Retos de Saiz: la caja única de las pensiones y pagar el retiro de los 'boomer' sin hacer ajustes

Elma Saiz subirá las pensiones mínimas más del IPC y reformará jubilación anticipada y parcial

Legado Escrivá: subir las pensiones con el IPC, activar la 'hucha' y plácet de la UE a la reforma

Reforma de las pensiones: a quién beneficia y quiénes salen perjudicados

La socialista navarra Elma Saiz ha recibido de manos de su predecesor, José Luis Escrivá, la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y con ella, una reforma de pensiones encarrilada, que cuenta con el beneplácito de la Comisión Europea, y con la inmensa mayoría de las medidas desplegadas, si bien algunas echarán a andar, de manera efectiva, el 1 de enero de 2024.

Hereda una reforma de pensiones que se ha realizado en dos etapas: la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, y el posterior Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo; normas que establecen la garantía del poder adquisitivo de los pensionistas, mediante la revalorización anual en función del IPC, y el mayor incremento de las pensiones mínimas y no contributivas. Saiz hereda también un nuevo régimen de autónomos (desde 2023, están obligados a cotizar por sus rendimientos netos), un incremento gradual de las bases de cotización y de las pensiones máximas, y una progresiva subida anual de las cotizaciones, en virtud del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Pasa a gestionar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la hucha de las pensiones, que se compromete a rellenar (terminará 2023 con 5.500 millones de euros).

Junto a esa herencia, la nueva ministra afronta dos grandes retos, que pondrán a prueba las costuras de su ministerio y de la propia reforma en marcha. Por una parte, tendrá que defender la integridad de la caja única de las pensiones, en solfa tras el acuerdo entre el PSOE y el PNV, por el cual se procederá, en el plazo de dos años, a transferir al País Vasco la gestión de la Seguridad Social. Esta cesión también la ha pedido Geroa Bai para Navarra (la formación reclama "la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y de las prestaciones y subsidios de desempleo"), y el temor de numerosos expertos es que otras autonomías pidan asimismo un trozo de Seguridad Social.

📹 Puedes escuchar aquí las palabras de la ministra@SaizElma, tras recoger la cartera ministerial de manos de @joseluisescriva pic.twitter.com/c0ksOacqSe

— Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones (@inclusiongob) November 21, 2023

Todos los españoles y CCAA, iguales en pensiones

Aunque, en su toma de posesión, la ministra ha negado el riesgo de ruptura de la caja única, los temores a abrir esa peligrosa caja de Pandora subsiste en el ambiente, tal como advierten cinco asociaciones de funcionarios de la Seguridad Social, entre ellas Atass que denuncian que "la cesión o transferencia a las comunidades autónomas de cualquier aspecto relativo a la gestión o ejecución en materia de Seguridad Social vulneraría las garantías constitucionales y los principios de caja única y solidaridad financiera, así como el de igualdad todos los españoles, con independencia del territorio donde residan".

Por otra parte, la ministra tendrá que hacer frente al desafío inédito de la masiva jubilación del baby boom, que comenzará ya en 2025 y supondrá un fuerte incremento del gasto en pensiones. Precisamente, estos retiros multitudinarios, junto con el efecto acumulativo de las revalorizaciones anuales de las pensiones con el IPC, y el aumento extra de las pagas mínimas y no contributivas entre 2024-2027, exigirán enormes desembolsos de dinero, que los expertos del Banco de España, de FEDEA, incluso de la OCDE, advierten de que España no podrá pagar sin adoptar nuevas medidas de ajuste.

Otro desafío: suprimir el déficit y frenar la deuda

La Seguridad Social española es un sistema de prestación definida y de reparto, que se nutre con las cotizaciones de trabajadores y empresas. Sin embargo, estas contribuciones sociales no alcanzan para pagar las pensiones, y la Seguridad Social volverá a cerrar con déficit en 2023, estimado en -7.199 millones (-0,5% del PIB), si se cumplen las previsiones del Gobierno en su Programa de Estabilidad 2023-2026. 

El déficit del sistema es uno de los problemas que Saiz tendrá que resolver, visto que para lograr el equilibrio en las cuentas no basta con recibir transferencias del Estado. En total, entre 2022 y 2023, el Ministerio de Seguridad Social ingresará 38.284 millones de euros, en compensación por los gastos impropios que hasta 2021, incluido, tuvo que costear. No obstante, pese a esa entrada de dinero, este año volverá a cerrar el ejercicio en déficit, según prevén los Presupuestos Generales del Estado.

Otro grave desafío para la nueva ministra será poner coto a la deuda de la Seguridad Social, disparada por encima de cuotas inéditas hace apenas unos años. Con los últimos datos conocidos, debe 106.172 millones de euros en septiembre, lo que representa un crecimiento interanual del 7%, según el Banco de España. 

El fuerte endeudamiento se debe a "los préstamos concedidos por el Estado para financiar su déficit presupuestario", según detalla el Banco de España; fundamentalmente, por los gastos derivados de la pandemia del coronavirus, que disparó el gasto en prestaciones y en ayudas públicas, al tiempo que se contrajeron los ingresos por cotizaciones sociales. 

Jubilación parcial y activa, próximas reformas

Durante su gestión, Saiz desarrollará las modalidades nuevas de jubilación parcial o activa para dar más "flexibilidad y oportunidades" para una salida progresiva y voluntaria en el mercado de trabajo, así como reducir la brecha de género en pensiones. "Es esencial aprovechar la complementariedad entre los más jóvenes y mayores en el mercado de trabajo", ha indicado durante la entrega de carteras, que ha contado con la presencia de su predecesor, José Luis Escrivá; la ministra de Hacienda y Función Pública, y cuarta vicepresidenta, María Jesús Montero; y la presidenta de Navarra, María Chivite.

La reforma de la jubilación parcial, que hereda de Escrivá, pretende mejorar la compatibilidad entre pensión y trabajo, preservar la calidad del empleo de los relevistas, y equilibrar el coste que esta modalidad de pensión tiene para la Seguridad Social. Los sindicatos de la Mesa de Diálogo Social, UGT y CCOO, están de acuerdo en fomentar este sistema, con flexibilidad en la salida anticipada de la empresa, y en el alargamiento voluntario de la edad de jubilación efectiva.

La figura de la jubilación activa, que ahora es prácticamente desconocida y apenas solo la usan los trabajadores autónomos, permite a los asalariados jubilarse y cobrar un 50% de la pensión, al tiempo que trabajan (sin límite de ingresos), y a los autónomos percibir el 100%, si tienen al menos a una persona contratada.

Saiz confirma el alza extra de mínimas y no contributivas

Las dos patas de la reforma Escrivá contienen medidas encaminadas a mejorar las condiciones de las mujeres, los trabajadores autónomos, los pensionistas más vulnerables y los trabajadores con carreras irregulares. Entre ellas, la subida por encima del IPC de las pagas no contributivas. Tal como establece la normativa aprobada en marzo de 2023, el importe de las pagas asistenciales se incrementará en mayor medida, hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal.

En su primer discurso como ministra de Seguridad Social, Elma Saiz ha corroborado esa subida extra de las pensiones más bajas, que aumentarán por encima del IPC. 

Además, tal como establece la ley de reforma vigente, entre 2024 y 2027, las pensiones mínimas subirán un porcentaje adicional a la revalorización anual, tomando como referencia la pensión mínima con cónyuge a cargo, hasta que lleguen a converger con el 60% de la renta mediana de un hogar con dos adultos en 2027.

Destope de bases, brecha de género y mejora de lagunas 

Entre las medidas de reforma aprobadas que cristalizarán a partir de 2024 se halla la subida gradual de las bases máximas de cotización entre 2024 y 2050, de acuerdo al IPC más 1,2 puntos porcentuales. Además, durante el bienio 2024-2025, el complemento de brecha de género de las pensiones tendrá un incremento del 10%, adicional a la revalorización anual según el IPC.

Por lo que se refiere a las lagunas de cotización, se mejorará la cobertura, con enfoque especial para mujeres, que cubrirán hasta cinco años de vacío de cotización con el 100% de la base mínima; el sexto y séptimo año, con el 80% de la base mínima.

En cuanto al progresivo destope de las pensiones máximas, se revalorizarán con el IPC, más un incremento adicional de 0,115 porcentuales acumulativos cada año desde 2025 hasta 2050. A partir de 2050 y hasta 2065 habrá incrementos adicionales de la pensión inicial en ese período.

Despegue de los planes de pensiones de empleo

Desde finales de junio de 2023 está en vigor el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, dentro de la reforma de las pensiones, que establece un nuevo marco normativo para los planes de pensiones de empleo.

Este mecanismo alternativo de ahorro de cara a la jubilación, está poco desarrollado en España, y pretende que las empresas lo pongan a disposición de sus trabajadores para que, de manera voluntaria, tengan un complemento a su pensión pública.

La novedad de la Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, es que "pretende llevar a la práctica la promoción pública de fondos de pensiones que faciliten el acceso a estos mecanismos de ahorro de bajas comisiones a trabajadores de rentas medias y bajas, así como a la plantilla de pequeñas y medianas empresas, empleados públicos, trabajadores autónomos, temporales y jóvenes".