Pensiones
La Seguridad Social paga unos 9.000 millones de gastos impropios, que son casi la mitad del déficit
65Ymás radiografía las pensiones con aportaciones de Trabajo, sindicatos, jubilados y autónomos
Paca Tricio: Las pensiones no son una moneda de cambio ante las administraciones
Ministerio de Trabajo en funciones: Valoración de la situación del sistema de pensiones español
Lorenzo Amor: Jubilados activos: autónomos con más de 65 años
Pepe Álvarez: Para mantener las pensiones, hay que hacer lo que haga falta
Las fortalezas del sistema público de pensiones pesan más que sus debilidades, y aunque es cierto que existen amenazas para la suficiencia y viabilidad de las prestaciones en el futuro, también son mayores las oportunidades de mejoría y de reforma para apuntalar la sostenibilidad del modelo.
Esta es la conclusión nuclear del chequeo realizado por 65Ymás al sistema de pensiones español, mediante una visión panorámica 360º y contando con las aportaciones de los principales actores involucrados: desde el Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO, a la patronal de los autónomos ATA, el reputado economista José Ignacio Conde-Ruiz (Fedea) y, por supuesto, la voz de los mayores representada por Paca Tricio (UDP).
Todos ellos han querido participar en esta radiografía de 65Ymás, y lo han hecho a través de artículos valorativos y de contextualización, abordando las fortalezas y debilidades de unas pensiones a menudo cuestionadas y que han echado a la calle a decenas de miles de pensionistas en demanda de un blindaje en la Constitución. La patronal CEOE (@CEOE_ES) ha declinado colaborar en este trabajo.
Traspasar los gastos impropios podría bajar el déficit a la mitad
Una de las propuestas, como resalta el propio Ministerio de Trabajo, consiste en estudiar "medidas alternativas de financiación vía impuestos, así como extraer del Sistema de la Seguridad Social gastos impropios, lo que permitirá sanear sus cuentas".
El debate sobre estos gastos impropios no es nuevo, y de hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF @AIReF_es) reclama trasladar al Estado parte de los gastos no contributivos. A primeros de año, la AIREF cuantificó en unos 7.000 millones anuales estos gastos no contributivos: unos 4.000 millones se van en pagar gastos de funcionamiento, 2.000 millones en reducciones a la cotización y otros 1.000 millones por subvenciones implícitas a regímenes especiales.
Eso fue a primeros de año. Hace unas semanas, Pepe Álvarez, secretario general de UGT (@UGT_Comunica), aseguraba a 65Ymás que el sistema "se encuentra en déficit, entre otros factores, porque la Seguridad Social está aportando anualmente del orden de 8.700 millones de ingresos por cotizaciones a los Presupuestos Generales con los que el Estado está pagando gastos propios (prestaciones asistenciales por desempleo y políticas activas de empleo). El déficit de la Seguridad Social ronda los 18.000 millones anuales.
Asimismo, Anatolio Díez, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT (@UJP_UGT), detalla que el sistema soporta unos 9.000 millones anuales de gastos impropios: alrededor de 4.000 millones se emplean en pagar gastos administrativos, entre los que figuran las nóminas del personal del Ministerio, y del orden de 5.000 millones en ayudas a la contratación, "y que deberían trasladarse a cargo de los Presupuestos Generales del Estado", apostilla Díez.
Habida cuenta de que el déficit anual del sistema público es de unos 18.000 millones de euros, traspasar esos gastos no contributivos reduciría el desequilibrio de las pensiones a la mitad.
Cotizaciones y bajos sueldos, entre las debilidades
Entre las debilidades, dos de las más citadas son "que el mantenimiento de las pensiones dependa únicamente de las cotizaciones sociales, con lo que su financiación se hace vulnerable"; y que el empleo precario y los bajos sueldos hacen que las cotizaciones crezcan, pero menos de lo que deberían para sostener la cohorte de nuevos jubilados. Así lo afirman Pepe Álvarez, secretario general de UGT (@UGT_Comunica), y Unai Sordo (@UnaiSordo), secretario general de CCOO (@CCOO) , y lo pone de relieve Paca Tricio (@paca_tricio), presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados (UDP @MayoresUDP). Los tres coinciden en que la Seguridad Social (@info_TGSS) no puede concebirse como un sistema cerrado que deba autofinanciarse y aislado económicamente. "Esta concepción es claramente abusiva y coloca a la Seguridad Social en una situación de mayor riesgo", sentencia Paca Tricio en su artículo en este periódico.
En este aspecto, la postura del Ministerio de Trabajo (@empleogob) , a cuyo frente se halla en funciones Magdalena Valerio, es coincidente, tal como pone de manifiesto el Ministerio en su artículo para 65Ymás. "La reforma laboral empobreció los salarios y trajo como consecuencia la reducción de los ingresos del sistema hasta arrojar un déficit de más de 18.000 millones de euros al año", argumenta el Ministerio, lo que explica otra de las debilidades del sistema, es decir, la existencia de un abultado déficit "que se ha financiado en los últimos años acudiendo al sistema de préstamos a la Seguridad Social".
Gran fortaleza: la Seguridad Social cuenta con el Estado
Frente a estas debilidades, unas fortalezas reconocidas por todos los expertos reunidos en este trabajo. La primera, y quizá medular, es que el sistema público de pensiones es el pilar fundamental de nuestro Estado de Bienestar y, por lo tanto, la Seguridad Social "cuenta con el Estado para cubrir la diferencia entre ingresos por cotizaciones y gasto, conforme a los artículos 41 y 50 de la Constitución", recuerda el Ministerio comandado por Valerio, y apuntala Unai Sordo, al frente de CCOO, en su artículo para 65Ymás. "La principal fortaleza del sistema es la necesidad de su existencia y mantenimiento en niveles de suficiencia prestacional. Su importancia social es determinante", remacha Sordo, para quien es decisivo "recuperar los marcos de consenso político (...) eliminando la reforma no pactada de 2013 que supone, de no corregirse, un fortísimo debilitamiento de nuestra cobertura por pensiones".
Otra fortaleza indudable es el consenso entre los grandes partidos políticos para actualizar las pensiones de forma suficiente, pese al actual parón de la subcomisión del Pacto de Toledo. Y un tercer factor de la robustez del sistema es que los pensionistas constituyen una enorme fuerza de más de 9 millones de consumidores y votantes, lo que los erige en actores imprescindibles en cualquier reforma.
Las amenazas que más suenan
"Las amenazas para el sistema público son los intereses privados y las contingencias políticas. Nuestras pensiones no son una moneda de cambio ante las administraciones", advierte la presidenta de UDP, Paca Tricio, para quien la sostenibilidad de las prestaciones es un problema político, no económico.
Casi idéntica valoración realiza Pepe Álvarez, secretario general de UGT, en su artículo para 65Ymás, donde resalta que los mayores peligros "provienen de la falta de rigor con la que se analiza la situación presente y la viabilidad futura del sistema de pensiones, junto a la difusión continua en determinados medios de mensajes carentes de fundamento, pero colmados de intereses espurios, acerca de una supuesta insostenibilidad de mantenerlas o de lograrlo si no se las somete a considerables recortes".
Con respecto a los peligros, el economista José Ignacio Conde-Ruiz (@conderuiz), subdirector del think tank Fedea (@socialfedea) y visiting professor de Esade, cita el reto demográfico, con proyecciones de población de España que plantean que el progresivo envejecimiento de la población será mucho más intenso, llegando a ser el país europeo más envejecido en 2050.
"El reto demográfico es inmenso. No obstante, las reformas de 2011 y de 2013 han empezado a adaptar el sistema de pensiones a esta nueva realidad demográfica. En la primera reforma de 2011 se retrasó la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. La reforma de 2013, suspendida los dos últimos años, introducía un factor de sostenibilidad y una nueva forma de revalorización de las pensiones, que ante la ausencia de nuevas reformas condenaba a las pensiones a una congelación perenne. Hacer recaer en el nuevo índice de revalorización la mayor parte del coste de ajuste fiscal es el principal error de la reforma de 2013. En el sentido de que trasladaba a los jubilados todo el peso del ajuste del gasto, congelándoles prácticamente la pensión de forma indefinida", detalla Conde-Ruiz en su artículo para 65Ymás.
Cuando se habla de pensiones, se tiende a pensar en los asalariados, olvidando a los trabajadores autónomos, que cotizan en el RETA. Para Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata), presidente de ATA (@autonomosata), un dato preocupante es que "cada pensionista del régimen general cuenta con 2,2 contribuyentes para sustentarse. Por cada pensión en el régimen de autónomos hay 1,6 contribuyentes. Las pensiones de los autónomos han ido creciendo a un ritmo medio de un 3% cada año en la última década. Es sostenible y posible gracias al esfuerzo que han realizado los autónomos societarios, cuya base mínima se ha incrementado en la misma proporción y con la disminución del total de autónomos, tanto persona física como societarios, que han dejado de cotizar por la base mínima en esta última década. Pero hay que hacer reformas", tal y como expone en su artículo en 65Ymás.
Oportunidades para reformar el sistema
Los autónomos de ATA lo tiene claro: "es necesario ampliar la jubilación activa al 100% a todos los autónomos, a la vista de los excelentes resultados que está dando la actual normativa. Si algo funciona, hay que ampliarlo y fomentarlo. Y explicarlo. Ni se pueden acoger societarios, ni autónomos colaboradores ni comunidades de bienes. Solo los titulares de los contratos. Y por ahora hay que contratar, aunque no tiene que tener antigüedad el contrato, ni tampoco modalidad ni duración de jornada", resume Lorenzo Amor, presidente de ATA.
Entre las oportunidades, José Ignacio Conde-Ruiz apuesta por "transformar nuestro sistema de pensiones en uno de cuentas nocionales, donde la pensión que percibe el trabajador será menos generosa que la que percibe actualmente, en el momento del alta. Este nuevo sistema más sostenible debería entrar en vigor para los trabajadores menores de una determinada edad. Los trabajadores, por encima de esta edad, podrán tener libertad para elegir si quieren que se les calcule la pensión con el viejo sistema o con el nuevo", detalla el subdirector de Fedea. "Evidentemente cuanto más retrasemos la reforma, más injusta será pues afectará a trabajadores más cerca de la edad de jubilación. Además, para preservar el grado de redistribución intrageneracional del sistema actual, el nuevo modelo de cuentas nocionales también debería contar con una pensión mínima y máxima", argumenta Conde-Ruiz.
Para la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados, que preside Paca Tricio, la gran oportunidad de mejora de las pensiones es "blindarlas en la Constitución", además de unas serie de medidas entre las que resalta "derogar la reforma laboral de 2013 e impulsar un empleo de calidad así como estabilidad y salarios dignos; una reforma fiscal que permita la equidad y la redistribución social; permitir la compatibilización de las pensiones con el empleo post-jubilación", sin olvidarse de "reactivar el Pacto de Toledo y sumar también a sus reuniones a representantes de las personas mayores a través de sus asociaciones mayoritarias".
9,7 millones de pensiones contributivas
La Seguridad Social (@info_TGSS) abona 9.768.801 pensiones contributivas (el 1,16% más interanual), con un gasto de 9.710.391 (el 4,9% más), de acuerdo a las cifras correspondientes a octubre. La pensión media del sistema es de 994,02 euros mensuales (englobando jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), aunque existen grandes diferencias entre las distintas clases: por ejemplo, un jubilado cobra de media 1.141,63 euros mensuales mientras los viudos/as perciben unos 714 euros.
El sistema público español, de reparto, se financia mediante cotizaciones de los trabajadores: hasta septiembre, la Seguridad Social ha ingresado 92.607,22 millones de euros por contribuciones sociales (7,89% más que un año antes), siendo el gasto en términos homogéneos de 114.513,35 millones, de los cuales, 91.311,78 millones se dedican a pagar las pensiones contributivas (el 5,89% más interanual). Según las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo, las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo negativo de 7.648,75 millones de euros en lo que va de año.
