Saiz niega colapso en las oficinas de la Seguridad Social, pero admite "precariedad" de personal

Cómo solicitar cita en la Seguridad Social para pensiones y otras prestaciones en 2025

CCOO y UGT reclaman al Gobierno la jubilación parcial de los funcionarios

 

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, asegura que la Seguridad Social está resolviendo cada año "más expedientes que el año anterior" y niega que exista una situación de colapso en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), frente a las denuncias realizadas por el Partido Popular en este sentido.

Durante el Pleno del Senado de este martes, la diputada popular Inmaculada Hernández ha espetado a la ministra que las plantillas de la Seguridad Social están "desbordadas" y llegan a tardar "más de cuatro meses en resolver expedientes de jubilaciones que antes tardaban días. Tardan más meses en resolver expedientes de pensiones de viudedad que antes se tramitaban en 48 horas. Y la cita previa, han conseguido que uno de los servicios mayor valorado por los ciudadanos, a la altura de la gestión de la Agencia Tributaria, sea el peor valorado", ha expuesto la senadora popular.

En su defensa, la ministra Saiz ha asegurado que la Seguridad Social tramitó el año pasado 34 expedientes más que en 2020, lo que está permitiendo que cada mes se paguen 17.000 millones de euros en prestación, 10 millones de pensiones, que 688.000 hogares se vean beneficiados del ingreso mínimo vital o que 952.000 personas reciban el complemento de brecha de género.

"La tramitación de expedientes en la Seguridad Social arroja unos tiempos medios de resolución que garantizan que no se produzca interrupción de rentas", ha recalcado.

Culpa al PP de la "precariedad" de la plantilla

Aunque niega el colapso del sistema de gestión o la pérdida de rentas para jubilados y pensionistas, Saiz ha admitido la situación de "precariedad" en las plantillas de la Seguridad Social, y culpado de ello al Partido Popular. La ministra ha subrayado que dicha "precariedad" la han heredado del último gobierno popular, que recortó un 23% el personal laboral.

En cuanto a los esfuerzos para incrementar la dotación de funcionarios, ha detallado que se ha reforzado la plantilla, con 4.700 plazas en ofertas públicas de empleo, y más de 5.000 plazas para los años 2025 y 2026.

CSIF alerta de masivas jubilaciones de funcionarios 

En relación con la "precariedad" de los empleados públicos, el sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF @CSIFnacional) mantiene sus protestas por la subida salarial pendiente del año pasado de los funcionarios y la negociación de un nuevo acuerdo retributivo. Desde este miércoles, 19 de marzo, ha dado inicio a un calendario de protestas que se ampliarán en las próximas semanas frente a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en toda España.

 

#CSIF inicia hoy frente al Ministerio de Hacienda en Madrid movilizaciones en toda España para exigir al Gobierno que reactive la negociación colectiva para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos.https://t.co/c1mKhaEVN6

— CSIF Nacional (@CSIFnacional) March 19, 2025

CSIF denuncia el "abandono que los empleados públicos sufren por parte del Gobierno, que sigue sin reactivar la negociación colectiva para mejorar las condiciones laborales en diferentes ámbitos". Y recuerda que, en la actualidad, sigue sin ingresarse el 0,5% adicional del incremento salarial del año 2024, por lo que el sindicato ha pedido que la subida salarial se produzca de manera automática todos los años, al igual que las pensiones o la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

De igual manera, CSIF reclama negociar una nueva oferta de empleo público para 2025, eliminando la tasa de reposición, y esgrime el hecho de que el 60% de la plantilla de la Administración General del Estado se jubilará en los próximos 10 años.

Según el sindicato, urge realizar un balance del plan de estabilización de plazas de personal interino, que a 31 de diciembre no debe superar el 8% del total, así como la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas, la mejora de las condiciones de jubilación y la regulación inmediata para que los funcionarios y estatutarios puedan acogerse a la jubilación parcial.