Subir cotizaciones no pagará la pensión del baby boom y solo aportará 1.700 millones/año a la hucha

Escrivá defiende su propuesta de subir las cotizaciones para "no recortar ninguna pensión"

El Gobierno propone subir las cotizaciones para rellenar la hucha de las pensiones

El Gobierno ha lanzado una sorprendente bomba en la mesa de diálogo social de las pensiones, con su intención de aumentar las cotizaciones sociales un 0,5% (afectaría a trabajadores y empresas) a partir de 2023 y durante un periodo de diez años, con el propósito de rellenar la exhausta hucha de las pensiones (quedan en ella 2.138 millones a fecha diciembre de 2020) y afrontar el gasto por la inminente jubilación de la generación del baby boom. El artífice de la propuesta, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, no ha querido revelar los detalles, pero sí explica que esa hucha se utilizará si el gasto en pensiones se desvía de lo previsto y de lo contrario, el dinero acumulado se emplearía para rebajar cotizaciones o aumentar las pensiones.

Fuentes de la negociación social calculan que medio punto más de cotizaciones supondría pagar 10 euros al mes para un salario medio, divididos entre empresa y empleado. El 15 de noviembre es la fecha tope en la que se conocerían los detalles de esta subida, si finalmente se aprueba, y del mecanismo que sustituirá al derogado Factor de Sostenibilidad.

Las reacciones al plan de Escrivá no se han hecho esperar, y desde el Partido Popular se oponen a la propuesta porque encarecería el coste laboral a las empresas, según ha señalado la vicesecretaria sectorial del PP, Elvira Rodríguez. También Podemos avisa al ministro de que subir cotizaciones no puede implicar pérdida de poder adquisitivo a los trabajadores, según la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Castañón.

En cambio, fuentes sindicales han acogido positivamente la idea. Así, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, cree positiva la propuesta de subir cotizaciones y pide no verla con "dramatismo". Y Unai Sordo, secretario general de CCOO, la considera "interesante", pero advierte de que "no es la propuesta final, ni remotamente". Sordo comparte la visión del Gobierno de que hay que actuar sobre los ingresos para afrontar el gasto futuro en pensiones y cree que es una subida de cotizaciones "muy limitada", que no tendrá efectos negativos sobre el empleo y sí sobre la estabilidad económica, pues garantiza a 15 millones de futuros pensionistas que cobrarán una pensión del sistema público.

Un mileurista pagaría 5 euros al mes

Fuentes del diálogo social detallan a 65Ymás que el Gobierno ha planteado en la mesa de diálogo social "poner en marcha un mecanismo contingente y temporal, que se activaría únicamente si se aprecia una desviación del gasto en pensiones o si hay una crisis económica o algo imprevisto. Su primer punto es la reactivación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, mediante una pequeña aportación finalista temporal (supondría unos 4-5 euros para un trabajador mileurista)". Este mecanismo vendría a sustituir al Factor de Sostenibilidad de 2013, cuya aplicación era automática, permanente y suponía un recorte en la pensión inicial a medida que avanzaba la esperanza de vida. 

Este fondo actuaría como un colchón "para aplicarlo a partir de los años 30, cuando el sistema podría verse más tensionado por la jubilación de generaciones numerosas", siempre en el caso de que se produzca una desviación respecto de la previsión de gasto en pensiones. Si, por el contrario, no hubiera desviación del gasto en pensiones, "este importe se devolvería mediante una rebaja de cotizaciones o un incremento de las pensiones", concretan fuentes del diálogo social.

Menos de 1.700 millones al año para la hucha

Enrique Devesa (@DevesaCarpio), investigador del IVIE (@Ivie_news) y coordinador técnico del Grupo de Investigación en Pensiones Públicas del Instituto de Actuarios Españoles, explica que "lo más cuantitativo que se ha filtrado es que habrá un 0,5% de cotizaciones adicionales. Esto, con datos de 2020, son algo menos de 1.700 millones al año. Es una cantidad pequeña, que solo representa un 0,15% del PIB de 2020. Por lo tanto, no afectará mucho a empresas y trabajadores, aunque no se sabe cómo se va a repartir el esfuerzo entre ambos".

Sobre la sostenibilidad del sistema, Devesa considera que "va a tener un impacto casi nulo, porque la derogación del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones puede representar más cuatro puntos porcentuales. Con esos datos, no parece un mecanismo de equidad intergeneracional, porque van a pagar más los baby boomers y muy probablemente recibirán una pensión con uan tasa de reemplazo inferior a la actual". Respecto a si este aumento de cotizaciones afectaría a los pensionistas, cree posible "que haya algo más que aún no sabemos y que afecte a los pensionistas, pero de momento no hay noticias claras sobre ese tema".

Para José Ignacio Conde-Ruiz (@conderuiz), doctor en Economía, subdirector de Fedea y catedrático, "sería paradójico que en un país con un déficit estructural del 5%, se proponga un mecanismo llamado intergeneracional para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, que forma parte de plan europeo llamado Next Generation y que consiste en subir las cotizaciones a los trabajadores, cuando la tasa de paro juvenil roza el 40%", critica este experto, para quien "el reto de adaptar las pensiones a la nueva realidad demográfica, no se soluciona subiendo la cotizaciones medio punto. Una vez se haya garantizado el poder adquisitivo de las pensiones, que me parece una buena medida para garantizar la suficiencia, se genera un desfase de ingresos y gastos de hasta cuatro puntos de PIB al año, cuando medio punto de cotización son 1.700 millones".

"Escrivá reconoce problemas de sostenibilidad"

A juicio de José Ignacio Conde-Ruiz, "quizá una parte muy significativa de esta propuesta es que, por primera vez, se reconoce que el sistema de pensiones tiene problemas de sostenibilidad". Ahora el reto es adaptar el sistema a la nueva realidad demográfica "y hacerlo de una forma creíble y sin dañar aún más la justicia intergeneracional", argumenta el subdirector de Fedea.

En esta misma línea, José Antonio Herce (@_Herce), economista experto en pensiones y fundador de LoRIS, insiste en que "el foco debe ser combatir el déficit de la Seguridad Social, asegurando la sostenibilidad y equidad intergeneracional, con pensiones dignas y equitativas". Confiesa su sorpresa por la propuesta de subir cotizaciones para rellenar el Fondo, con lo que "implícitamente el ministro está reconociendo un problema de sostenibilidad. Nadie se acordaba del Fondo de Reserva, que sigue abierto porque ningún ministro ni gobierno quiere pasar a la historia como el que liquidó la hucha de las pensiones".

Según Herce, "con este planteamiento se está errando el tiro, con un alza de cotizaciones de medio punto que no aportará ni 2.000 millones al año, cuando lo que necesitamos son mecanismos automáticos, permanentes y simétricos que estabilicen las pensiones. Los recursos deben destinarse a sostener el gasto y reducir el déficit, no desviarlos a una hucha".

Rafael Domenech (@rdomenechv), jefe de Análisis Económico de BBVA Research, detalla que, "para poner en contexto este aumento de cotizaciones durante la próxima década, los 1.700 millones al año (según cálculos del propio Ministerio) representan sólo un 6% de las transferencias previstas del Estado en 2022 para financiar el déficit del sistema, que ascienden a 28.243 millones. Este déficit de 2022 irá aumentando en los próximos años hasta 3 puntos porcentuales adicionales de PIB en 2050 por la derogación del Índice de Revalorización de la Pensiones, que han pasado a revalorizarse en función del IPC".

Nocivo impuesto directo al empleo

Tal y como explica María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, "las cotizaciones sociales son un impuesto directo al empleo, con consecuencias directas negativas sobre la creación de empleo y sobre el nivel de los salarios. En España ya son muy elevadas en comparación con lo habitual en los países de nuestro entorno, especialmente las contribuciones que pagan los empresarios, a pesar de que tenemos una tasa de desempleo muy elevada que duplica la media europea". 

Por este motivo, a juicio de Fernández, en España "no hay margen para subir las cotizaciones sociales. Lo que dictaría la situación de desempleo fuera de lo normal que sufrimos sería justamente lo contrario, un descenso de las cotizaciones. Pretender cubrir el déficit que se va a generar en los próximos años en el sistema de pensiones subiendo las cotizaciones sociales, además de ser imposible (el déficit que se va a generar no se podrá cubrir con aumentos de las cotizaciones) supondría tratar de paliar el problema al precio de más desempleo y salarios más bajos".

Las empresas se oponen

Para las empresas, una nueva subida de cotizaciones, como la planteada por el Gobierno en el marco del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional de las pensiones, lastrará la competitividad de los grupos empresariales y el empleo. 

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, afirma que la subida de cotizaciones sociales para empresas y trabajadores supone "más impuestos", y se queja de que se les haya presentado ahora "hoja y media" de propuesta, cuando "tenemos que decir que sí el día 15 de noviembre".

La patronal de la pequeña y mediana empresa, Cepyme, advierte de que "no sólo repercutirá en la recuperación y en la creación de empleo, aportando más incertidumbre, sino que supondrá mayores costes para las empresas, lastrando su capacidad de competir en un mercado globalizado como el actual. Además, esta subida de cotizaciones se suma a la subida de impuestos incluida en los Presupuestos Generales y la modificación de la normativa laboral".

Asimismo, el presidente de la Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM) y vicepresidente de CEOE, Miguel Garrido, ha pedido "responsabilidad" al Gobierno. Un aumento de cotizaciones les parece "un disparate. Las cotizaciones son un impuesto al empleo y España tiene unas de las cotizaciones más altas. Hay que ayudar a sostener el tejido empresarial e impulsar la actividad económica y así recaudar para pagar servicios públicos", según ha declarado en una entrevista radiofónica.

En el mismo sentido, Lorenzo Amor, presidente de los autónomos de ATA, critica que "si para pagar las pensiones del baby boom, la única solución es subir las cotizaciones, no tendríamos que haber tenido tantas reuniones ni tantas mesas de diálogo. No es coherente. Esto es una derrama como las que se hacen en las comunidades de vecinos. No creo que el déficit de las pensiones se vaya a arreglar exclusivamente con una subida de las cotizaciones de medio punto".