienen varios ministerios) ralentiza los procesos.

En todo caso, desde el departamento de Escrivá recuerdan que "ya se pueden suscribir planes de empleo que se benefician de muchos avances de la ley, como las ventajas fiscales, y hay distintos sectores y organizaciones (Construcción, ATA) que han comenzado a lanzar sus planes de acuerdo con las nuevas normas, y otros (grandes almacenes) que los están negociando".

Lentitud de los fondos de pensiones simplificados

Los nuevos planes simplificados también avanzan con lentitud. Se trata de una nueva fórmula de ahorro creada por la ley 12/2022, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, y pueden integrarse en fondos de promoción pública. Sobre el papel, se constituyen de una forma más ágil que los planes de empleo convencionales.

Esta misma semana, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha acordado facilitar la negociación de planes de pensiones de empleo en las más de 7.000 entidades locales que forman parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). De este modo, ofrecerá apoyo técnico a aquellos ayuntamientos que quieran poner en marcha planes de pensiones simplificados para sus empleados. Además, el ministerio permitirá que la propia FEMP, previo acuerdo en la mesa de negociación del diálogo social, actúe como promotora de planes simplificados. 

Algunos de los fondos que ya han arrancado son los promovidos por los autónomos, como el puesto en marcha por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y VidaCaixa, que según Lorenzo Amor, presidente de ATA, permitirá que los autónomos puedan aumentar "su capacidad de ahorro para la jubilación con deducciones más altas de las previstas" en los planes privados. Un plan que "se dirige a los más de tres millones de autónomos del, no solo se beneficiarán de sus ventajas los socios de ATA", señala Amor.

El último plan de pensiones de empleo simplificado para autónomos lanzado es el de Indexa Capital, simplificado, asesorado y comercializado por la propia firma y administrado por Caser Pensiones. Sus promotores recuerdan que desde enero de 2023, la normativa permite a los autónomos adherirse a planes de pensiones de empleo simplificados promovidos por asociaciones de autónomos y aportar hasta 5.750 euros anuales, 4.250 euros más que lo que se puede aportar a planes de pensiones individuales.

Expertos: faltan medidas que aseguren la sostenibilidad

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y el Instituto de Actuarios Españoles (IAE) son algunos de los organismos que en los últimos días han dado la voz de alarma sobre los riesgos de la reforma para la sostenibilidad de las pensiones en las próximas décadas.

Para la AIReF, las dos patas de la reforma de pensiones del ministro Escrivá supondrán un aumento del déficit y de la deuda. Prevén que la presión sobre el gasto en pensiones por el envejecimiento de la población llevará a un aumento del déficit a partir de 2026, que alcanzará su máximo en 2055, en el 8,1% del PIB, para reducirse posteriormente hasta el 7% en 2070. La deuda de la Seguridad Social alcanzaría un máximo de 186% del PIB en 2070, según proyecta en su Opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones Públicas a largo plazo.

Por su parte, un informe elaborado por el director ejecutivo de FEDEA, Ángel de la Fuente, advierte de que estas reformas "condenan" a la Seguridad Social a un déficit "muy significativo" y "rápidamente creciente" desde 2030 en adelante o incluso "posiblemente antes", que podría llegar a alcanzar, antes de transferencias del Estado, cerca del 5% del PIB en torno a 205. "En su conjunto, la reforma aumentará mucho más el gasto en pensiones que los ingresos por cotizaciones, condenando al sistema público de pensiones a un déficit básico, antes de transferencias del Estado, importante y rápidamente creciente, que habrá que cubrir con ingresos generales". 

Por su parte, el Instituto de Actuarios Españoles hace hincapié en que la reforma Escrivá "deteriora la equidad contributiva y lastra gravemente la sostenibilidad del sistema" y la suficiencia de las pensiones "no queda garantizada a 20-30 años vista. La reforma solo aborda medidas para mejorar los ingresos y carga todo el esfuerzo en los cotizantes". Este instituto urge a crear un organismo independiente que separe las dimensiones técnicas, políticas e ideológicas a la hora de tomar decisiones sobre el sistema de pensiones español.

Según detalla Enrique Devesa, coordinador técnico del Grupo de Investigación en Pensiones Públicas del IAE, “muchos países avanzados han realizado reformas de sus sistemas de pensiones en las últimas décadas combinando diferentes medidas. Hablamos del control del gasto futuro; el refuerzo de la sostenibilidad mediante la implantación de mecanismos de ajuste automáticos; el aumento de la participación de los trabajadores y el reparto de los esfuerzos entre las generaciones y la responsabilidad institucional, corporativa y personal; la búsqueda del equilibrio entre la Seguridad Social y la Previsión Social Complementaria; la vinculación de la edad de jubilación con la esperanza de vida; la promoción de la permanencia en el mercado laboral; y, en algunos casos, la combinación con fórmulas de pensiones de aportación definida. La reforma que se propone en España; sin embargo, solo aborda medidas para mejorar los ingresos”.

Pactar la cotización de autónomos desde 2026

El nuevo sistema de cotización de los autónomos, en vigor desde el 1 de enero de 2022, fue pactado por el Gobierno, los sindicatos, la patronal y las organizaciones de autónomos para los años 2023, 2024 y 2025, con el compromiso de analizar las subidas a aplicar a partir de 2026. Esta es, por tanto, otra de las medidas de reforma a desplegar en los próximos años, aunque el acuerdo se vislumbra complicado, habida cuenta del enfado de la principal organización, ATA, cuyo presidente, Lorenzo Amor, denuncia que "Escrivá ya saquea a los autónomos con 1.800 millones más en 2026 (600 euros más por autónomo), 3.600 millones más en 2029 y 5.400 millones más en 2031".

En sus redes sociales, Amor expone que "los autónomos deberán aportar el 40% de los ingresos adicionales destinados a mantener las pensiones en 2032, a pesar de que su gasto en prestaciones, a día de hoy, apenas si supera el 14% del total del sistema y representan el 16% del PIB. Así lo muestran los datos que el Gobierno ha facilitado a los partidos políticos sobre las proyecciones de la segunda reforma de las pensiones, que pactó sólo con los sindicatos". Tras analizar estas tablas, critica que la propuesta de Escrivá "aumenta de manera inasumible y desproporcionada la carga que dejará caer sobre los hombros de los trabajadores por cuenta propia".