La Seguridad Social, ¿condenada al déficit? Cumple 13 años seguidos con las cuentas en descubierto

La 'hucha' de las pensiones, tiritando: hay 2.140 millones, en espera de volver a engordar en 2023

Escrivá se ahorra 38.284 millones de gastos impropios, pero el déficit no baja del 0,5% en dos años

Ahora parece imposible, de tan lejano como resulta, pero las cuentas de la Seguridad Social tuvieron superávit de forma continua en la década del 2000, coincidiendo con el periodo de expansión económica y de crecimiento de empleo. Incluso en 2008, cuando la economía creció tan solo el 0,9% y el empleo se redujo hasta el -0,6%, el superávit fue del 1,3% del PIB, según detallan las estadísticas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2023. En 2009, cuando el PIB español se descalabró el 3,7% y el empleo se redujo hasta el -6,6%, el organismo todavía fue capaz de cerrar con un superávit del 0,8%, y lo mismo sucedió en 2010, pese a que España ya sufría con fuerza el embate de la crisis.

Sin embargo, desde el ejercicio 2011, recién llegado al Gobierno Mariano Rajoy, la Seguridad Social no paró de incurrir en déficits, cada año más abultados: desde los -487,3 millones de euros ese 2011, hasta los -5.812,79 millones en 2012, o los -8.725,36 millones que representaron el desequilibrio en 2013.

Pero lo peor estaba todavía por venir, y en 2014 el déficit del sistema de pensiones aumentó hasta los -13.762,32 millones de euros; en el 2015 se incrementó aún más, hasta -16.530,14 millones; y en 2016 se disparó a -18.536 millones (-1,7% del PIB), récord absoluto. El siguiente ejercicio, 2017, el descubierto en las cuentas de la Seguridad Social fue de -18.511 millones, casi la misma cantidad que el previo, aunque en porcentaje del PIB fue menor (-1,6%).

La evolución del déficit con el Gobierno Sánchez

Cuando llegó Pedro Sánchez al Gobierno (junio de 2018), el desequilibrio en las cuentas (ver tabla superior) ya había iniciado el camino descendente, en consonancia con el asentamiento de la salida de la gran crisis, y ese año se cerró con un desfase de -16.834 millones (-1,4% del PIB), casi igual que en 2019 (-16.612 millones, el -1,3%). En 2020 y 2021, pese al mazazo que la pandemia asestó en todos los órdenes de la economía, la Seguridad Social logró seguir rebajando su déficit, en parte debido a que fue el Estado quien sufragó, mediante transferencias, los recursos extra necesarios para mantener el sistema de protección social y laboral.

Superada la pandemia, 2022 fue el primer año en el que el desfase en las cuentas disminuyó de forma contundente, hasta -6.170 millones (-0,5% del PIB), pero fue gracias a la entrada en vigor de la Ley de reforma de las pensiones, diseñada y acordada con los agentes sociales por el actual ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Y es que desde 2022 se ha producido un cambio radical, ya que la Seguridad Social ha dejado de pagar los denominados gastos impropios, que ahora financia el Estado. De hecho, en 2022 el Ministerio se ha ahorrado 18.396 millones, que es el importe de las transferencias recibidas para compensar esos gastos impropios.

En 2023, el sistema de pensiones volverá a sufrir déficit, estimado en -7.199 millones (-0,5% del PIB), pese a que la Seguridad Social se ahorrará 19.888 millones de gastos impropios. En total, entre 2022 y 2023, el Ministerio de Escrivá se librará de pagar 38.284 millones (gastos que no le correspondían, pero que hasta 2021, incluido, tuvo que costear), pero aun así, el año terminará con desfase en las cuentas, según figura en los Presupuestos del Estado para 2023.

El déficit ha vaciado la 'hucha' de las pensiones

Según detalla el Informe a las Cortes Generales 2021 sobre el Fondo de Reserva, entre los años 2012 y 2019, los sucesivos gobiernos retiraron 80.337 millones de euros, siendo 2016 el ejercicio en el que más recursos se extrajeron (ese año se sacaron 20.136 millones).

Fuente: Informe a las Cortes Generales 2021

La razón de esta continuada extracción de dinero del Fondo, conocido como la hucha de las pensiones, fue la situación de déficit presupuestario de la Seguridad Social, que en la última década hizo de este Fondo una herramienta imprescindible para garantizar la viabilidad financiera del sistema de pensiones, es decir, poder hacer frente a las pagas, sobre todo, las dos extraordinarias de cada año (junio y noviembre). El último año que se gastó dinero de esta hucha fue 2019 (salieron 2.900 millones), y en los siguientes ejercicios 2020-2002, incluidos, ni se retiraron fondos ni tampoco se realizaron ingresos.

En cambio, en 2023, el Fondo de Reserva empezará a rellenarse, con dinero procedente de la subida de cotizaciones sociales, que tanto empresas como trabajadores han empezado a pagar desde el 1 de enero, en aplicación del nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). En concreto, la sobrecotización es del 0,6%, del que el 0,5% va a cargo de la empresa, y el 0,5% restante es detraído de la nómina del trabajador. Los ingresos que se obtengan por este aumento de las cotizaciones irán a nutrir el Fondo de Reserva.

La contención actual del déficit es "solo aparente"

Tal como explica José Antonio Herce (@_Herce), doctor en Economía y socio fundador de LoRIS Retirement, en la actualidad, el déficit de la Seguridad Social se ha estabilizado en el 0,5% del PIB, "porque se han hecho los ajustes por gastos impropios, pero los ingresos por cotizaciones son ya estructuralmente menores (y creciendo) que los gastos por pensiones, en magnitudes superiores al 1,5% del PIB de cada año. Estos ajustes por gastos impropios no evitarán que este déficit estructural siga estando presente cada año. Veremos cómo se refleja la revalorización de 2023 en los datos de déficit y deuda a final de año".

Herce resalta "un aspecto que está reflejando artificialmente la contención aparente del déficit de los últimos años, y es que el Estado ya no da préstamos a la Seguridad Social, sino transferencias. Ello traslada automáticamente la deuda que la Seguridad Social no refleja a la deuda del Estado". Este experto expone además otro peligro: "La Seguridad Social es una máquina de deuda que, si se desvía de sus cuentas por los ajustes contables, acaba apareciendo en la deuda soberana, aquella en la que se fijan nuestros prestamistas... y Bruselas".

El déficit contributivo es más grande, dicen expertos

La referencia del Ministerio al hablar del déficit de las cuentas de la Seguridad Social es el déficit por operaciones no financieras (ver importe y porcentaje en gráfico superior), que se ve influido, sobre todo en los últimos años, por las elevadas transferencias que le ha hecho el Estado. Sin embargo, numerosos expertos advierten de que, "si utilizamos el déficit contributivo, que es más realista, el déficit acumulado aún ha sido mayor. Los datos reflejan un déficit creciente, que se difumina, en parte, por las transferencias", precisa Enrique Devesa (@DevesaCarpio), profesor titular de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE.

SEGURIDAD SOCIAL: DÉFICIT CONTRIBUTIVO VS NO FINANCIERO

Para Enrique Devesa, es preocupante el "gran crecimiento del déficit contributivo en 2020, como consecuencia de la pandemia y que ha bajado muy lentamente desde ese año. Es normal que se haya tenido que utilizar el Fondo de Reserva, y no se ha podido obtener más fondos para pagar las pensiones porque no se ha querido dejar a cero. Lo peor de todo esto es que la llegada a la jubilación del baby boom y las reformas que se han realizado en el sistema van a empeorar la actual situación, por lo que nos esperan muchos años más de déficit contributivo. Se debería tener en cuenta la situación actual y futura del sistema para hacer reformas estructurales".

La auditoría, obligación incumplida desde verano

El Gobierno sigue sin cumplir con la obligación legal de realizar la auditoría de la Seguridad Social, que le impone la Ley de reforma de pensiones de 2021, donde se insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a auditar las cuentas del sistema de pensiones en un plazo máximo de seis meses. Por lo tanto, lleva más de siete meses de incumplimiento, tal como denunció ERC en noviembre, en una sesión de control al Gobierno. Entonces, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que "todavía tenemos tiempo, después de haber venido de una pandemia y saber que estamos muy enfrascados en la recuperación económica".

La auditoría de la Seguridad Social es una reivindicación histórica de los pensionistas, que finalmente se incluyó en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, pero que todavía no se ha realizado. Uno de sus objetivos es, precisamente, conocer cómo y en qué tipo de políticas se ha gastado el Fondo de Reserva de las pensiones, que llegó a tener 67.000 millones de euros, así como desagregar los gastos propios e impropios, para ver qué parte del déficit del sistema es realmente debido al gasto en pensiones.

Es uno de los caballos de batalla de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (@CoespeOficial), que mantiene abierta una campaña de recogida de firmas en Change.org, "ante la constatación de que las cotizaciones sociales han tenido un uso indebido financiando gastos ajenos a nuestro sistema de reparto, y para determinar la magnitud de ese desvío de los recursos del sistema". Ya han recibido el apoyo de casi 220.000 personas. Aseguran que "entre 1989 y 2013, España gastó más de 103.690 millones de euros que pertenecían a la hucha de las pensiones en otras cuestiones. Fue una práctica aparentemente legal, pero incorrecta, que hizo desaparecer los excedentes de cotizaciones que hoy debían nutrir esa hucha de las pensiones tan esquilmada en épocas de paro y crisis como la que hoy vivimos".