Pensiones
'Vuelta al cole' en pensiones: la jubilación flexible y el alza de pagas mínimas, deberes urgentes
Corregir el "error" del despido por cuidados y aprobar los PGE 2025, pruebas de fuego del Gobierno
Revolución en pensiones: objetivo, que trabajemos más y nos jubilemos después
Así queda la jubilación activa con la nueva reforma de pensiones
La vuelta al cole en pensiones en septiembre de 2024 viene marcada por la aprobación, renegociación o enmienda del último acuerdo en pensiones, alcanzado por el Gobierno y los agentes sociales justo antes de irse de vacaciones, el 31 de julio de 2024; acuerdo que tras el paréntesis veraniego deberá ser examinado por el Pacto de Toledo y, después, aprobado por el Congreso de los Diputados.
La variedad de las distintas medidas pactadas y el hecho de que el acuerdo requiere diversos desarrollos normativos, hacen muy difícil prever cuándo podrán entrar en vigor, reconocen fuentes del Ejecutivo, pese a que los trabajos para ello van a "comenzar de manera inmediata".
También es decisiva la inmediata negociación (y aprobación) de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025, de los que dependen, por ejemplo, las subidas de pensiones mínimas, algunas de viudedad y las no contributivas. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura tener "muy avanzada" la propuesta de PGE y "en septiembre" iniciará los contactos "con los grupos de todos los espectros políticos".
Tener antes de finales de año unos nuevos Presupuestos es fundamental, porque sin ellos, es más difícil, por falta de fondos, cumplir promesas sociales en Sanidad, Derechos Sociales, Consumo o Agenda 2030. Las pensiones contributivas están a salvo, y su pago y revalorización cuentan con el respaldo de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, pero está por decidir el porcentaje exacto de revalorización de las mínimas y asistenciales.
Flexibilizar la jubilación depende del Pacto de Toledo...
Tras casi ocho meses de negociaciones, el Ministerio de Seguridad Social, a cuyo frente se halla Elma saiz, los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE-Cepyme firmaron en julio el cuarto acuerdo en pensiones, que contempla una nueva regulación y flexibilización de la jubilación parcial y de la jubilación activa; ampliar la compatibilidad entre el empleo y el cobro de la pensión; y mejorar la jubilación demorada, entre los principales cambios.
Según confirman fuentes del Ministerio, la intención del Gobierno es llevar la reforma al Pacto de Toledo en septiembre, para compartir con los grupos parlamentarios el contenido del acuerdo y obtener su aprobación. Desde el Ejecutivo no creen que haya gran problema en sacarlo adelante porque, según defiende, son medidas razonables; varias de ellas, emanadas precisamente de las Recomendaciones del Pacto.
... y del Congreso de los Diputados
El visto bueno del Pacto de Toledo a la reforma de la jubilación no es la única prueba de fuego para las pensiones a partir de septiembre, puesto que el acuerdo deberá ser aprobado después por el Consejo de Ministros (mero trámite) y, a continuación, por el Congreso de los Diputados.
Si bien el Ministerio confía en que recibirá el apoyo de una mayoría parlamentaria suficiente, es de prever que esta nueva reforma experimente cambios en su tramitación parlamentaria, como ha sucedido en otras ocasiones. Cambios que, en todo caso, fuentes oficiales esperan que consistan en mejoras del texto inicialmente acordado con los agentes sociales.
'Deber' urgente: subida de pagas más bajas
En 2024, las pensiones no contributivas (de jubilación e invalidez) tienen un importe anual de 7.250,60 euros íntegros, que se abonan en 12 mensualidades, más dos pagas extraordinarias (en junio y noviembre). En total, hay 455.111 pensionistas no contributivos en todo el país, y al tratarse de prestaciones asistenciales, su importe es muy bajo, y su revalorización anual depende de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Por tanto, la negociación de los PGE es crucial para conocer la cuantía de estas pagas en 2025. Una pista la da la reforma de pensiones de 2023, que establece un calendario de subida de estas pensiones asistenciales, según el cual, se incrementarán cada año más que el IPC, es decir, su importe aumentará más de lo que lo hagan las pensiones de la Seguridad Social.
La razón es que el calendario previsto por el Gobierno en su reforma establece que, en 2027, las pensiones no contributivas deberán suponer el 75% del umbral de pobreza para un hogar unipersonal, que se define como el 60% de la mediana de ingresos anuales por unidad de consumo.
Poner fecha a las nuevas jubilaciones parcial y activa
El pacto en pensiones modifica la jubilación parcial, con la posibilidad de adelantar 3 años el acceso, es decir, a los 62 cumplidos, y mejorar las condiciones del trabajador relevista, pues su contratación tendrá que ser indefinida y a tiempo completo.
Para la nueva jubilación activa, se elimina el requisito de tener la carrera de cotización completa, será compatible con incentivos de demora, y su compatibilidad se fijará en función del tiempo que se demore (con un año, un 45% de pensión; con dos años de demora, un 55%; con tres años, un 65%; con cuatro años, un 80%; con cinco años de demora, un 100%).
La cuarta reforma de pensiones del Gobierno también modifica la jubilación demorada: el trabajador cobrará un incentivo extra por cada seis meses de demora a partir del segundo año y no cada doce meses.
Todos estos cambios están a la espera de que el Ejecutivo fije la fecha de entrada en vigor efectiva, después de negociar con el Pacto de Toledo y los grupos políticos.
Concretar los coeficientes reductores en jubilación
Los últimos cambios anunciados en pensiones contemplan asimismo un "procedimiento para establecer coeficientes reductores de la edad de jubilación para ocupaciones especialmente penosas o peligrosas. Esta nueva regulación se basa, fundamentalmente, en determinar las circunstancias objetivas, que permiten establecer coeficientes reductores para a rebajar la edad de jubilación, como puedan ser: la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja médica; así como las declaraciones de incapacidades permanentes y los fallecimientos", según explica el Gobierno.
Sin embargo, son múltiples las dudas de los trabajadores sobre cómo y qué ventaja supondrá el nuevo procedimiento para quienes necesiten anticipar su jubilación.
Corregir el "error" en Paridad y blindar los cuidados
El Gobierno de Pedro Sánchez inaugura septiembre con el deber pendiente de corregir el desaguisado cometido por el Ministerio de Igualdad, debido a un fallo técnico al incluir una disposición en la Ley Orgánica 2/2024 (Ley de Paridad), que se ha realizado sobre un texto desactualizado del Estatuto de los Trabajadores.
La consecuencia es que este "error técnico" del Ministerio de Igualdad, que dirige Ana Redondo, ha eliminado la protección de los trabajadores que se acojan al permiso de 5 días por cuidado de un familiar tras un accidente, enfermedad grave u hospitalización, o a una adaptación de jornada.
La ministra ha prometido subsanar “cuanto antes” el problema y devolver el blindaje que tenían (hasta el 22 de agosto) los empleados que ejercieran su derecho legal a este permiso, y a quienes tengan o soliciten jornada reducida u horarios para conciliar.
Mientras el Gobierno no corrija este fallo en la Ley de Paridad, un eventual despido no se considera nulo de forma directa.
Jubilación anticipada de policías, sanitarios, camioneros...
Son numerosos los colectivos y profesionales que vienen reclamando al Gobierno la jubilación anticipada con el 100% de la pensión o condiciones más óptimas que las actuales.
Es el caso de los policías y guardias civiles, que exigen la misma jubilación anticipada que Mossos y Ertzainas. También los militares piden que se les incluya como profesión de riesgo y acceder a la jubilación anticipada.
Los bomberos forestales y los conductores profesionales reclaman asimismo la jubilación anticipada, al igual que los hacen las enfermeras (revindican que su trabajo a turnos y de noche justifica la jubilación anticipada).
El sindicato CSIF quieren la jubilación anticipada para los funcionarios con discapacidad.
Las personas con fibromialgia y encefalomielitis miálgica reclaman, por su parte, acceder al retiro anticipado.
6 meses para reformar la jubilación flexible
Uno de los acuerdos firmados por Gobierno y agentes sociales el pasado 31 de julio de 2024 establece que, en el plazo de 6 meses, negociarán una reforma de la modalidad de jubilación flexible, según han avanzado fuentes del Ministerio y de los sindicatos UGT y CCOO.
Esta fórmula, calificada de "muy restrictiva", es la que ahora contempla el caso de aquellas personas ya jubiladas que desean volver a trabajar. El objetivo es mejorar los porcentajes de pensión a percibir por parte de aquellos jubilados que regresen a la vida laboral activa y, por tanto, compatibilizar el cobro de su pensión y las rentas salariales.
En la actualidad, a esta fórmula legal se pueden acoger personas de todos los regímenes de la Seguridad Social, salvo a los Regímenes Especiales de los Funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y del personal al servicio de la Administración de Justicia.
Tramitar la Proposición de Ley de Asjubi40
El Grupo Mixto, y en su representación, Ione Belarra, ha presentado una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados, con la reivindicación de Asjubi40, para que se supriman los coeficientes reductores de pensión en la jubilación de cualquier persona que tenga 40 o más años cotizados a la Seguridad Social.
La propuesta legal ha ido sorteando los trámites establecidos, y el próximo 6 de septiembre encara una fecha clave, puesto que se cumplen los 30 días fijados para que el Gobierno apruebe o deniegue su conformidad a la tramitación de dicha Proposición de Ley.
Si el Ejecutivo no se niega, la iniciativa legislativa quedará en condiciones de ser incluida en el orden del día del Pleno para su toma en consideración.
Pero, si el Gobierno la anula, la reforma no llegaría a pasar al Congreso de los Diputados. "Esto ya ocurrió en la Propuesta de Ley que presentó Unidad Podemos gobernando el PP, y que Mariano Rajoy rechazó, sin poder llegar a tramitarse en el Parlamento", recuerdan fuentes del Comité de Asjubi40.
Habrá mesa de diálogo sobre incapacidad temporal
Los agentes sociales y el Gobierno han avanzado en abrir una línea de trabajo que permita hacer un seguimiento de indicadores de Incapacidad Laboral Transitoria (IT), de acuerdo con lo establecido en el AENC, con la constitución de una comisión de control para el seguimiento y control de estos convenios y el análisis de la evolución de la Incapacidad Temporal.
Tal como admiten fuentes del Gobierno, desde la pandemia del Covid 19 se está produciendo un fuerte ("y preocupante") crecimiento de bajas laborales por incapacidad temporal, que "no solo aumentan en número, sino también en su duración, sobre todo los procesos de afecciones de salud mental".
