Reforma de las pensiones: así es la subida de cotizaciones que rechazan empresas y expertos

BOE 17/03/2023: Reforma de las pensiones

Pensiones: la subida de las bases máximas de cotización se evaluará cada 5 años

La 'reforma Escrivá' beneficia a las mujeres y a las pensiones mínimas, incluso las no contributivas

Escrivá pacta que los pensionistas elijan entre contar 25 o 29 años, quitando los dos peores

La segunda fase de la reforma de las pensiones entra esta semana en su fase decisiva, tal como sugieren los miembros de la mesa de diálogo social, que pronostican que habrá acuerdo inminente entre el Gobierno y los sindicatos, mientras que la patronal CEOE-Cepyme se opondrá a las medidas propuestas por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. Precisamente, la intención del ministro es comparecer en el Congreso de los Diputados a la máxima brevedad, posiblemente este mismo miércoles, para dar cuenta de los acuerdos alcanzados. Y el Gobierno se plantea convocar un Consejo de Ministros extraordinario el jueves para aprobar la reforma de pensiones.

El proyecto de Real Decreto redactado por Escrivá establece varias medidas para elevar los ingresos del sistema, entre ellas, el destope de las bases máximas, una cuota de solidaridad y la duplicación de la cotización extra asociada al MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional), que han desatado la oposición frontal de los empresarios y un aluvión de críticas por parte de numerosos expertos, que critican que suponen hacer recaer el peso de la reforma en los cotizantes (sobre todo, los de sueldos altos) y en las empresas, sin proponer medidas que limiten o reduzcan el gasto futuro en pensiones.

Cuota de solidaridad: empieza con 1% en 2025

Una de las novedades que plantea el proyecto de reforma del Gobierno es la creación de la denominada cuota de solidaridad, que será una cotización extra que pagarán los trabajadores cuyo sueldo supere la base máxima de cotización en cada año.

Este recargo de cotización se aplicará a la parte del salario que ahora no cotiza por superar el tope máximo y será del 1% en 2025, para ir luego aumentando de manera progresiva, a un ritmo de 0,25 puntos por año, hasta llegar al 6% en 2045 (5% a cargo de la empresa y 1% a asumir por el trabajador).

Como ejemplo, a una persona que gane 500 euros por encima del tope máximo de cotización (que se decide y cambia cada año), tan sólo se le aplicaría la cuota de solidaridad por esos 500 euros, y no por todo su salario, de forma que cotizaría 5 euros adicionales en el año 2025, que es cuando se producirá el arranque de esta medida.

Los empresarios se oponen de plano a esta cuota de solidaridad, que gravará los salarios más altos, por considerarla "un impuesto al talento", según afirma la directora de Relaciones Laborales de la CEOE (@CEOE_ES), Rosa Santos, que reprocha al Gobierno que "dicha cotización no computará para la pensión". A su juicio, la reforma que ha llevado el ministro a la mesa de diálogo es "puramente confiscatoria", pues "son impuestos sin más", y no implica ningún cambio de paradigma, sino que "rompe el esquema" entre lo que se cotiza y lo que se percibe.

Sobrecotización del MEI: del 0,6% al 1,2% en 2029

Otro incremento de cotizaciones previsto en esta segunda fase de la reforma de las pensiones es la duplicación, de manera progresiva, de la sobrecotización asociada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Ésta, que actualmente es del 0,6%, subirá hasta el 1,2% en 2029, a un ritmo de una décima por año, que será soportada del siguiente modo: la empresa se hará cargo del 1% y el trabajador, del 0,2%.

El borrador de reforma establece que desde el año 2030 hasta 2050 se mantendrá este mismo porcentaje del 1,2%, con igual distribución entre empresario y trabajador.

Esta sobrecotización tiene por objetivo rellenar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la hucha de las pensiones. El Gobierno precisa en el borrador que esta cuota no podrá ser objeto de bonificación, reducción, exención o deducción alguna, ni objeto de disminución por la aplicación de coeficientes correctores. 

CEOE-Cepyme rechaza asimismo el mecanismo del MEI y la extensión del recargo de cotización introducido a última hora por el Ministerio. Tal como argumenta Rosa Santos, directora de Relaciones Laborales de la patronal, "la sobrecotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional MEI se duplica en esta reforma y se extiende más años", lo que junto a la nueva cuota de solidaridad, les hace denunciar que "esta segunda fase de la reforma hace recaer el esfuerzo en empresas y trabajadores, aumentando los costes laborales a las primeras y perjudicando los salarios de los segundos. "Es una reforma profundamente regresiva, y aunque no lo digan, supone trabajar más años para cobrar menos pensión", critica Santos.

Gran desequilibrio entre subida de bases y de pensión

La reforma de Escrivá incluye el ya anunciado destope de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima, pero a un ritmo claramente desfavorable a la cuantía de la pensión futura. 

En detalle, y según los planes del Ministerio, las bases máximas de cotización subirán entre 2024 y 2050 el IPC anual, más una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales, lo que en la práctica significa un aumento acumulado del 38% hasta 2050.

Paralelamente, también subirá la pensión máxima, aunque no al mismo ritmo. Lo que se sabía hasta ahora es que el Gobierno había propuesto que la pensión máxima se revalorizara cada año del periodo 2025-2050 con el IPC anual, más una subida adicional de 0,115 puntos porcentuales acumulativos cada año hasta 2050, lo que supondrá un alza aproximada del 3%.

Según considera el economista Miguel Ángel Bernal, el aumento de las cotizaciones a los sueldos más altos "busca aumentar la financiación del sistema de la Seguridad Social. Lo que se quiere es aumentar las bandas de cotización, llevando el máximo hasta los 70.000 euros. Pero el problema es que esa mayor cotización no va acompañada de una subida de la pensión en igual proporción. La subida sería del 20%-30% de la base de cotización, mientras que el incremento de la pensión sería más modesto, entre el 15%-20%, y se llevaría a cabo de modo gradual en el tiempo". 

Más cotizaciones, y aun así, "ingresos insuficientes"

El catedrático de Economía y presidente del Foro de Expertos del Instituto Santalucía, José Ignacio Conde-Ruiz (@conderuiz), critica el "pobre debate sobre las pensiones en España, que propicia que haya quien crea que la subida de cotizaciones anunciada va a garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social, cuando recaudará un máximo de 15.000 millones, y tan solo la última revalorización de las pensiones ya aumentó el gasto en 16.000 millones".

Este experto es contundente al denunciar que la reforma propuesta por Escrivá "aumenta el gasto por primera vez en la historia desde los años ochenta del siglo pasado. Es la primera vez en la que una reforma de las pensiones da como resultado un aumento del gasto y, por la parte de los ingresos, el impacto es claramente insuficiente, pues estamos hablando de menos de 15.000 millones. Así las cosas, son medidas insuficientes, sin calado, que no garantizan la sostenibilidad".

Conde-Ruiz lamenta asimismo que esta segunda fase de la reforma contiene "medidas distorsionantes, que además dañan la justicia intergeneracional, ya que el Gobierno ha renunciado a tomar decisiones drásticas que harían falta para adaptar el sistema a la nueva longevidad".

A su vez, José Antonio Herce (@_Herce), doctor en Economía, socio fundador de LoRIS Retirement y patrono de la Fundación AGE, es muy crítico con la reforma en curso, porque "ninguna medida que se vaya a adoptar ahora va a allegar recursos netos suficientes para la sostenibilidad del sistema. Ninguna, ni a corto ni a medio ni a largo plazo". Sostiene asimismo que algunas medidas son distorsionantes, en particular, "el aumento relevante de los ingresos por cotizaciones, que evite ajustar las pensiones, es una propuesta inesperada y que va a extraer muchos recursos del bolsillo de los trabajadores, tanto en términos de salario neto (a medio plazo todas las cotizaciones las pagan los salariados) y/o en términos de menores empleos. Es una propuesta muy distorsionante del mercado de trabajo, que además encarece la contratación de talento".

Herce insiste en que falta que el Gobierno realice un análisis técnico del impacto de las medidas de reforma propuestas, y, como recuerda en su artículo Son habas contadas, critica que en España "no nos tomamos en serio las pensiones. Y quienes dicen defenderlas, a la vista de los resultados, son, de hecho, quienes menos las respetan. La lucha contra la desigualdad y la pobreza no debe acometerse desde el sistema de pensiones, sino desde los Presupuestos Generales del Estado, para trabajadores, pensionistas y resto de ciudadanos. Pedirle a la Seguridad Social que haga lo que no hemos querido hacer en el sistema formativo y en el sistema laboral y productivo solo sirve para hundir a la primera, lo que arrastrará a todo lo demás".

Menor nómina neta para los trabajadores

Para Robert Meneu, director del Departamento de Matemáticas para la economía y la empresa, en la Universidad de Valencia (@UV_EG), la subida de cotizaciones a través de los tres mecanismos (MEI, subida de la base máxima de cotización por encima del IPC y cuota de solidaridad), "supone un aumento del coste laboral para las empresas y una menor nómina neta para los trabajadores, que es suave en la mayoría de los casos y más fuerte en el caso de trabajadores con salarios por encima de la base máxima y en empresas que tienen en nómina a estos trabajadores. A su vez, el aumento del coste laboral implicará menor demanda de trabajo por parte de estas empresas, tal vez mayor economía sumergida en el pago a trabajadores con salarios altos, acuerdos entre empresas y este tipo de trabajadores para sustituir aumentos salariales sujetos a cotización por otra clase de incentivos no sujetos a cotización, etc."

Según cálculos realizados por este experto, si el número de afiliados y sus salarios no se vieran afectados por el aumento del coste laboral, el "aumento de ingresos por cotizaciones sería del 0,7% del PIB, desglosados en MEI (0,4%), destope base máxima (0,2%) y cuota de solidaridad (0,1%). Todo ello, con la reforma totalmente implantada. Este efecto sería a nuestro juicio un valor máximo. En cualquier caso, aunque suban los ingresos, no asegurará la sostenibilidad del sistema".

A juicio de Pau Monserrat (@pmonserrat), economista y profesor asociado de la UIB y CEO de Futurfinances.com, no se trata de una reforma en serio, sino de un parche que no va a lograr recortar el gasto en pensiones respecto a lo que tenemos hasta ahora. Le parece lógico que los empresarios protesten, porque "la gran parte del 0,6% de coste extra en cotización por el MEI, lo asume la empresa (paga el 0,5% de sobrecotización) y el trabajador, solo el 01%. Por tanto, ya desde este año, el Gobierno hace pagar a los empresarios casi todo el coste salarial para financiar las pensiones. Y lo mismo sucederá cuando se duplique la cotización, y del 0,6% se pase al 1,2%"

Ahora bien, advierte de que este coste lo van a pagar los trabajadores nuevos, con rebajas de su sueldo neto, puesto que es de prever que las empresas les reduzcan el neto para compensar el alza de cotizaciones. Monserrat expone asimismo el peligro de reformar el sistema actuando solo por la vía de aumentar los ingresos: "Hay que arbitrar también medidas para reducir los gastos, y esto no se hace en el plan de Escrivá, ya que la aparente extensión del periodo de cómputo no disminuirá en términos reales el coste de las pensiones".

Fedea: "La pensión máxima, cuasi congelada"

Un déficit básico (antes de transferencias) "elevado y rápidamente creciente durante las próximas décadas" es lo que provocará  la reforma de pensiones en curso, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), lo que exigirá "cuantiosas y crecientes aportaciones de recursos generales que podrían dejar poco margen para otras prioridades", expone su director ejecutivo, Ángel de la Fuente.

La fundación critica que las bases máximas de cotización a la Seguridad Social experimentarán un incremento acumulado del 38% en términos reales (tras ajustarlo por la inflación), mientras que las pensiones máximas sufrirán una "cuasi congelación", pues su subida acumulada hasta 2050 será del 3,15%, ambos incrementos medidos a precios constantes.

De la Fuente pronostica igualmente que, con el modelo dual de cálculo de la pensión inicial (25 años cotizados o 29 años excluyendo los dos peores), aumentará el gasto" del sistema, pues sólo optarán por el cómputo más largo a quienes beneficie porque con él perciban una pensión más alta. Y detalla que la subida de los tipos de cotización en un 1,2% ligada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), no aportará lo necesario para compensar el incremento esperado del gasto.

Hace unos días, el director ejecutivo de Fedea ya había criticado la creación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, puesto que "no es un mecanismo y no contribuye a la equidad". A su juicio, "se trata de una subida transitoria a las cotizaciones. Una vaga promesa de que, si en su momento hace falta hacer algo más, ya lo haremos".

Lorenzo Amor (ATA): "Más impuestos y menos pensión"

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata), cree que la reforma Escrivá es "un hachazo", que "allanará el camino a la economía sumergida" y que de ningún modo garantiza que las pensiones sean sostenibles. A falta de examinar completamente el borrador presentado por el Ministerio, asegura que solo ven "voracidad recaudatoria" por parte del Estado y una reforma que obligará al cotizante a "pagar más impuestos y cobrar menos pensión".

El presidente de los autónomos se ha mostrado particularmente crítico con la cuota de solidaridad que ha planteado el Gobierno como parte de la reforma para mejorar los ingresos del sistema, y que pagarán los sueldos altos (1% del salario que exceda del tope en 2025 y aumento anual de 0,25 puntos hasta el 6% en 2045).  Para Amor, se trata de "un impuesto enmascarado en cuota de solidaridad" y ha cuestionado que se considere "ricos" a "aquellos que cotizan por 4.495 euros y a lo mejor llegan a su cuenta 3.000 euros. Es el colmo del despropósito".

Los sindicatos apoyan el alza de cotizaciones

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha adelantado este lunes que los sindicatos no van a poner "impedimentos" al proyecto de reforma de las pensiones, porque existe acuerdo "en los temas esenciales", entre ellos en que, "por primera vez en la historia de la Seguridad Social, en lugar de financiarla recortando pensiones, lo que se apuesta es por ingresar más dinero y, también por primera vez, no hay un retroceso para los pensionistas, actuales y futuros".

El líder de UGT afirma que la propuesta prevé "equilibrar" las pensiones a 2048 mediante dos elementos: las transferencias del Estado para cubrir los pagos que no le corresponden a la Seguridad Social y el aumento de la recaudación vía destope de las cotizaciones máximas, uno de los puntos con los que las patronales se han mostrado contrarios. En este sentido, ha recordado que España sigue siendo un país "infinitamente más competitivo que otros de su entorno porque los costes laborales son bajos".

Os dejo la entrevista en @LaHoraTVE
🗣️Con @_marcsala y @SIntxaurrondo abordando sobre todo la reforma de las pensiones.
✍🏻 #LHUnaiSordopic.twitter.com/n5bQMAwyJh

— Unai Sordo (@UnaiSordo) March 13, 2023

Por su parte, Unai Sordo, secretario general de CCOO, defiende que "las cotizaciones sociales no son un impuesto. Forman parte de las rentas del trabajo, por lo que cuando las empresas realizan el ingreso de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social, lo hacen en nombre de sus trabajadores, y pueden considerarse salario propiamente dicho. Con ese salario diferido se generan derechos de pensión futura. Incrementar esa cotización no es reducir salario, es mejorar la financiación de un sistema que no tiene por qué nutrirse en exclusiva de cotizaciones. Por lo tanto, no es insostenible per se, se pongan como se pongan".