Los sindicatos barajan convocar movilizaciones en el mes de febrero contra el retraso en la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la ausencia de modificaciones en la reforma laboral y por el posible cómputo de 35 años de cotización a la hora de calcular las pensiones, cuestiones que implican un bloqueo del diálogo social, según han señalado fuentes sindicales.
Las organizaciones sindicales piensan que el hecho de que el Gobierno empiece a condicionar algunas negociaciones y la necesidad de concretar a Bruselas las reformas que se van a llevar a cabo están bloqueando tanto las negociaciones vigentes (del SMI o la Ley de trabajadores de plataformas digitales) como las que están por venir (creación de un Estatuto de los trabajadores del siglo XXI y reforma de las pensiones).
Respecto al salario mínimo, recientemente, los sindicatos han dejado claro que vincular la subida del SMI a un acuerdo entre los agentes sociales da "derecho de veto" a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Para las organizaciones sindicales, el Gobierno debe definir un itinerario de legislatura para aproximar el salario mínimo a lo recogido en la Carta Social Europea (el 60% del salario medio).
También creen que se debe recuperar la negociación de la reforma laboral en el punto en el que se quedó el pasado mes de marzo para aligerar la negociación ante una posible derogación de los aspectos más lesivos.
Por otro lado, respecto a las pensiones, las organizaciones sindicales han afirmado en diversas ocasiones que no van a aceptar incrementar el periodo de cálculo de la base reguladora de 25 a 35 años y que esta idea no está en las recomendaciones del Pacto de Toledo ni en la mesa del diálogo social.
