Pensiones
Subida de las pensiones y otras medidas... Así te afecta el acuerdo alcanzado por el Pacto de Toledo
La Comisión insta a Escrivá a analizar cuánto cuestan las penalizaciones a la jubilación anticipada
Los pensionistas ven insuficiente la subida del 0,9% y exigen mejorar las pensiones mínimas
La penalización por jubilación anticipada tendrá excepciones
El Pacto de Toledo garantiza las pensiones aunque las cotizaciones no alcancen para pagarlas
Escrivá, sobre el Pacto de Toledo: "Los pensionistas seguirán manteniendo su poder adquisitivo"
La Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo vota este martes 27 de octubre su informe de recomendaciones, tras haber logrado el viernes día 23 un acuerdo entre los miembros que la conforman. Con ello, se da luz verde a la reforma de pensiones (tras casi cinco años desde el anterior acuerdo), puesto que dentro de unos días el texto consensuado será debatido y votado en el Congreso de los Diputados.
En total, la Comisión propone un documento con 21 recomendaciones sobre aspectos clave que afectan al funcionamiento de la Seguridad Social y, por supuesto, al sostenimiento, funcionamiento y revalorización de las pensiones. Hay que recordar que el informe del Pacto de Toledo supone de hecho un mandato para el Gobierno, y sí, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, tendrá la obligación de convertir dichas recomendaciones en ley.
¿Cómo afectan las recomendaciones del Pacto de Toledo a los pensionistas actuales, a los futuros y a los jóvenes que se inician en la vida laboral?
Efecto inmediato para pensionistas actuales
De entrada, quienes ya son pensionistas logran que se les garantice el poder adquisitivo y que sus pensiones serán revalorizadas en función del IPC real, y esto debe consignarse como ley, con lo cual las asociaciones de pensionistas logran una de sus principales reivindicaciones. En la práctica, y para el año 2021, significará que las pensiones subirán el 0,9%, de acuerdo a la propuesta del Gobierno recogida en el plan presupuestario enviado a Bruselas.
Además, el Pacto de Toledo consagra en su recomendación 0 la defensa del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones, basado en la solidaridad intergeneracional y la suficiencia de prestaciones. Y en su primera recomendación apuesta por consolidar la separación de fuentes y restablecer el equilibrio financiero de la Seguridad Social, de forma que las cotizaciones sociales se destinen exclusivamente a financiar las prestaciones contributivas. En este punto, se extraerán de la Seguridad Social hasta 22.000 millones de euros de gastos no contributivos e impropios, lo que supondría de facto la eliminación del déficit del sistema.
Estas dos últimas disposiciones contribuyen a ofrecer certezas a todos los ciudadanos españoles, pero sin duda vienen a tranquilizar sobre todo a quienes ya están bajo el paraguas de la Seguridad Social. Recordemos que la preocupación por la salud financiera del sistema ha llevado a la Coordinadora Estatal de Pensionistas COESPE a abrir una petición en la plataforma Change.org para exigir al Gobierno una auditoría de la Seguridad Social.
Del Pacto de Toledo emana asimismo la recomendación de buscar mecanismos para completar la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales, de forma que se asegure el pago de las pensiones, aun en el caso de que las contribuciones sociales no fueran suficientes para ello.
Futuros jubilados: edad de jubilación, penalización al retiro...
Se mantienen los 15 años como período mínimo de cotización para poder acceder a la pensión contributiva, y los 25 años para calcular la base reguladora de la pensión a percibir.
Uno de los empeños del ministro Escrivá, y que consigna asimismo el Pacto de Toledo, es la aproximación de la edad de jubilación efectiva a la edad legal, fomentando la permanencia en activo, incentivando la prolongación voluntaria. Pero también se endurecerá la jubilación anticipada, sobre todo para que no siga siendo, de facto, un sistema de regulación de empleo al que recurren las empresas para desprenderse de sus trabajadores sénior. De este endurecimiento quedarán exentos, probablemente, los trabajadores que acceden a la jubilación anticipada forzosa. En este sentido, la Comisión conmina al Gobierno a analizar cuánto cuestan las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas y su impacto en la equidad de las pensiones, con especial atención a casos forzados y de largas carreras de cotización.
Cuando esté aprobada la reforma, casi con seguridad, los jubilados a quienes les sea de aplicación podrán elegir los años más favorables en el cálculo de la pensión; una medida con la que se pretende no perjudicar las carreras laborales con periodos de desempleo y de precariedad. En 2022, se utilizarán 25 años de cotización para calcular el importe de la pensión a recibir. Para trabajadores con carreras laborales muy prolongadas, se propone valorar la posibilidad de que puedan descartar algún año concreto del periodo de cálculo o escoger el tramo de la carrera de cotización sobre el que calcular la pensión.
Igualmente, la Comisión del Pacto de Toledo pide establecer una "garantía de suficiencia" de las pensiones, tomando como posible referencia la tasa de sustitución que relaciona la pensión media del sistema con el salario medio de los trabajadores ocupados. Se continuarían mejorando las pensiones más bajas, y sin agrandar la brecha de género.
Con respecto a las pensiones de viudedad y orfandad, se prevé una reforma para mejorar su cuantía, para dirigirla a personas de 65 o más años cuya pensión constituye su principal fuente de ingresos y, previsiblemente, aumentar hasta los 25 años la edad para cobrar la de orfandad.
En cuanto a los futuros jubilados autónomos, se promoverá que coticen conforme a sus ingresos reales, pero no será una imposición, sino que se debatirá en la Mesa de Diálogo Social, donde este colctivo está representado a través de la patronal CEOE. Asimimo, la Comisión parlamentaria emplaza al Gobierno a ordenar los distintos regímenes de la Seguridad Social, para que tan solo queden el de trabajadores por cuenta ajena y el de trabajadores por cuenta propia, y que a partir de una cotización similar, consigan una protección social equiparable.
Apuntalar el sistema para que cobren pensión los jóvenes de hoy
Dentro de los sistemas de previsión social complementaria, el Pacto de Toledo apuesta por incentivar los planes de pensiones de empleo surgidos de la negociación colectiva (promovidos por la empresa en beneficio de sus empleados) y gestionados prioritariamente sin ánimo de lucro. Este planteamiento, que el ministro Escrivá ya ha trasladado al anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado, se puede ver especialmente relanzado por su idea de crear un fondo de pensiones de empleo público, es decir, promovido por la Administración, y que beneficiaría fundamentalmente a los autónomos y a los empleados de las pequeñas y medianas empresas
Dentro de sus recomendaciones, los grupos integrantes de la Comisión exigen mayor transparencia en los planes de ahorro, para evitar rendimientos negativos y la necesidad de regular fórmulas más intensas de protección de los ahorros invertidos.
En relación con los jóvenes, el Pacto de Toledo reclama políticas que faciliten la transición del sistema educativo al mercado de trabajo y combatir la precariedad derivada de la alta temporalidad, parcialidad, rotación o subempleo, que impactan negativamente en sus pensiones futuras.
Asimismo, para corregir la brecha de género en pensiones, apela a corregir lagunas de cotización involuntarias y a evitar discriminación en el cálculo de la pensión en el caso del empleo parcial, desarrollado principalmente por mujeres y no por libre elección. También, evitar la informalidad o la infracotización en las actividades desarrolladas a través de plataformas digitales y luchar contra la figura del falso autónomo.
Una recomendación alude a la modernización e información al ciudadano, facilitando tanto los periodos cotizados a lo largo de la vida laboral, como el importe de las cotizaciones efectivamente realizadas. Estas dos variables son fundamentales para tomar decisiones de ahorro de cara a la jubilación.
Fondo de Reserva e impuesto a los robots
La caída de activos del Fondo de Reserva "en ningún caso se utilizará" para justificar la reducción de la cuantía de las prestaciones, resalta el informe del Pacto de Toledo, que plantea la conveniencia de establecer un remanente mínimo, sujeto a una regla endurecida de disponibilidad. Se suprime la recomendación de dotarlo anualmente con un porcentaje fijo.
Tal como aparecía recogido en el borrador del informe de febrero de 2019, se anima al Gobierno a encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social (aparte de las cotizaciones sociales), y en este punto se hace referencia al denominado impuesto a los robots, habida cuenta de que la revolución tecnológica está suponiendo mayor productividad, pero no mayor empleo,
