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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT (@UGT_Comunica), Mari Carmen Barrera, ha registrado en el Congreso este jueves dos escritos dirigidos a la Presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio.
En los mismos, se le pide a la Presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo que pida al Gobierno el estudio sobre los los perjuicios que se ha causado a las personas que se han prejubilado anticipadamente en nuestro país, reclamación sindical que fue incluida en las Recomedaciones del Pacto de Toledo, que el Congreso de los Diputados ratificó en noviembre del pasado año.
"El Gobierno tenía que haberlos presentado en el plazo de tres meses y aún no lo ha hecho", señalan los organizadores. En los escritos se reitera que es necesario realizar una reforma legislativa que incorpore a la Ley General de la Seguridad Social una solución justa que repare la injusticia que vienen sufriendo los jubilados anticipados (pasados y presentes).
Según apunta UGT, "hay que tener en cuenta que el 81% de estas personas que se se prejubilan proceden del desempleo, por lo que ven recortada su pensión hasta el 40%". Durante la presentación del registro, en el que han participado, además, el Secretario General de la Unión de Jubilados y Pensionistas (@UJP_UGT), Anatolio Díez, y un representante de CONFEDETEL y otro de ASJUBI40, Mari Carmen Barrera ha afirmado que “no vamos a consentir que se produzca un recorte en las pensiones presentes y futuras”.
En este sentido, Barrera ha reclamado “que se vuelva a la situación anterior de la reforma de 2013. No ha habido nunca problemas con la actualización de las pensiones, automáticamente se actualizaban al IPC. Fue la reforma del PP la que cambió la dinámica, suponiendo un gran daño al sistema. Pedimos que se vuelva al acuerdo social del año 2011 y, a partir de ahí, construir el sistema de pensiones a futuro que sea viable, sostenible y justo para todos y todas nuestras pensionistas”.
Culpan a la reforma laboral del PP
En los escritos, UGT exige que se acabe de una vez con los recortes y desigualdades que sufren las pensiones, entre ellas las que afectan a los trabajadores que han cotizado por encima de los 40 años, carreras largas de cotización, y establecer un máximo de años cotizados a partir del cual se perciba la pensión íntegra en la jubilación, al igual que ya existe en otros países europeos como, por ejemplo, el más reciente caso de Portugal, que lo incorporó a su legislación el año pasado.
El sindicato recuerda que la reforma laboral del Gobierno del PP, y los posteriores recortes, han perjudicado gravemente a los trabajadores de mediana edad o a las puertas de la jubilación que han sido despedidos y los vacíos de cotización en los años previos a la jubilación consiguen recortes de hasta el 40% en la cuantía de la pensión, aun habiendo cotizado más de 40 años. Una situación que, dicen "hay que corregir sin más dilación derogando las leyes desreguladoras impuestas por el anterior Gobierno del PP y aprobando nuevas normas desde el consenso".
También recuerdan que es el caso de personas que "comenzaron a trabajar con 14 años y que, al alcanzar los 55, completan más de 40 años cotizados". Según UGT, la ley ha estado obligando a estos desempleados a jubilarse anticipadamente si percibían el subsidio por desempleo, a los 61 años, "con el recorte forzoso que supone este anticipo en la edad de jubilación y con el recorte añadido por los vacíos de cotización por la situación de desempleo, que el Ejecutivo del PP y sus reformas de 2012 han originado en estos desempleados. Esta ley ya ha sido eliminada, pero ha estado causando perjuicio durante ocho años a estas personas".
"Una discriminación injusta"
Para UGT, la aplicación de estos coeficientes está suponiendo una discriminación muy injusta y un perjuicio de por vida a los jubilados anticipados desde hace muchos años. Ya desde el año 2005, en que se aprobó en el Congreso de los Diputados una PNL presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) sobre el tratamiento a dar a los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas, se viene tratando este asunto sin que se haya dado solución por ninguno de los distintos Gobiernos.
Más recientemente, desde el año 2016, han sido aprobadas en 11 Comunidades Autónomas diversas Proposiciones no de Ley a favor de esta reivindicación, instando al Gobierno a tomar medidas para su solución, y en 2018 fueron aprobadas dos Proposiciones no de Ley en las Comisiones de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Congreso y del Senado. De momento sin consecuencias.
De ahí que UGT exige que se corrijan "estas desigualdades" y que, a través de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, "se inste al Gobierno a que ponga tope a los recortes en las pensiones, con el fin de que en ningún caso puedan alcanzar el 40% y se establezca un máximo de años cotizados a partir del cual se perciba íntegra la pensión".