Retos del nuevo gobierno en pensiones: IPC, edad de jubilación, retiro parcial y los 'boomer'

Reforma de las pensiones 2023: fecha en la que entra en vigor cada medida

'Baby boomer' y mayor esperanza de vida dispararán la cifra de pensiones a 15 millones

BOE 17/03/2023: Lee íntegro el Real decreto-ley de reforma de las pensiones

 

El Gobierno que pilote España durante los próximos 4 años de Legislatura afrontará retos muy relevantes en pensiones: algunos tradiciones y otros nuevos, derivados de las dos recientes fases de reforma del sistema de Seguridad Social, diseñadas por el ministro José Luis Escrivá y aprobadas por el Congreso de los Diputados.

Por una parte, la segunda fase de la actual reforma de pensiones, que entró en vigor el 1 de abril de 2023, establece varias medidas que se desplegarán de modo efectivo en 2024, 2025 y 2026.Y, por otra parte, el 1 de enero de 2027 finaliza el periodo transitorio establecido en la reforma de 2011, del Gobierno de José Luis Zapatero, lo que significa que en el último año de mandato del próximo ejecutivo ya empezará a regir de lleno la edad legal de jubilación de 67 años (y factible a los 65 si han cotizado 38 años y 6 meses) .

De entrada, los programas electorales de PSOE y PP han vuelto a sacar a la palestra la revalorización, es decir, el poder adquisitivo de los jubilados, aunque de forma muy diferente, cuando este asunto parecía zanjado, pues la reforma Escrivá establece que las pagas subirán cada año en función del IPC medio anual (y así se ha hecho en 2022 y 2023).

¿Qué han propuesto los socialistas y los populares durante la campaña? Por el PP, Alberto Núñez Feijóo anunció que su gobierno garantizaría el poder adquisitivo en el marco del Pacto de Toledo, lo cual abre la especulación sobre un eventual cambio en el modo de revalorizar las pensiones. No obstante, en su debate cara a cara con Pedro Sánchez, el líder del PP afirmó que las actualizaría con la inflación, sin más detalles. Hay que recordar que en octubre de 2022, Feijóo aseguraba estar "mucho más próximo en pensiones al primer ministro de Portugal, Antonio Costa, que a Pedro Sánchez". Por aquel entonces, el Gobierno luso estudiaba un alza media de las pensiones del 4% y una limitación para las más altas del 3,5%.

Por parte del PSOE, Pedro Sánchez, abrió el melón del blindaje constitucional de las pensiones, con un programa electoral en el que plantea enmendar la Constitución, para declarar las pensiones como derecho inalienable de los españoles, de forma que sean intocables ante cambios en el gobierno.

Con independencia del color político, la revalorización anual seguirá siendo asunto de Estado, por el fuerte aumento del gasto que conlleva, y por la firme defensa de jubilados y pensionistas a dicha subida, que consideran un derecho indiscutible.

A vueltas con la edad de jubilación

La edad de jubilación es un Guadiana que permea el sistema de pensiones de España. La última vez que se retrasó fue en 2011, por parte de Zapatero, que estableció un calendario progresivo para llegar hasta 2027, cuando regirán los 67 años (y se permitirá los 65 si se han cotizado 38 años y medio). El gobierno saliente afirma que no habrá cambios obligatorios, si bien pretende ampliar los incentivos para que el trabajador retrase voluntariamente su retiro.

Sin embargo, parte de los empresarios que aúpan al PP y la gran mayoría de los expertos y organismos como Banco de España, Funcas, FEDEA, etc, sostienen que la edad legal debería ajustarse a la longevidad y al envejecimiento de la población. Recientemente, el Círculo de Empresarios planteó extender la jubilación voluntaria a los 72.

El PSOE suscribe que no es necesaria una ampliación de la edad legal, pero sí nuevos incentivos para que los trabajadores vayan acogiéndose cada vez más tarde a la pensión. Y su eventual socio, Sumar, reclama facilitar la jubilación anticipada a determinados colectivos, sobre todo mujeres.

Empieza el retiro masivo de los 'boomer'

En la actualidad, ya ha comenzado la jubilación de los boomer a cuenta gotas, de forma anticipada, voluntaria o involuntaria, pero desde 2025 sus jubilaciones empezarán a ser masivas, puesto que todos aquellos nacidos en 1960 cumplirán 65 años, y en 2030 estarán en la parrilla de salida laboral cientos de miles de trabajadores que vinieron al mundo en 1965. La inmensa mayoría podrá retirarse a los 65 años (con el 100% de pensión) o a los 63 (con un recorte) porque acumularán los 38 años o más de cotizaciones que la Ley actual marca.  

Precisamente, el proceso de envejecimiento y la jubilación inminente de la generación del baby boom es el reto más decisivo de España, pues el número de pensiones se elevará desde los 10 a los 15 millones, con una tasa de carecimiento medio anual del 1,5% en el periodo 2025-2048.

2024: subirán más del IPC las pagas mínimas y no contributivas 

Mantener o enmendar la senda de subida de las pensiones mínimas contributivas y las no contributivas es otro desafío para el próximo ejecutivo español. Si atiende a lo que dicta la reforma de pensiones en vigor, irán subiendo entre 2024 y 2027 de manera progresiva, por encima del IPC, y desde el 1 de enero de 2027 no podrán ser inferiores al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos. 

Las pensiones no contributivas deberán crecer también por encima de la revalorización media, hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal. Falta por saber cómo se concretarán las proyecciones del Ministerio de Seguridad Social, según las cuales, experimentarán en los próximos cuatro años un incremento del 22%, con lo cual, pasarían desde 6.800 euros al año actuales, hasta 8.300 euros en 2027.

Otra subida comprometida, que debería asumir el próximo gobierno, afecta al complemento de brecha de género, que ha de subir un 10% adicional en 2024 y 2025.

Impulsar jubilación parcial, demorada y activa

Otro gran desafío para los próximos 4 años es reformar la jubilación parcial para mejorar la compatibilidad entre pensión y trabajo, preservar la calidad del empleo de los relevistas, y equilibrar el coste que esta modalidad de pensión tiene para la Seguridad Social. Ahora mismo, puede iniciarse después de los 60 años para compaginar el retiro con un contrato de trabajo a tiempo parcial y puede estar vinculada o no a un contrato de relevo celebrado con un trabajador en situación de desempleo o que tenga concertado con la empresa un contrato de duración determinada.

El ministro Escrivá y los sindicatos de la Mesa de Diálogo Social, UGT y CCOO, quieren fomentar este sistema, con flexibilidad tanto para la salida anticipada de la empresa, como para el alargamiento voluntario de la edad de jubilación efectiva. 

Igualmente, otro reto para la siguiente Legislatura es mejorar la jubilación activa, que en estos momentos casi únicamente la escogen los autónomos, porque la ley les permite cobrar el 100% de la pensión y obtener rentas salariales ilimitadas, siempre que contraten a un empleado por cuenta ajena. Al resto de trabajadores, esta fórmula les faculta a cobrar tan solo el 50% de la pensión.

Rellenar la 'hucha' y ¿mantener el MEI?

Ante el desafío de la jubilación de los boomer, el ministro Escrivá ha optado por una reforma que amplía los ingresos del sistema, mediante varias subidas de cotizaciones (a pagar por empresarios y trabajadores), la más importante de las cuales es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), con el que ya este 2023 se ha empezado a rellenar la hucha de las pensiones. Si gobierna Sánchez, se compromete a aportar unos 5.000 millones de euros anuales.

El PP no ha hablado de la hucha durante la campaña, aunque sí votó en contra del MEI, y en numerosas ocasiones sus líderes han anunciado su intención de rebajar impuestos y reducir las cotizaciones a empresarios, trabajadores por cuenta ajena y autónomos.

Hay que recordar que la sobrecotización del 0,6% vinculada al MEI se ha iniciado en 2023, y la Ley de reforma indica que subirá hasta el 1,2% en 2029, a un ritmo de una décima por año y con la siguiente distribución: 1% a cargo de la empresa y 0,2% a cargo del trabajador.

Si el nuevo gobierno es continuista, y respeta la Ley vigente, esta sobrecuota se mantendría en 1,2% de 2030 a 2050 y podría aumentar automática, si el gasto en pensiones supera el 15% del PIB. Ahora bien, si gobierna el PP, ya ha anunciado que, como mínimo, reducirá las cotizaciones del MEI, así como las cuotas para los autónomos.

'Mochila' austriaca, solo si el PP gobierna

Un gobierno del PP resucitaría como una de sus medidas estrella la polémica mochila austríaca. Así lo avanzó su presidente ante empresarios, directivos y dirigentes del partido, y lo incluye su programa electoral. Aunque no lo llama de ese modo, establece que implantará "cuentas individuales portables para los trabajadores", que puedan usarse ante diversas contingencias de su vida laboral.

En la práctica, las cuentas individuales equivalen a lo que se conoce como mochila austriaca, un fondo de capitalización nacido en 2003 en el país que le da el nombre y que se nutre de las aportaciones por parte del empresario de una parte del salario bruto de cada empleado. En el caso de que el trabajador sea despedido no percibe una indemnización, sino que se lleva ese fondo consigo, y si nunca es despedido, se convierte en ahorro para la jubilación.

Esta fórmula ha sido mal vista tradicionalmente desde la izquierda porque se considera un abaratamiento del despido, y tanto el PSOE como Sumar se oponen rotundamente a ella.

Más cambios legales en 2024, 2025 y 2026

Existen otra serie de medidas que implican cambios y gastos derivados de la reforma de 2023, que un gobierno del PSOE mantendrá, pero que uno del PP podría derogar, habida cuenta de que se han opuesto a ellas en la pasada Legislatura.

Así, en 2024 entrará en vigor la revalorización de las bases máximas y del complemento de la brecha de género en función del IPC. En el caso de las bases máximas, al IPC se le sumará un cuantía fija de 1,2 puntos entre 2024 y 2050, mientras que el complemento de la brecha de género subirá un 10% adicional en el bienio 2024-2025.

En 2025 se despliega la nueva cuota de solidaridad sobre salarios que superen la base máxima, que se aplicará por tramos salariales hasta 2045. Al final de este periodo, el tipo de cotización será del 5,5% para los que tengan un salario comprendido entre la base máxima y un 10% más; del 6% para los salarios que superen la base máxima entre un 10% y un 50%; y del 7% cuando el salario sobrepase la base máxima en un 50%. Esta cuota solidaria no se aplicará a trabajadores autónomos.

Asimismo, en 2025 debería entrar en vigor la subida de pensiones máximas con el IPC anual más un alza extra de 0,115 puntos porcentuales acumulativos cada año hasta 2050, lo que supondrá un subida aproximada del 3%. 

El PP, ¿aceptará 29 años de periodo de cálculo?

En enero de 2026 entrará en vigor una de las medidas de la segunda pata de la reforma Escrivá que más polémica ganeró en su día: la ampliación del periodo de cálculo de la pensión. La reforma en vigor desplegará progresivamente un modelo dual, que permitirá elegir entre los últimos 25 años cotizados o 29 años de cotización, descartando en este caso los dos peores, por lo que en la práctica el cómputo en este segundo caso será de 27 años.

Esta nueva opción se irá introduciendo de manera progresiva, desde 2026 a 2037, año en el que ya quedarán completamente desplegados los 29 años (menos dos).

Un gobierno del PSOE mantendría esta medida, recién aprobada por ellos mismos en coalición con Unidas Podemos, pero no está claro si un eventual gabinete presidido por Feijóo modificaría o ampliaría este periodo de cómputo, pues algunos dirigentes populares han expresado en el pasado su preferencia por tener en cuenta toda la vida laboral del trabajador, para que la pensión resultante sea lo más contributiva posible.

El 'melón' de la jubilación anticipada

Varios colectivos profesionales reclaman el derecho a jubilarse anticipadamente antes de la edad legal, sin perder pensión, o con reducción de los coeficientes penalizadores, siempre que cumplan una serie de requisitos.

En la actualidad, la ley permite a todos los trabajadores retirarse de modo voluntario hasta un máximo de 2 años antes respecto a la edad ordinaria, para lo cual es preciso acreditar al menos 35 años de cotizaciones y que la cuantía de la pensión no sea inferior a la pensión mínima. También es posible jubilarse de modo involuntario hasta 4 años antes de la edad ordinaria, si se poseen 33 años de cotizaciones. En ambos casos, la pensión se ve penalizada.

Existen, sin embargo, profesiones y colectivos que piden jubilarse antes y cobrar el 100% de la prestación, en virtud de sus condiciones específicas de años trabajados, empleos penosos, insalubres, peligrosos o de fuerte desgaste físico y psicológico. Además de los casi 800.000 afectados que representa ASJUBI40 (jubilados anticipados con 40 o más años trabajados), lo reclaman otros colectivos como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, bomberos que prestan servicio en empresas privadas, bomberos forestales, personal funcionario y estatutario al servicio de las administraciones públicas en los sectores sanitario y sociosanitario, cerca de 40.000 enfermeros del sindicato de Enfermería (Satse), conductores de transporte profesionales, conductores de ambulancias, conductores de autobuses, industria siderúrgica, buzos profesionales, etc.

Uno de los colectivos más relevantes en reclamarlo es el de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que reclama al Gobierno la misma "jubilación digna" que tienen los policías autonómicos, con posibilidad de adelantarlo a los 59 años.

Suprimir el déficit y bajar la deuda de Seguridad Social

Pese a las abultadas transferencias del Estado y al nivel récord de los ingresos por cuotas, el déficit de la Seguridad Social sigue sin desaparecer, y entre enero y mayo de 2023 suma 1.022 millones de euros. La entrada de dinero no basta para acabar con el déficit, ya que el gasto en pensiones se ha disparado, drenando mayores recursos de los que llegan al sistema por distintas vías.

El déficit comenzó en 2011, recién llegado Mariano Rajoy, y desde entonces, la Seguridad Social no paró de incurrir en déficits, cada año más abultados: desde los -487,3 millones de euros ese 2011, hasta los -5.812,79 millones en 2012, o los -8.725,36 millones en 2013. Pero lo peor estaba por venir, y en 2014 el déficit aumentó hasta los -13.762,32 millones de euros; en el 2015 se incrementó aún más, hasta -16.530,14 millones; y en 2016 se disparó a -18.536 millones (-1,7% del PIB), récord absoluto. 

En 2023, el sistema de pensiones volverá a sufrir déficit, estimado en -7.199 millones (-0,5% del PIB), pese a que la Seguridad Social se ahorrará 19.888 millones de gastos impropios. En total, entre 2022 y 2023, el Ministerio de José Luis Escrivá se librará de pagar 38.284 millones (gastos que no le correspondían, pero que hasta 2021, incluido, tuvo que costear), pero aun así, el año terminará con desfase en las cuentas, según figura en los Presupuestos del Estado para 2023.

Tan desafiante o más que el déficit, es embridar la deuda de la Seguridad Social, en niveles récord, con 106.170 millones en abril (tan solo dos millones menos que en marzo), después de haberse incrementado el 7% en los últimos 12 meses, según ponen de manifiesto las estadísticas del Banco de España. Se cumplen así seis meses con un volumen de deuda superior a la barrera psicológica de los 100.000 millones, que parecía impensable hace solo unos años. La deuda del sistema de pensiones representa en la actualidad en torno al 7,8% del Producto Interior Bruto (PIB) del país.

Avanzar hacia la pensión compatible 

En todo debate político sobre pensiones subyace el asunto de la compatibilización del cobro de la pensión con el empleo, que los expertos de uno y otro costado cada vez reclaman en mayor medida, asegurando que este debe ser el futuro al que debe caminar el sistema de pensiones español. Es decir, permitir la casi total, si no total compatibilidad entre percibir la pensión y seguir trabajando (y lógicamente, ingresar rentas salariales).

Sus defensores argumentan que dicha medida reforzaría la sostenibilidad del sistema público, puesto que quienes se acojan a ella seguirían cotizando durante más tiempo, por tanto, incrementando los ingresos de la Seguridad Social, y las empresas aprovecharían mejor el talento sénior. 

¿Tendremos auditoría y Agencia de Seguridad Social?

Según la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, el Gobierno, "en el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social".

Además, la norma fija que "dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos". Es decir, el plazo para finalizar la auditoría expiró en julio de 2022, pese a lo cual, un año después, no se conoce el resultado de tal auditoría.

Las últimas noticias sobre la auditoría las ofreció el ministro Escrivá, que en su última comparecencia ante el Pacto de Toledo entregó a la comisión un informe sobre las cuentas de la Seguridad Social, pero cuyo contenido no se ha dado a conocer. Fuentes del Ministerio señalan a 65YMÁS que la publicación del informe corresponde al Pacto de Toledo, no al ministerio. 

 

MEDIDAS PENDIENTES DE LA REFORMA DE PENSIONES 2021

El próximo gobierno tendrá también que poner en marcha (o no) la Agencia Estatal de la Seguridad Social, otro mandato incumplido de la Ley de reforma. Así lo contempla la Disposición final tercera: "En el plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará un proyecto de ley para dar cumplimiento a la disposición adicional séptima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, relativa a la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social, garantizando la simplificación, racionalización, economía de costes y eficacia del sistema de Seguridad Social.

ASJUBI40 y sus recortes perpetuos de pensión

ASJUBI40, la Asociación por la Jubilación Anticipada sin penalizar con 40 o más años de cotización, continúa su lucha contra los recortes de pensión perpetuos que sufren casi 800.000 jubilados, pese a haber cotizado más de 40 años a la Seguridad Social. La razón de esta pérdida en sus pretaciones es haberse jubilado antes de la edad legal, aunque la inmensa mayoría de ellos se vieron obligados, por sufrir paro de larga duración y carecer de ingresos, tras haber sido expulsados del mercado laboral por despidos y EREs. 

Tanto Antonio Matinero, presidente de ASJUBI40, como Santiago Menchero, portavoz de la asociación, y Kike Román, miembro del Comité y responsable de Comunicación, denuncian su enorme decepción con la reforma de pensiones, en su primera y segunda fase, ambas diseñadas por el ministro José Luis Escrivá, y sancionada por los sindicatos UGT y CCOO.

Los representantes de ASJUBI40 Lamentan que tanto Pedro Sánchez como los partidos presentes en el Congreso les han "dejado en la estacada después de prometerles una solución", y avanzan que seguirán luchando en las instituciones comunitarias, donde el Parlamento Europeo ya ha admitido a trámite su Queja contra España por los coeficientes reductores en largas carreras profesionales. 

Otro desafío: cotización de autónomos desde 2026

Los autónomos han estrenado en 2023 un sistema de cotización, pactado por el Gobierno socialista, los sindicatos, la patronal y las organizaciones de autónomos, con una senda de cuotas y bases mínimas en función de rendimientos netos, para el periodo 2023-2025, ambos incluidos.

A partir de 2026, habrá que renegociar las alzas de cuotas, si bien el acuerdo con un ejecutivo socialista se vislumbra complicado, habida cuenta del enfado de la principal organización, ATA, cuyo presidente, Lorenzo Amor, denuncia que "Escrivá ya saquea a los autónomos con 1.800 millones más en 2026 (600 euros más por autónomo), 3.600 millones más en 2029 y 5.400 millones más en 2031". En sus redes sociales, Amor ha expuesto que "los autónomos deberán aportar el 40% de los ingresos adicionales destinados a mantener las pensiones en 2032, a pesar de que su gasto en prestaciones, a día de hoy, apenas si supera el 14% del total del sistema y representan el 16% del PIB". 

Por su parte, si el PP gobierna, su líder, Núñez Feijóo, ha anunciado rebajas de cotizaciones y mejorías en tarifa plana, entre otras medidas para aliviar a los trabajadores por cuenta propia.

Planes de pensiones: aportaciones y liquidez en 2025

Los expertos consultados por 65YMÁS temen que el superfondo de pensiones de empleo de promoción pública, ideado por el ministro Escrivá, no esté operativo hasta finales de 2023. Existen tres hitos para poner en marcha el nuevo sistema, y la gran complejidad de la nueva plataforma digital hace que todo el proceso vaya muy lento, además de que la burocracia (intervienen varios ministerios) ralentiza los avances.

Sí es posible suscribir planes de empleo que se benefician de muchos avances de la ley, como las ventajas fiscales, y hay distintos sectores y organizaciones (Construcción, ATA) que han comenzado a lanzar sus planes de acuerdo con las nuevas normas, y otros (grandes almacenes) que los están negociando.

Además, desde el día 1 de enero de 2025, las aportaciones a planes de pensiones que cumplan 10 años de antigüedad podrán liquidarse libremente, sin justificar el motivo del rescate anticipado, ni demostrar la necesidad económica para sacar el dinero ahorrado. Se trata de una liquidez total de los fondos de pensiones, salvo por el requisito de los 10 años, tal como recoge el Real Decreto 62/2018, por el que se modifica el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios.

Esto significa que, en menos de dos años, se podrán recuperar tanto las aportaciones como los rendimientos del fondo de pensiones. En la práctica, esto significa que el titular de un plan de pensiones podrá rescatar en 2025 todo lo que haya ingresado hasta 2015, así como la rentabilidad que le haya generado la inversión. Del mismo modo, en 2026, podrá retirar las aportaciones y rendimientos efectuados hasta 2016. Y así, cada año, sucesivamente se podrán efectuar rescates conforme el dinero depositado en el plan vaya cumpliendo diez años.

La industria de la previsión social (INVERCO, UNESPA, OCOPEN...) reclama dar marcha atrás, limitando las extracciones de capital, y alerta del peligro de hundimiento de los planes de pensiones como fórmula de ahorro para la jubilación.