Sacar los gastos no contributivos de la Seguridad Social, 'patata caliente' del Pacto de Toledo

Revolución Escrivá: jubilarse tarde, ordenar gastos e ingreso mínimo

El Tribunal de Cuentas: No se podrán pagar las pensiones sin reforma urgente

Habrá recorte de pensiones, mayor edad de jubilación y coto a la anticipada, según los economistas

José Antonio Herce: "No descarto que alguna extra de las pensiones no se pague"

Tamames: "La edad de jubilación subirá a 68-69 años"

La Seguridad Social paga unos 9.000 millones de gastos impropios

 

Llegar a un acuerdo sobre las pensiones en el Pacto de Toledo es más urgente que nunca, debido a la crisis provocada por el coronavirus y su agujero en las cuentas de la Seguridad Social. Sobre la mesa de la comisión parlamentaria, que preside Magdalena Valerio, algunas patatas más calientes que otras, por las diferencias entre los partidos integrantes del Pacto. Entre ellas figuran endurecer la jubilación para lograr que la edad real de retiro se retrase; y reordenar los gastos impropios, no contributivos, de la Seguridad Social, y que estos pasen a financiarse por el Estado y no mediante ingresos por cotizaciones. Ambas reformas son objeto de debate desde hace meses.

Expertos consultados por 65Ymás coinciden en que el reciente informe del Tribunal de Cuentas (donde alerta de que no se podrán pagar las pensiones si no hay una reforma urgente) abona la posibilidad de que se comience a ajustar el gasto público limpiando la Seguridad Social de forma progresiva (o de modo radical si las necesidades de liquidez fueran acuciantes), extrayendo todos o parte de los gastos no contributivos. Según este Tribunal, entre 1989 y 2013, la Seguridad Social ha pagado en torno a 103.000 millones de gastos impropios, que en realidad el Estado le adeuda.

 

José Luis Escrivá.

 

Ya en otoño de 2019, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF @AIReF_es) reclamó también trasladar al Estado una parte de los gastos no contributivos, así como alcanzar una edad efectiva de jubilación de 67 años y ampliar el periodo de cálculo de las pensiones. Entonces, el presidente de la AIREF era José Luis Escrivá, hoy ministro de Inclusión y Seguridad Social, que recientemente ha insistido en avanzar en ambas reformas. 

Pero, como aclara José Antonio Herce (@_Herce), economista experto en pensiones y socio fundador de LoRIS (Longevity & Retirement Income Solutions), "una cosa es el gasto no contributivo, que en realidad habría que llamar gasto impropio, y otra cosa son las pensiones no contributivas. Yo no creo que las no contributivas vayan a salir de la Seguridad Social, aunque sean puramente redistributivas, porque justamente acaban de meter el ingreso mínimo vital (IMV) dentro de las prestaciones no contributivas". Herce, autor del libro A vueltas con las pensiones, aboga por "racionalizar estas dos figuras, quizá fundiéndolas cuando la persona beneficiaria tenga más de 65 años".

"Todo indica que las pensiones no contributivas seguirán en el ámbito de la Seguridad Social, y que los gastos no contributivos, reinterpretados como impropios, seguramente más pronto que tarde pasarán a ser financiados, no con cotizaciones, sino con los Presupuestos Generales del Estado, aunque los siga incurriendo la Seguridad Social", considera Herce. Con todo, para este experto, "el problema que tenemos es que la esperanza de vida aumenta mucho más que la edad efectiva de jubilación".

El Tribunal de Cuentas pide liquidar gastos

 

 

El informe del Tribunal de Cuentas habla de una deuda acumulada por la Seguridad Social de casi 80.000 millones hasta el año 2018. Si se añaden los casi 20.000 millones de déficit en 2019, se llegaría a los 100.000 millones; y sumando los casi 40.000 millones de déficit que se alcanzarán este 2020, resultaría una deuda acumulada en torno a los 130.000 millones de euros.

Ante esta inquietante salud financiera, el Tribunal aconseja al Gobierno que “proceda a efectuar la liquidación efectiva de los gastos no contributivos que fueron asumidos por la Seguridad Social con cargo a sus recursos”, para de facto separar las fuentes de financiación, como plantea el Pacto de Toledo en su recomendación primera. Para ello, insta a “cuantificar los gastos no contributivos asumidos por el sistema y, en el marco de esta liquidación, incluir la cancelación de la deuda con el Estado por los préstamos”.

Mariano Jiménez (@MjimenezLash), presidente de la Organización de Consultores de Pensiones (OCOPEN @OCOPEN_), recuerda que “todo este tema de gastos impropios no contributivos financiados con cotizaciones de la Seguridad Social, la famosa separación de fuentes, es algo que viene desde muy lejos", aunque ahora "parece que ha llegado el momento de solucionarlo de forma definitiva por el ministro Escrivá, y probablemente sea una de las medidas sobre las que exista un claro consenso en el Pacto de Toledo".

Al presidente de OCOPEN le gustaría que "la vuelta del Pacto de Toledo en septiembre fuera ambiciosa y planteara soluciones estructurales. Hay que trabajar en dos sentidos fundamentales: intentar restablecer el equilibrio actuarial, e incorporar mecanismos de ajuste automáticos a variables económicas y demográficas, porque esto es lo que determinará que el sistema sea viable y sostenible a largo plazo".

Poner orden en la caja de la Seguridad Social

 

"Los gobiernos de turno tienen que dejar de utilizar la Seguridad Social como una caja financiera con la que sufragar prestaciones y medidas de carácter social o asistencial", afirma el economista Javier Santacruz (@santacruz_s_a), y que los gastos que no son estrictamente contributivos se traspasen a los Presupuestos Generales del Estado. En opinión de Santacruz, el Tribunal de Cuentas abre la posibilidad de que, a partir de finales de año, "los recortes del gasto público no sean solo por la vía ya explorada en la anterior crisis de congelación de pensiones, sino que se vayan limpiando de forma progresiva, o de forma radical (si hace falta liquidez) todos los gastos no contributivos". 

Para Pau Monserrat (@pmonserrat), profesor asociado de la UIB (@UIBuniversitat), "el sistema hace décadas que se tenía que haber reformado, sacar del sistema las pensiones no contributivas y que se paguen de los Presupuestos. Hay que explicar a la población que el sistema de pensiones no se va a poder mantener únicamente con el argumento de que vamos a aumentar los impuestos; no hay tanta capacidad de subir impuestos, y mucho menos en los años malos". Así las cosas, su argumento es que es preciso "concienciar a la gente de que los nuevos pensionistas se van a ir jubilando con pensiones más bajas progresivamente, y jubilándose más tarde también progresivamente". 

Retrasar la jubilación por las 'buenas'... o las 'malas'

 

El ministro José Luis Escrivá y la presidenta del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio

 

El Pacto de Toledo tiene además sobre la mesa otros asuntos controvertidos, como la extensión del periodo de cómputo para hallar la base reguladora de la pensión, el posible adelanto del aumento de la edad de jubilación (con la ley actual, el retiro ordinario a los 67 se implantará en 2027) o la eliminación de las deducciones a los planes de pensiones.

Retrasar a la fuerza la edad para poder jubilarse con el 100% de la pensión es una medida impopular, pero en un escenario de creciente gasto en pensiones, la jubilación anticipada será cada vez más cara y restringida. Por ahí parecen ir los planes del ministro José Luis Escrivá, que ha avanzado que se trabaja en un programa de incentivos para los trabajadores (y se supone que para las empresas, sin concretar) que retrasen voluntariamente su salida del mercado laboral.

En cuanto a subir aún más la edad ordinaria de jubilación, el consenso de los economistas entrevistados recientemente por 65Ymás es unánime en la necesidad de retrasar la jubilación efectiva más allá de los 65 años… e incluso acercarla a los 70 de manera progresiva. José Carlos Díez (@josecdiez), uno de los economistas más influyentes en las redes sociales, con su blog El Economista Observador, alertaba de que “el sistema de pensiones en España no es sostenible como dice el ministro Escrivá", asegurando que es urgente contener el gasto en pensiones, por ejemplo, acelerando la entrada en vigor de la jubilación a los 67 años y computando toda la vida laboral. “El déficit de la Seguridad Social puede superar los 40.000 millones de euros en 2021”, calcula.

Para José María Gay de Liébana, escritor, conferenciante y profesor de economía financiera en la Universidad de Barcelona, el ajuste derivado de la crisis también afectará a las pensiones, y en los próximos años "significará computar toda la vida laboral, rebajar al menos al 70% la tasa de sustitución, y sin revalorización con el IPC". Además, situar la edad de jubilación en los 70 años "entra dentro de la más absoluta normalidad".

La tasa de empleo de los mayores, muy inferior a la europea

Asimismo, Rafael Doménech (@rdomenechv), responsable de Análisis Económico de BBVA Research (@BBVAResearch), el servicio de estudios de BBVA, y catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Valencia, contestaba a 65Ymás que “cada vez hay más personas que trabajan más años hasta edades más avanzadas. Y en otros países la tasa de empleo de las personas entre 65 y 75 años es mucho más elevada que en España. No hay ninguna razón para que lo que es posible en Suecia, Dinamarca, Alemania o Japón no sea posible en España".

Aumentar la edad para acceder a la jubilación contributiva es asimismo una de las propuestas de Ramón Tamames. En un reciente encuentro organizado por el Consejo General de Economistas, y a preguntas de este diario, defendió que la edad obligatoria de jubilación deberá subir a los 68-69 años, algo lógico debido al incremento de la esperanza de vida al nacer (84 años), "que proporciona al menos 17 años de prórroga después del momento de la jubilación", y que somete a la Seguridad Social a fuertes tensiones de financiación.