Subir las pensiones con el IPC disparará el gasto hasta 188.500 millones en 2023, avisa FEDEA

Escrivá asegura que las pensiones subirán con el IPC por muy disparado que esté

Funcas avisa: revalorizar las pensiones con la inflación costará 10.000 millones de euros

BBVA Research pid dejar de subir las pensiones con el IPC general

El gasto de la Seguridad Social en pensiones superará el año que viene los 188.500 millones de euros, hasta alcanzar el 14% del PIB, si se lleva a cabo la revalorización de las nóminas conforme al IPC general y en un contexto marcado por la escalada de precios, según pronostica la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA ) en un informe en el que analiza el posible impacto presupuestario de la revalorización prevista en 2023. El estudio, elaborado por el doctor en Economía Miguel Ángel García (@magarciadiaz), toma como referencia una inflación media del 6% para el cálculo.

Este gasto en pensiones supondría un aumento de 1,7 puntos del PIB sobre el nivel existente en 2019, momento en el que estaba situado en la media de los países de la zona euro. No obstante, el informe de FEDEA advierte de que una inflación superior al 6% empeoraría la situación, dado que cada punto adicional de IPC, aumentaría el gasto total en pensiones en torno a 1.700 millones de euros, 0,12 puntos del PIB.

La reciente Ley 20/2021 incluye, entre otras medidas, la garantía del poder adquisitivo de las pensiones mediante su actualización anual con la tasa media del Índice de Precios al Consumo (IPC) y se toma como referencia el mes de noviembre. Y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha repetido en varias ocasiones en los últimos días que "las pensiones se revalorizarán en función del IPC como marca la Ley", por mucho que suba la inflación a lo largo de este año.

En relación a la tasa de inflación de 2022, otros organismos van más allá que FEDEA, como el Banco de España, que prevé una tasa media del IPC aún mayor para este año, que podría situarse en el 7,5%. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) señala en su informe sobre Presupuestos que la revalorización automática de las pensiones con la inflación es uno de los principales riesgos para la sostenibilidad a medio y largo plazo de las cuentas públicas.

Tal como expone en su informe FEDEA, la decisión de mantener la subida de las pensiones ligada al IPC general implica un incremento importante del gasto público. Y precisa que el aumento del gasto de cara a 2023 se añadiría a una posición de partida ya desequilibrada de las cuentas de la Seguridad Social, que presentan un déficit del 1,2% del PIB pese a las elevadas transferencias estatales destinadas a cubrir una serie "muy discutible de supuestos gastos impropios del sistema".

Déficit contributivo de 15.200 millones

El déficit del componente contributivo de la Seguridad Social en 2023 se situaría en el citado 1,2% del PIB (-15.200 millones de euros), después de inyectar 18.396 millones de euros desde la Administración General del Estado en concepto de gastos impropios. Si se excluye este concepto, el saldo negativo del sistema aumentaría hasta el 2,6% del PIB (-33.600 millones de euros), precisa FEDEA.

De cumplirse este escenario, el sistema de pensiones mostraría un fuerte desequilibrio justo antes de iniciarse la entrada en edad de jubilación de la generación del baby boom, con el consiguiente aumento del ritmo de crecimiento del gasto, lo que tensionaría los problemas de financiación del sistema público.

El CES se suma a quienes piden un pacto de rentas

El presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), Antón Costas, aboga por un pacto de rentas con el objetivo de evitar una "espiral de salarios" y repartir el empobrecimiento de manera justa, con lo cual se suma a otros organismos, como el Banco de España o BBVA Research, que consideran que afrontar la inflación de una forma equilibrada exigen la firma de un pacto de rentas que involucre a la mayor parte de la sociedad.

Para Costas, un pacto de esa naturaleza debe ser amplio y contener "tres dimensiones: la energía, la distribución primaria y el pacto de rentas sobre la política fiscal". Asegura que actualmente hay un "cambio de era" económica, que obliga a establecer reequilibrios de la situación financiera, de nuevas políticas industriales, tecnológicas, de desarrollo y comercial de tipo nacional y europeo.