La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que el objetivo del Gobierno es "proteger" el sistema público de pensiones, así como "cumplir con el acuerdo" que suscribieron PSOE y Unidas Podemos para formar el actual Ejecutivo de coalición y "con el marco constitucional", que, según ella, "es claro".
Preguntada por el borrador del ministro de Migraciones, Seguridad Social e Inclusión, José Luis Escrivá, que contemplaba la ampliación de 25 a 35 años en el periodo de cálculo de las pensiones, lo que en la práctica supone un recorte de las prestaciones, Díaz ha insistido en que van a "respetar el acuerdo del Pacto de Toledo" y que tanto ella misma como el ministro van a "mantener las mesas de diálogo social. "Vamos a trabajar con las reformas estructurales para mejorar el sistema público de pensiones", ha indicado en una entrevista en Al rojo vivo (La Sexta).
Finalmente, esa propuesta de Escrivá de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones no ha sido incluida por el Gobierno dentro del plan de reformas remitido esta semana a Bruselas, por lo que, de momento, no verá la luz. Cuestionada por todo este lío y por el gran enfado que mostraba el ministro esta semana por este asunto, Yolanda Díaz se ha limitado a decir que está en "varios órganos de gobierno" y que se debe "al secreto". Eso sí, ha añadido que, como también ocurre con su Ministerio, "se transita por múltiples borradores" antes de presentar definitivamente una medida.
"Conozco muy bien a Escrivá y le tengo mucho cariño. Estoy todo el día trabajando con él. No quiere decir que pensemos lo mismo, no pensamos lo mismo, pero tenemos una muy buena relación. Trabajamos con normalidad y mi equipo trabaja también muy bien con él. Es difícil a veces comunicar, ya está. No pasa nada, a veces tenemos días que lo hacemos muy bien y días que estamos peor.", ha explicado.
Subida del salario mínimo
Por otra parte, en relación a los cambios que prevé hacer su Ministerio en la reforma laboral de 2012 y a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la ministra se ha mostrado tajante, asegurando que se cumplirá el acuerdo de Gobierno que Unidas Podemos firmó con el PSOE y que, según ha dicho, "avala" todo el Gobierno y no sólo una parte del mismo.
Así, y pese a dejar entrever que no está de acuerdo con que no se haya subido el SMI ahora, ha asegurado que esta renta mínima se situará a final de legislatura en el 60% del salario medio, tal y como se recoge en el acuerdo programático con el PSOE. Sobre si subirá finalmente este año más allá de los 950 euros mensuales, ha reiterado que este asunto está en manos del diálogo social, que hay que dejar trabajar a sindicatos y patronal y que no se les pueden poner fechas para que tomen una decisión.
Preguntada por las movilizaciones que han convocado CCOO y UGT para pedir la derogación de la reforma laboral de 2012 y la subida del SMI, la ministra ha indicado que los sindicatos "tienen que hacer lo que tienen que hacer", al igual que el Gobierno. "Yo respeto a los sindicatos. Hacen bien en defender sus derechos y los trabajadores hacen bien en organizarse. Ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer y el Gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer", ha afirmado.
La ministra no ha querido responder a la pregunta de si hay miembros en el Ejecutivo que tratan con mano de hierro a los trabajadores y con mano de seda a la patronal y ha bromeado sobre su relación con los líderes sindicales y de la CEOE: "Hay tres hombres en mi vida, que son Antonio Garamendi, Unai Sordo y Pepe Álvarez".
"Lo que se envía a Bruselas hay que cumplirlo"
Además de cumplir con el acuerdo de Gobierno, Díaz se ha mostrado muy clara respecto a las 17 reformas en el mercado de trabajo que el Ejecutivo ha remitido a Bruselas en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia: "Si le digo a Europa que voy a hacer esto, hay que cumplirlo. Tenemos la obligación de hacerlo y lo voy a hacer", ha asegurado la ministra, que ha añadido que ya le ha dicho a los agentes sociales "que se organicen" para empezar a discutir estas reformas.
Una de ellas, ha recordado, es la implantación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como un mecanismo estructural de flexibilidad interna para evitar despidos en las empresas. En relación a los ERTE de la pandemia, Díaz ha subrayado que el dinero que han supuesto (más de 20.000 millones de euros) no debe verse como un gasto, sino como una inversión para salvar empleos y empresas.
La ministra considera que las recomendaciones que en los últimos años ha hecho Bruselas a España sobre el mercado laboral son "certeras", dado que han puesto el acento sobre sus principales problemas: la temporalidad, la precariedad y la dualidad, aspectos que no se han corregido pese a haberse realizado más de 50 reformas laborales.
