Vuelven los 'lunes al sol' de los pensionistas madrileños

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Desde hoy, día 11 de septiembre, Madrid volverá a contemplar la ya familiar estampa de decenas de pensionistas, concentrados cada lunes ante el Congreso de los Diputados, situado en la carrera de San Jerónimo. Se reinician así los tradicionales lunes al sol de los jubilados en la capital española, convocados por el Movimiento Pensionista de Madrid (MPM @MPM_MADRID_), como viene siendo habitual, a las 12 horas.

Tras el paréntesis veraniego, los miembros del MPM reanudan sus concentraciones semanales ante la sede del Parlamento, "en defensa del sistema público de pensiones, y en contra de cualquier intento de recorte". Tal como afirman varios de sus representantes, "retomamos con ganas la lucha pensionista, porque es necesario que sigamos en las calles para consolidar nuestros derechos y lograr conquistas muy importantes que todavía no se han conseguido, como son, entre otras, la subida de la pensión mínima, para igualar el salario mínimo interprofesional, establecido en los 1.080 euros mensuales".

Otra de sus exigencias es "el blindaje de las pensiones en la Constitución, para que no dependan del gobierno de turno", de hecho, proclaman sin dudar que, con independencia del color del gobierno que finalmente se configure, continuarán con sus acciones de protesta. "Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden y se luchan", advierten a los grupos políticos, parlamentarios y agentes sociales, conscientes de que "si el pensionista no lucha, nadie le escucha".

Entre las reivindicaciones históricas del MPM figuran la constitución de una mesa de Diálogo Social, para "preservar, consolidar y mejorar el sistema público de pensiones del Estado español, de reparto solidario y de prestación definida. Esta mesa estaría formada por representantes del Gobierno y de los agentes sociales: sindicatos, organizaciones empresariales y movimientos de pensionistas", explican.

Este movimiento critica que la "enmarañada diversidad de clases de pensiones hace difícil establecer un criterio de cuantía mínima uniforme para todas: jubilación, viudedad, orfandad, invalidez, a favor de familiares, no contributivas, SOVI… Otro factor es el de la edad". Por tanto, defienden, como prioridad, "que ninguna persona que no pueda trabajar por las razones que sean, deje de percibir una pensión económica de la Seguridad Social o del Estado, que la permita hacer una vida autónoma y digna". Y fijan en 1.080 euros el importe mínimo.

Se trata, según afirman, de "evitar la pérdida de poder adquisitivo que agrave situaciones de vulnerabilidad. La pobreza mata", señalan. "Con la revalorización al IPC, sea el interanual acumulado o el medio, hay situaciones como las que vivimos ahora, en las que el desfase es muy grande entre la revalorización de la pensión y la cesta de la compra, y que se hace insostenible para pensiones que están igual o por debajo del umbral de la pobreza".

Por este motivo, reivindican que, además de la revalorización al IPC real, "el Estado garantice el acceso universal a bienes y servicios básicos, interviniendo sus precios y proporcionando bonos de consumo para quienes tengan ingresos bajos".