El Tribunal de Cuentas reclama medidas urgentes para resolver la deuda de la Seguridad Social

La deuda de la Seguridad Social lleva año y medio por encima de los 100.000 millones

La 'hucha' de pensiones solo da para costear la mitad de nómina de un mes: tiene 7.022 millones

El abultado peso de la deuda de la Seguridad Social empieza a despertar las alertas no solo de los expertos y think tank como Fedea o de organismos como la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), sino del propio Tribunal de Cuentas, que acaba de pedir a las Cortes que insten al Gobierno a que se adopten "urgentemente" medidas para resolver la situación del endeudamiento del sistema de pensiones, que a fecha 31 de diciembre de 2022 acumulaba un patrimonio neto negativo de 88.759,4 millones de euros (en la actualidad, la deuda según el protocolo de déficit excesivo es muy superior, 116.170 millones en abril de 2024, según datos del Banco de España).

Así lo ha reclamado el organismo fiscalizador, en la Declaración sobre la Cuenta General del Estado, que realizó la Intervención General (IGAE) del ejercicio de 2022. En este informe se audita la salud económico-patrimonial y presupuestaria de todo el sector público estatal.

El Tribunal alerta sobre la situación del balance de la Seguridad Social, que acumula 6 años consecutivos en déficit.  Y ello, a pesar del crecimiento de los ingresos por cotizaciones y del aumento de las transferencias de fondos desde el Estado, que se necesitan para poder pagar cada mes los más de 10,13 millones de pensiones contributivas.

Buena parte de esa deuda se genera a través de los préstamos a los que acude el Estado para financiar a la Seguridad Social, algunos prorrogables o directamente sin plazo de reembolso. En concreto, la Tesorería General de la Seguridad Social recibió del Estado un préstamo de 6.981,6 millones en 2022.

La 'hucha' de pensiones debe computar como patrimonio

Entre las advertencias que realiza el organismo fiscalizador, plantea que, a la hora de aportar recursos a la Seguridad Social, es preferible hacerlo con transferencias corrientes, que en 2022 ascendieron hasta los 18.396 millones de euros.

Otra de las objeciones que el Tribunal de Cuentas pone a la salud del sistema de pensiones, que el Fondo de Reserva, conocido como hucha de las pensiones, pase a formar parte del patrimonio de la Seguridad Social en términos de contabilidad, ya está legalmente prevista a partir del ejercicio 2023.

Asimismo, expone incidencias relativas a la falta de registro contable de las aplicaciones informáticas desarrolladas y puestas en explotación con medios propios de la Seguridad Social, por al menos 125,9 millones; y señala también que existe una infravaloración de las deudas por cotizaciones con la Seguridad Social, SEPE y Fogasa, por la falta de registro de la deuda por los intereses de demora devengados de 660,4 millones y por sobrevaloración del deterioro de valor de 2.103,4 millones. Además, el organismo expresa sus dudas sobre el cobro de la deuda por cotizaciones sociales de instituciones sanitarias, públicas y privadas sin ánimo de lucro, que ha sido objeto de moratoria desde 1995 (673,5 millones de euros).

Y, aunque no afecte al informe global, el Tribunal indica que aún no se ha producido el saneamiento financiero por los préstamos otorgados por la Administración General a la Seguridad Social entre 1995 y 1999 (17.168,6 millones), ni se han amortizado las deudas de 9.081,5 millones de la Seguridad Social con la Administración por la liquidación de los conciertos suscritos con el País Vasco y Navarra.

Déficit de 635 millones en mayo de 2024

Al tiempo que se conoce el documento del Tribunal de Cuentas, el Gobierno publica las estadísticas más recientes de déficit de la Seguridad Social, que en los primeros 5 meses de 2024 acumula un saldo negativo de 635 millones de euros, tras ingresar en este periodo 80.435 millones de euros (9,4% más), frente a unos gastos por valor de 81.071 millones (8,7% más interanual).

Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, este saldo negativo se produce, a pesar de que el sistema ingresó hasta mayo 67.889 millones por cotizaciones (7,8% más que en igual periodo de 2023) y un 33,1% más en comparación con 2019, último ejercicio no afectado por la pandemia.

En cuanto a la recaudación procedente del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), en vigor desde enero de 2023, esta se concretó en 1.476 millones de euros en los cinco primeros meses de este año (60% más interanual).

Las transferencias recibidas por la Seguridad Social ascendieron en los 5 primeros meses a 11.812 millones de euros, con un repunte interanual del 17,8%. La partida más significativa corresponde a las transferencias recibidas del Estado y Organismos Autónomos, que aumentó un 18%, hasta los 9.695 millones de euros, debido, fundamentalmente, a la mayor percepción de fondos para garantizar el cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo, relativa a la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social.

El gasto en pensiones contributivas sube el 7,6%

Por el lado de los gastos, las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron los 76.136 millones de euros hasta mayo (8,6% más que en el mismo periodo de 2023), una cifra que representa el 93,9% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor partida, por importe de 69.750 millones, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento anual del 8,5%.

Más en detalle, el gasto en pensiones contributivas de invalidez, jubilación, viudedad, orfandad, en favor de familiares y complementos para la reducción de la brecha de género aumentó un 7,6%, hasta los 61.254 millones de euros, como consecuencia del mayor número de pensionistas (+1,3%), la subida de la pensión media en un 5% y la revalorización general de las pensiones contributivas en un 3,8% para este año.

En cuanto a las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores por cáncer u otra enfermedad, el gasto se elevó hasta los 1.766 millones de euros, un 8,6% más.

Por su lado, el gasto en subsidios de incapacidad temporal (IT) se disparó un 18,1% en los cinco primeros meses, hasta los 6.389 millones de euros.

9,4% más de gasto en pensiones asistenciales

Las estadísticas reflejan asimismo que a las pensiones no contributivas, incluido el complemento a mínimos de las pagas contributivas, se han destinado hasta mayo 6.386 millones de euros, lo que representa el 9,4% más que en igual periodo de 2023. La razón de este incremento es la revalorización del 6,9% que el Gobierno ha aplicado a las prestaciones de carácter no contributivo.

De esta cantidad, 3.973 millones de euros han ido a financiar las pensiones no contributivas y complementos por mínimos (+7,6%), mientras que a subsidios y otras prestaciones no contributivas han correspondido 2.413 millones (12,6% más respecto a hace un año). Dentro de esta última cifra, 2.225 millones correspondieron al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y prestaciones familiares, un 9,6% más que en los cinco primeros meses de 2023.