El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha comentado este jueves que las negociaciones sobre la segunda parte de la reforma del sistema de pensiones "se encuentran en punto muerto", sin ninguna "noticia formal" por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde diciembre.
El Gobierno y los agentes sociales siguen sin reunirse desde entonces, a pesar de que el titular de la cartera, José Luis Escrivá, aseguró la semana pasada en Bruselas que la reforma se encontraba en "fase final", con la intención de cerrarla en febrero, toda vez que el plazo inicial culminó el 31 de diciembre.
"Parece que sí que ha habido movimientos por parte del ministro con respecto a Bruselas, pero ni siquiera nos han informado de cómo van sus negociaciones. No tenemos nada", ha admitido Luján en una rueda de prensa.
El vicesecretario general de Política Sindical de UGT ha manifestado el interés del sindicato por volver a la mesa para alcanzar un acuerdo que garantice "un sistema público robusto, sostenible y con mejores cuantías, que blinde los ingresos". "No depende de nosotros, pero nos parece importante que se impulse la mesa", ha lamentado en un llamamiento a Escrivá.
Luján ha recordado que las negociaciones se quedaron estancadas en los ingresos y en la necesidad de reforzarlos hasta 2050. En su opinión, no hace falta ser "imaginativos", sino copiar a Europa y hacer que "todo el mundo cotice por su salario a la Seguridad Social".
El ministro José Luis Escrivá
Rechazo a la propuesta principal de Escrivá
Esta segunda pata de la reforma aborda el destope de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima -aunque no al mismo ritmo-, una mejor cobertura de las lagunas de cotización en carreras laborales irregulares y medidas para reducir la brecha de género en pensiones.
El Ministerio ha puesto también sobre la mesa una propuesta para ampliar progresivamente el periodo de cálculo de la pensión de los 25 años actuales a un total de 30 años, con el descarte de los dos peores años cotizados.
Esta propuesta ha generado polémica entre los agentes sociales y dentro del propio Gobierno, con Unidas Podemos negándose a acometer cualquier cambio que suponga una merma de las pensiones, como así asegura que ocurrirá si se amplía el periodo de cómputo.
A CCOO y UGT tampoco les gusta. No la ven necesaria, alegan que no está recogida en el Pacto de Toledo y que no goza del suficiente apoyo político para su implementación. Los empresarios, por su parte, también defienden que no es una recomendación de la Comisión del Pacto de Toledo y creen que lo primero sería discutirlo en dicho foro antes que en el diálogo social.
Pero al margen del periodo de cálculo, sobre la mesa de la reforma de pensiones está también el destope de las bases máximas de cotización y la subida de la pensión máxima.
En su propuesta inicial, que es sólo un punto de partida, el Gobierno propuso vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050, lo que supondría un incremento de cerca del 30% en dicho periodo.
Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. De este modo, el Gobierno propuso inicialmente que la pensión máxima suba también con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas.
Los sindicatos piden directamente que se destopen las bases máximas y los empresarios no quieren oír hablar de más aumentos de costes, pues el nuevo año ya les ha traído algunos.
