El cambio al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de profesionales adscritos a mutualidades de la abogacía y procuradores podría suponer 3.600 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social, según ha calculado UPTA. “La Seguridad Social recaudaría unos 300 millones de euros anuales con el actual sistema de cotización en función de ingresos reales”, asegura la asociación de autónomos.
UPTA, que ha hecho una propuesta para habilitar una pasarela de un sistema a otro, que acaba de presentar a los procuradores del MOVIMIENTO #J2 y a la Asociación ANAMA que representa a los profesionales de la abogacía, el sistema por el cual se podría desarrollar, de forma voluntaria, la incorporación de miles de profesionales mutualistas al RETA.
Negociaciones con el Ministerio de Seguridad Social
“Esta misma semana desde UPTA comenzaremos a solicitar las reuniones correspondientes con los Ministerios implicados”, confirma la organización. La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, anunció a principios de marzo la obligatoriedad a partir de 2027 de que los nuevos profesionales colegiados se den de alta en el RETA. UPTA calcula que alrededor de 60.000 profesionales podrían pasar ya de forma voluntaria al RETA abandonando la pertenencia a las mutualidades alternativas.
En el año 1995 se dio la potestad a los profesionales de estos sectores para que pudieran continuar adscritos a las mutualidades o bien incorporarse al RETA, recuerda la organización. Posteriormente en el 2005 esas mutualidades modificaron el sistema de capitalización colectiva, pasando a ser un sistema de capitalización individual. En el mejor de los casos, la pertenencia al sistema alternativo ha llevado a miles de profesionales a no poder disfrutar de la protección social adecuada, siendo las pensiones resultantes de sus planes de ahorro mutualizados de unos 500€ mensuales para aquellos que deciden dejar de ejercer su profesión con edades superiores a las establecidas para acceder a la jubilación en el sistema público de pensiones.
“La propuesta que hemos desarrollado cumple con las exigencias que vienen reclamando los profesionales afectados, protección social, pensiones dignas y una transición al RETA que acabe con la injusta e innecesaria situación actual”, asegura Eduardo Abad, presidente de UPTA.
Protección social y pensiones dignas
El sistema público de Seguridad Social es el único que puede garantizar la protección social y la igualdad prestacional en un colectivo altamente feminizado. Además de cubrir la parte asistencial, las contingencias profesionales, las bajas por maternidad o paternidad, cese de actividad, etc., será un elemento para clarificar las situaciones en las que concurre falsedad contractual que se produce en las profesiones del ámbito jurídico”.
La propuesta de UPTA, garantiza pensiones dignas de viudedad, orfandad, incapacidad permanente, incapacidad temporal y, entre otras, pensiones de jubilación que den un mínimo de estabilidad económica a quienes las perciban. Se basa en la capitalización de las aportaciones ordinarias y extraordinarias realizadas por los mutualistas y de los rendimientos de cualquier naturaleza, obtenidos por las mutualidades, a lo largo de los años, para realizar, de forma automática, la pasarela al RETA y proceder a la conversión, en tiempo cotizado, en el sistema público.