Tramitación exprés: El Congreso votará el lunes la subida de cotizaciones de Escrivá

La oposición saca los colores a Escrivá por el 'trágala' de la subida de cotizaciones

La polémica subida del 0,6% en las cotizaciones a la Seguridad Social, pactada por el ministro José Luis Escrivá con los sindicatos UGT y CCOO, se someterá a votación en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados el lunes 22 de noviembre. De este modo, la primera parte de la reforma del sistema público de pensiones ya incluirá el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), consistente en un alza temporal de cuotas del 0,5% para las empresas y del 0,1% para los trabajadores, durante 10 años a partir de 2023.

El objetivo del MEI es rellenar el Fondo de Reserva con más de 40.000 millones de euros, para afrontar el aumneto de gasto por la jubilación del baby boom en las dos décadas decisivas; los años 30 y 40, según ha detallado el ministro.

La votación del lunes la ha decidido la ponencia de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso, dando así carpetazo a los trabajos de discusión de esta reforma en apenas una sola sesión. Y es que, tras la constitución de la ponencia el miércoles, los grupos del Gobierno han introducido varios cambios en la reforma pactados con socios y otros partidos, y han dejado lista la reforma para someterla a votación en la Comisión.

Si bien la comisión tenía competencia legislativa plena, el Congreso aprobó, a propuesta de ERC, que la reforma se sometiese a un último debate en el Pleno del Congreso, que dispondrá de la última palabra sobre esta reforma y las enmiendas que queden vivas.

Reforma pactada con ERC y Bildu

En la reforma, según ha desveldoa Europa Press, ya se incluye el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), consistente en la subida temproal de cotizaciones sociales, una medida alternativa al recorte en la cuantía de la pensión que suponía el factor de sostenibilidad de la anterior reforma del PP, de 2013.

El plan del Gobierno pasaba por introducir este cambio a través de una enmienda en esta reforma, ya que el acuerdo alcanzado con sindicatos y patronales en verano daba al Gobierno de margen hasta el 15 de noviembre para buscar una fórmula consensuada. El PSOE no registró enmiendas al proyecto y Unidas Podemos retiró las suyas, pero PSOE y Unidas Podemos llegaron a la Comisión con una enmienda transaccional a partir de propuestas de Esquerra Republicana y EH-Bildu.

Ampliación de viudedad a parejas de hecho

Las cotizaciones no son la única enmienda incluida antes de la Comisión, ya que también se ha aprobado otra para ampliar el acceso a la pensión de viudedad a parejas de hecho, extendiéndola además a todos los supuestos en los que la persona beneficiaria no tenga reconocida el derecho a otra pensión contributiva.

Para sacarla adelante, el Gobierno confía en contar con el apoyo o el aval de socios como el PNV, Esquerra Republicana o EH-Bildu, formaciones estas últimas que habían exigido la realización de una auditoría de los gastos impropios asumidos por la Seguridad Social y el sistema público de pensiones ajenos a las pensiones contributiva, una factura en la que explican los números hoy deficitarios del sistema.

¿Posible auditoría desde 1980?

Finalmente, según la enmienda transaccional a la que ha tenido acceso Europa Press, la reforma de pensiones incluirá un mandato al Gobierno para que en el plazo de seis meses remita a la Comisión de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo un informe para cuantificar todos los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva y su financiación desde 1980.

En la enmienda se refleja que este informe pondrá particular atención a los conceptos identificados como gastos impropios y a financiar a través de los Presupuestos Generales del Estado, como beneficios de regímenes y colectivos específicos, el reconocimiento de pensiones anticipadas donde no se haya previsto cotización adicional y reducciones en la cotización.

Esta suerte de auditoría de gastos de la Seguridad Social es una de las reivindicaciones de los movimientos de pensionistas, que reclaman en sus manifestaciones y redes sociales que el Gobierno realice una auditoría de las cuentas del sistema público, para saber cómo y opor qué se agotó el Fondo de Reserva de las pensiones, que llegó a tener 67.000 millones de euros y que se encuentra casi agotado.