Los retos de Escrivá para bajar el déficit de la Seguridad Social sin perjudicar a los pensionistas

Primera medida del Gobierno de coalición: sube las pensiones un 0,9%

¿Cómo afecta la subida del 0,9% de las pensiones al bolsillo de los pensionistas?

Sánchez cumple con lo mínimo y pasa la pelota de las pensiones al Pacto de Toledo

 

El déficit de la Seguridad Social ronda el 1,5% del PIB al cierre de 2019 (en 2018 fue del 1,4%, en concreto, 17.369 millones de euros) y el Fondo de Reserva de las pensiones está casi vacío, con lo cual, no es de extrañar que una de las primeras promesas del recién nombrado ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (@joseluisescriva), sea la de cerrar de forma “rápida y efectiva” el desequilibrio del sistema.

Existe consenso entre economistas, expertos e institutos de análisis en que el hoy ministro ha realizado al frente de la AIREF (@AIReF_es), su puesto anterior, análisis bien fundamentados, recomendaciones que incluso algunas de ellas se han incorporado como línea de trabajo al Pacto de Toledo. Es un defensor del sistema público de pensiones y se ha declarado en numerosas ocasiones optimista respecto a su sostenibilidad.

Este miércoles, el mismo día que el BOE publicaba el Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero (de revalorización y mantenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social), por el que las pensiones suben el 0,9%, el director de BBVA Research y economista jefe de Grupo BBVA, Jorge Sicilia, destacaba del nuevo ministro su "perfil técnico contrastado" y su "valor profesional elevado". Los peros que confiesan algunas asociaciones de pensionistas se refieren a ciertas medidas que Escrivá ha defendido en el pasado. Y es que la mayoría de los retos y deberes que tiene como ministro se los ha marcado el propio Escrivá cuando presidía la AIREF.

Desafíos en pensiones para esta legislatura... y más allá

Fuentes del Ministerio han explicado a 65Ymás que la labor del ministro está ahora centrada en construir el propio Ministerio de Inclusión, “ardua labor, especialmente teniendo en cuenta que llevamos apenas tres días trabajando”. La única confirmación de los planes de Escrivá son los que él mismo esbozó en su toma de posesión, donde adelantó que perseguiría tener una visión transversal e integrada del conjunto del sistema de pensiones, "incluida una reflexión sobre el sistema de previsión social complementaria". Su objetivo básico es "reforzar la solvencia del sistema de pensiones y dar certidumbre a pensionistas y trabajadores a corto, medio y largo plazo. Garantizaremos la actualización de las pensiones conforme al IPC (...). El instrumento principal para lograr estos objetivos ha de ser un consenso entre fuerzas políticas y agentes sociales".

 

 

A falta de mayor concreción oficial, algunos de los desafíos para este año, esta legislatura y más allá en el tiempo, son los siguientes: 

1.- Atajar el déficit de la Seguridad Social de forma “rápida y efectiva”, según prometió el ministro Escrivá en su toma de posesión. 

2.- Retomar el Pacto de Toledo de manera inmediata para lograr consensos políticos y sociales de cara a la reforma del sistema público.

3.- Reforzar las vías de financiación de la Seguridad Social.

4.- Posible aumento de la edad de jubilación efectiva a los 67 años (ahora la edad real es de 64 años) y estudiar retrasarla más allá de los 67 oficiales. 

5.- Reorganizar los gastos impropios de la Seguridad Social trasvasando algunos al Estado (para recortar el déficit).

 6.- Avanzar en el periodo de cálculo de las pensiones hasta contabilizar toda la vida laboral, frente a los últimos 25 años que fija la reforma de 2011

7.- Impulsar la previsión social complementaria, especialmente los planes de pensiones de empresa.

8.- Mecanismos para afrontar el shock de la jubilación del baby-boom.

9. Reordenar viudedad, no contributivas, dependencia...

10. Analizar cambios estructurales vía cuentas nocionales, mochila austriaca, autoenrolment británico...  

¿Subir impuestos, traspasar gastos?

A corto plazo, eliminar el déficit de la Seguridad Social como pretende el ministro exigiría una subida de impuestos, "pero no solo a los ricos, sino a una base amplia de contribuyentes; aumentar el IVA y también el IRPF. Esta recarga impositiva debería ser a corto plazo, transitoria, y recaer menos en las cotizaciones y más vía impuestos a la renta y al consumo", según el economista José Antonio Herce (@_Herce), director asociado de Analistas Financieros Internacionales (AFI). A medio y largo plazo, asegurar la viabilidad del sistema público exige "poner en marcha medidas estructurales, que solo pueden tomarse llegando a amplios consensos políticos y sociales, ya que algunas de las medidas son impopulares", afirma Herce. 

El pasado mes de octubre, el ahora ministro José Luis Escrivá, cuando presidía la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), propuso trasladar al Estado parte de los gastos no contributivos de la Seguridad Social. ¿Cuánto supondría esta eventual medida? Según cálculos realizados por la AIREF a primeros de 2019, alrededor de 7.000 millones anuales (unos 4.000 millones que se van en pagar gastos de funcionamiento, 2.000 millones en reducciones a la cotización y otros 1.000 millones por subvenciones implícitas a regímenes especiales).

Sobre este eventual trasvase de gastos, el profesor Herce explica que se pueden reordenar las prestaciones, "decidiendo por ejemplo pasar viudedad a los Presupuestos Generales del Estado, pero eso trasladaría el deficit de la Seguridad Social al del Estado, es decir, no sería un modo real de ahorrar recursos al Estado. 

 

 

Acabar con el déficit del sistema es imperativo, no solo para cumplir los compromisos con Bruselas, sino porque el simple hecho de pagar las extras de Navidad y de verano ha llevado a los sucesivos Gobiernos a vaciar el Fondo de Reserva. A finales de diciembre, la denominada hucha de las pensiones tenía 2.150 millones de euros, frente a los más de 66.000 millones que llegó a disponer en 2011 y a pesar de que el último Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado varios préstamos para no dejar el Fondo a cero.

Para lograr una Seguridad Social sostenible es necesario "lograr un gran pacto nacional por las pensiones entre las principales fuerzas políticas para actuar en al menos tres dimensiones con distintas implicaciones sobre las generaciones", explica el subdirector del think tank Fedea (@socialfedea), José Ignacio Conde-Ruiz (@conderuiz). En primer lugar, la reforma debería afectar lo menos posible a los actuales jubilados, "porque ya no tienen capacidad para adaptar sus decisiones de ahorro y empleo a los cambios". El directivo de Fedea propone "transformar el sistema de pensiones en uno de cuentas nocionales, que sea flexible y permita que los trabajadores que lo deseen alarguen su etapa laboral, y así evitar la caída en su pensión inicial".  

Costes de ligar la revalorización al IPC

Según cálculos realizados por el economista experto en pensiones José Antonio Herce, el coste de indiciar la pensión al IPC en un punto porcentual sería de 1.366,38 millones en un año, de 68.318,76 millones en diez años y de 136.637,51 al cabo de veinte años. En el caso de lo sucedido en 2020, con un aumento general del 0,9%, el coste extra para las arcas de la Seguridad Social asciende a 1.229,74 millones en un año, que se habrían convertido en 61.486,88 millones en diez años y al cabo de veinte años serían 122.973,76 millones de euros.

Y si el cálculo se realiza con un índice del 0,65% (la diferencia entre el 0,9% aprobado este año y el 0,25% establecido en la reforma de 2013), encontramos que el coste extra de la revalorización de este año ha sido de 888,14 millones más que si la pensión se hubiera ajustado con arreglo al IRP del 0,25%.

Para Manuel Álvarez (@manuelalvarezrd), secretario general de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen @OCOPEN_), vincular la actualización al IPC es "una medida sensata porque la gente no puede ir depreciando su pensión, viendo cómo la inflación le come la pensión. Pero hay que tener muy claro que ni los países más potentes del mundo establecen una revalorización automática de las pensiones; es decir, puede ser automática en los años de ciclo económico positivo, pero no cuando el Estado tiene que apretarse el cinturón". Y detalla que uno de cada tres euros del sector público se va en pensiones. "Este año habrá 10 millones de pensionistas, que todos los meses entre todos cobrarán 10.000 millones de euros en 14 pagas", cuantifica Álvarez. 

Cuantía de las pensiones en 2020

Tal y como especifica el Real Decreto-ley 1/2020, publicado en el BOE este miércoles, la pensión máxima en 2020 queda en 37.566,76 euros anuales (2.683,34 euros al mes), mientras que la mínima de jubilación contributiva con cónyuge a cargo es de tan solo 11.807,60 euros anuales, tras la subida del 0,9% aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Un importe parecido a esta última tiene la pensión mínima de viudedad con cargas familiares: 11.069,80 euros al año.

 

El presidente, Pedro Sánchez, tras la rueda de prensa tras el Consejo de MInistros del martes.

 

En cuanto a las pensiones no contributivas, percibirán 5.538,40 euros anuales (el complemento de pensión para el alquiler de vivienda: 525 euros anuales).

Este real decreto fija asimismo el límite de ingresos para tener derecho a cobrar el complemento económico por mínimos en la modalidad contributiva: 7.638,00 euros al año sin cónyuge a cargo y 8.909,00 euros al año con cónyuge a cargo.

¿Nueva vuelta a la edad de jubilación?

Para reducir el gasto en pensiones, ayudar a rebajar el déficit y aligerar la cohorte de nuevos pensionistas, una de las medidas que economistas, expertos y el Banco de España casi siempre ponen sobre la mesa es retrasar la edad de jubilación. El ahora ministro Escrivá la ha defendido en su anterior cargo en la AIREF: incrementar la edad de jubilación real a los 67 años, lo que corregiría “más de la mitad del problema de gasto". También hace meses proponía continuar avanzando en el periodo de cálculo de las pensiones hasta tener en cuenta toda la vida laboral, frente a los últimos 25 años que fijó la reforma de 2011. Según el ministro, esta medida permitiría subsanar una "parte importante" del problema.

La edad de jubilación es algo que levanta ampollas entre pensionistas y sindicatos, así como algunas medidas propuestas por Escrivá en el pasado. Por ejemplo, Anatolio Díez, secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de UGT-UJP (@UJP_UGT), afirma que "estamos vigilantes sobre las posibles medidas de reforma que pueda anunciar el nuevo ministro, ya que cuando era presidente de la AIREF, hizo recomendaciones al Gobierno que chocan totalmente con las propuestas del PSOE y de UP en sus programas electorales". Díez aclara que "coincidimos con Escrivá por ejemplo en la posibilidad de reordenar los gastos de la Seguridad Social, pero para nada estamos de acuerdo con otras medidas como subir la edad efectiva de jubilación a los 67 años o el aumento de la carrera de computo para el importe de la pensión más allá de los 25 años". 

El planteamiento de esta federación sigue intacto: "reclamar medidas fundamentales como la subida del IPC real, la desaparición del factor de sostenibilidad, la derogación de la reforma de 2013 y un tema clave es que no puede haber ninguna pensión por debajo del umbral de pobreza".

Planes de pensiones de empresa

Expertos del mundo de los seguros y de la previsión social complementaria reclaman llegar a consensos amplios para la reforma de las pensiones, e impulsar de modo decidido los planes de pensiones de empresa. Así lo recalca Manuel Álvarez, secretario general de Ocopen, para quien los retos más urgentes son “intentar atajar el déficit de la Seguridad Social, que alcanza el 1,5% del PIB y eso ya inquieta en Bruselas. Además, es prioritario retomar las negociaciones del Pacto de Toledo. Y, por supuesto, introducir mejoras consensuadas en el Parlamento para ir desarrollando una reforma del sistema público”. En el Pacto de Toledo se contemplaba una recomendación específica, que Ocopen defiende como positiva, y que se refiere al desarrollo de la previsión social complementaria a través de empresas, con un sistema que sea eficiente, con gastos bajos y posibilidad de dar una rentabilidad interesante para los partícipes.

También el economista José Antonio Herce apuesta por desarrollar la previsión complementaria. "El Pacto de Toledo no tiene un compromiso real con el desarrollo del segundo pilar, aunque lo menciona, pero en España poca gente cree en el pilar de la previsión mediante planes de empresa. El mecanismo británico del autoenrolment es un gran ejemplo a seguir, pero también están la experiencia de EEUU, Suecia, Australia. Ya nos va tocando, creo que 2020 debe ser el año del despegue del segundo pilar".

Aumentar las mínimas, ¿cómo y cuándo?

La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP @MayoresUDP) considera positiva la subida de las prestaciones aprobada por el Consejo de Ministros pero apunta que no debe quedarse en una sola medida y exige que se aprueben "otras muchas medidas para asegurar la sostenibilidad de las pensiones y el poder adquisitivo de todas los pensionistas y jubilados, presentes y futuros. Muchas de ellas han sido rubricadas en el acuerdo alcanzado por PSOE y Unidas Podemos, que incluye por ejemplo eliminar por ley el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de Pensiones del 0,25% previstos en la Ley 23/2013", señalan en un comunicado. 

Tal y como Paca Tricio (@paca_tricio), presidenta de la UDP, explicaba recientemente a 65Ymas, otros de los retos son “permitir la compatibilización de las pensiones con el empleo post-jubilación, garantizar una subida anual según el incremento del IPC e igualar las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Es necesario alcanzar una solución permanente que impida poner en cuestión las pensiones, un blindaje que las proteja de forma efectiva en la Constitución". Para ello, urge a “reactivar el Pacto de Toledo y sumar también a sus reuniones a representantes de las personas mayores a través de sus asociaciones mayoritarias”.