La Seguridad Social cargó con 103.690 millones de gastos impropios entre 1989 y 2018

El Tribunal de Cuentas urge a reformar la Seguridad Social porque "no es sostenible"

La deuda de la Seguridad Social, disparada, roza los 100.000 millones: ¿peligran las pensiones?

Escrivá rechaza que el Tribunal de Cuentas audite la Seguridad Social

Vídeo del informe de la presidenta del Tribunal de Cuentas en el Congreso 

Entre los años 1989 y 2018, la Seguridad Social asumió 103.690 millones de euros en gastos no contributivos (los denominados gastos impropios) y que, por lo tanto, debían haber sido financiados por el Estado en vez de ser sufragados sacándolos de las arcas del sistema de pensiones. Así lo ha detallado Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas, durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado), ante la que ha presentado varios informes relativos a la Seguridad Social y sus mutuas colaboradoras.

Precisamente, auditar estos gastos impropios es una de las tareas pendientes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá, tal y como ordena la Ley de reforma de las pensiones, según la cual, el Gobierno debe encargar una auditoría para cuantificar qué gastos considerados impropios, por su carácter asistencial y no contributivo, había venido asumiendo el sistema desde 1967. En este punto, existen no pocas fricciones, ya que algunos grupos en el Congreso, como Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu, instan al ministro a encargar esa auditoría al Tribunal de Cuentas; un extremo al que éste se niega. 

En su comparecencia, Enriqueta Chicano ha especifico que ese montante corresponde, por un lado, a la universalización de la asistencia sanitaria (31.828 millones de euros) y por otra parte, a los complementos a mínimos para elevar las pensiones más bajas (71.862 millones de euros). Dichas partidas, a juicio del Tribunal, deberían haber sido asumidas por el Estado a través de transferencias corrientes.

Tal y como ha detallado la presidenta del órgano fiscalizador, la Seguridad Social financió con cotizaciones la universalización de la sanidad hasta 1998, y en el caso de los complementos a mínimos, la financiación se prolongó hasta 2012. Esta factura de gastos impropios podría ser mayor, pues hubo gastos que, sin tener naturaleza presupuestaria, influyeron en la evolución negativa de los resultados y del patrimonio neto, como las amortizaciones anuales de los inmuebles utilizados para servicios sanitarios y locales, transferidos a las comunidades o adscritos a las fundaciones hospitalarias.

Descontar esa factura 'impropia' de la deuda

La presidenta del Tribunal ha pedido que se tenga en cuenta esa factura de 103.690 millones de euros a la hora de cancelar los préstamos contraídos por la Seguridad Social con la Administración General del Estado. 

De acuerdo con el informe de fiscalización presentado este martes en el Congreso, el endeudamiento total del sistema, que figura en el balance a 31 de diciembre de 2018, alcanza un total de 79.222 millones de euros, lo que supone el 6,56% del Producto Interior Bruto del mismo ejercicio, habiendo incluso aumentado en 2019.

De este total, las partidas más significativas (50.273 millones), que son las que han sido objeto de análisis en la presente fiscalización, corresponden a los préstamos concedidos a largo plazo por el Estado y a las obligaciones contraídas con la Administración General del Estado durante los ejercicios 1992 a 1999, procedentes del traspaso de las funciones y servicios en materia de asistencia sanitaria y de servicios sociales a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra.

Sin embargo, la presidenta del Tribunal subraya que "los mecanismos para la cancelación de tales préstamos no se pueden plantear aisladamente", sino que "se tienen que tratar conjuntamente con los dirigidos a liquidar la totalidad de los costes que la Seguridad Social asumió por cuenta de la Administración General del Estado".

Bajan los ingresos por cotizaciones y sube el gasto

Chicano ha puesto de relieve también el problema que supone la creciente brecha entre los ingresos por cotizaciones (decrecientes en un 1,3% entre 2011 y 2018) y el gasto medio anual por pensionista (que aumentó un 18,7% en ese período).

La acumulación de déficits durante este período, señala el informe del Tribunal, elevó a 37.933 millones de euros el patrimonio neto negativo del balance de la Seguridad Social, tras presentar resultados económico patrimoniales negativos acumulados entre 2010 y 2018 por 115.022 millones.

"La deuda es un problema, pero es un problema no menor la deficiencia de las cotizaciones. De ninguna manera cubre las prestaciones", ha alertado Enriqueta Chicano, quien ve necesario "aproximar la prestación a la cotización". A su juicio, "habrá que hacerlo en algún momento y tomar medidas en ese sentido".

"La Seguridad Social tiene un problema de sostenibilidad financiera puesto de manifiesto ya en las cuentas de 2016, 2017 y 2018. El desequilibrio ha ido empeorando paulatinamente en los últimos ejercicios. Desde 2011 se observa un crecimiento de la brecha entre las obligaciones reconocidas por prestaciones económicas contributivas y los derechos reconocidos netos por cotizaciones sociales, y la brecha más importante se alcanza en el año 2016, a partir de la cual se empieza a producir una ligera disminución", ha explicado Chicano.

La presidenta del Tribunal de Cuentas ha recalcado que el sistema no resulta sostenible, y para ello se basa la evolución de la caja de las pensiones desde hace años. Debido a la gran diferencia entre lo que se ingresa por cotizaciones y lo que se gasta en prestaciones, el endeudamiento del sistema no para de crecer.