La verdad del gasto en pensiones: marca cifras récord, pero se 'come' menos PIB que en 2020-2022

El Banco de España alerta: habrá que hacer ajustes en las pensiones a partir del año que viene

Expertos avisan del déficit de las pensiones, pese a las transferencias y cotizaciones récord

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El gasto en pensiones en términos absolutos (millones contantes y sonantes) lleva años acelerando, y en los últimos 18 meses, particularmente disparado, marcando cifras récord mes tras mes, debido a tres razones fundamentales: el aumento del número de pensiones (10,15 millones) y de pensionistas (9,18 millones), por la mayor longevidad y la cercanía del retiro del babyboom; la mayor cuantía de las pagas de los nuevos jubilados; y, sobre todo, el sistema de revalorización anual según el IPC, que provoca que el incremento experimentado un año se consolide en la nómina del siguiente, aumentando la base sobre la que se aplicarán las sucesivas actualizaciones.

De hecho, la Seguridad Social dedicó en mayo la cifra histórica de 12.732,2 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, el 6,3% más que en igual mes de 2023, según las estadísticas del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, a cuyo frente se halla Elma Saiz. Un nuevo récord, que añade tensión a las arcas públicas, después de que se superaran los 12.000 millones por primera vez en julio de 2023 (ese año la revalorización general fue del 8,5%, y en 2024 rige el 3,8%).  

La rapidez con la que crece el gasto en pensiones ha disparado varias alarmas, entre ellas, las del Banco de España, que vaticina que habrá que realizar ajustes en el sistema de pensiones a partir de 2025; de la Comisión Europea, subrayando que España es el país de la UE donde más subirá el gasto hasta 2070; de la OCDE, de la AIREF y de numerosos expertos del ámbito privado, el último de ellos, el economista estadounidense Shlomo Benartzi, que en su reciente visita a España ha afirmado que "la Seguridad Social no podrá pagar las pensiones de las generaciones futuras".

Sin embargo, hay otra forma, complementaria, de medir el gasto, consistente en comparar su peso en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) español, es decir, analizando qué porcentaje de la producción anual que genera el país hay que destinar para sostener las pensiones. En este caso, el desembolso en pensiones equivale al 11,5 % del PIB, que es lo mismo que supuso en 2023, y se trata de un porcentaje inferior a la riqueza que hubo que dedicar en 2022 (el 11,7% del PIB), en 2021 (el 12,1%) y en 2020 (el 12,4%), según datos del Ministerio.

¿Cómo de grave es entonces la rápida progresión del gasto, y qué peligros entraña para la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social? Incluso el Gobierno reconoce que implica un gran reto, habida cuenta de que desde 2025 se empezarán a jubilar de manera masiva los primeros boomers. Y la reforma de pensiones pronostica un enorme esfuerzo financiero para las dos próximas décadas. No obstante, el Ministerio que ahora lidera Elma Saiz mantiene, como hacía el anterior ministro, José Luis Escrivá, que el gasto será asumible, si funcionan las medidas previstas en la reforma de pensiones en vigor. 

Así, el Ejecutivo prevé que la economía española continúe creciendo a buen ritmo en los próximos años, de forma que pueda asumir parte del gasto en prestaciones en términos de PIB. Confía, además, en que los trabajadores sigan retrasando su jubilación efectiva (más de 65 años por primera vez) y vaticina que un mayor número de personas compatibilizará pensión y empleo, lo que reduciría la progresión del gasto total. El Gobierno espera, asimismo, un despegue de ingresos por cotizaciones, gracias al destope de la base máxima de cotización, a la nueva cuota de solidaridad, que pagarán los sueldos más altos, y a la pujanza del mercado laboral.

Y, sobre todo, el Ejecutivo tiene en su mano la baza del aumento automático de cotizaciones, resorte que contempla el Mecanismo de Equidad Intergeracional (MEI), en caso de que el desvío entre gastos e ingresos sea una realidad alarmante.

2025, primer chequeo a la 'reforma Escrivá'

Los expertos advierten de que el gasto en pensiones hay que parametrizarlo y controlarlo, y si es necesario introducir ajustes, tanto en los gastos como en los ingresos. 

El primer gran chequeo se producirá en 2025, cuando la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) evaluará la marcha de los ingresos y de los gastos, lo que determinará si es necesario activar la cláusula de salvaguarda, incluida en la Ley de reforma y que, en ausencia de otras medidas, implicaría un aumento automático de las cotizaciones que empresas y trabajadores pagan al MEI.

Hay que recordar que la reforma Escrivá establece una cláusula para garantizar la sostenibilidad del sistema: si se activa, las medidas a adoptar pueden ser mediante menores gastos, o bien mayores ingresos, o un mix de ambas fórmulas. 

PENSIONES CONTRIBUTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Para ajustar la salud de las pensiones, este resorte podría emplearse cada tres años, puesto que ese es el periodo pautado para revisar el balance entre ingresos y gastos. Y su activación está prevista si (o cuando) el gasto sea superior al 12,7% del PIB.