Lunes 6 de mayo de 2024
ACTUALIZADO : Martes 7 de mayo de 2024 a las 9:33 H
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El comercial de una funeraria entra en un hospital repartiendo billetes de 50 euros a un celador para saber en número de la habitación donde se acaba de producir un fallecimiento, y así ofrecer sus servicios a la familia. Así comienza el primer capítulo de Muertos SL, la última producción de Laura y Alberto Caballero, los creadores de algunas de las comedias más exitosas de España, como Aquí no hay quien viva o La que se avecina, recientemente estrenada en Movistar Plus+.
Un gag en clave de humor que se asienta en una práctica que es 'vox populi' y según los expertos consultados, habitual en el sector. Pequeñas empresas funerarias y asociaciones de consumidores denuncian prácticas abusivas y anticompetitivas, que limitan la libre elección de los consumidores. Por un lado, tienen que ver con el pago de comisiones en hospitales y geriátricos. En el caso de la mayor compañía en España, Mémora, se han documentado contratos con residencias de ancianos. Una práctica que, según los expertos consultados, es habitual entre las grandes compañías. Y por otro lado, tienen que ver con la limitación de la libre elección del consumidor, en tanto que las aseguradoras de decesos dirigen hacia sus funerarias propias el servicio. Tras el último gran movimiento corporativo en el sector, la compra de Mémora por parte de GCO (propietaria de Occident, la antigua Catalana Occidente), todas las grandes funerarias pertenecen a compañías aseguradoras.
La falta de regulación de este mercado facilita prácticas abusivas que reconocen los propios organismos de competencia. Y la única iniciativa legislativa para dar claridad en el lucrativo -y poco transparente- negocio funerario, lleva años aparcado en un cajón.
“Hospitales y residencias de mayores se constituyen como posibles intermediarios, motivado fundamentalmente al alto número de defunciones que se produce en ellos, pudiendo favorecer el acceso de determinadas empresas funerarias al mercado. Así, los hospitales y residencias de mayores pueden convertirse en una vía de suministro de información, facilitando transacciones entre empresas funerarias y familiares de los difuntos, por lo que podrían beneficiar a determinadas empresas a las que se les otorgarían ciertas ventajas competitivas, pudiendo propiciar la aparición de prácticas anticompetitivas”, reconoce Acrea, la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía (@CompetenciaAnd), en su informe: ‘Recomendaciones para facilitar el acceso y promover la competencia en el sector de los servicios funerarios’, recogido por la CNMC.
El periodista Manuel Rico documentó para InfoLibre contratos de colaboración entre Mémora y Domus Vi, por el que el grupo residencial actuaba como comisionista de la funeraria desde 2015 hasta, al menos, después de la pandemia. Las comisiones ascendían, según los casos, hasta los 700 euros por cadáver. “Es una práctica habitual, y no solo en residencias sino también en hospitales”, explica a este medio el periodista. “La funeraria lo que necesita es tener un contacto para saber cuándo ha fallecido alguien. En las residencias puede ser el director o directora, allí está todo más controlado, pero en los hospitales es más diverso, y puede ser un celador el que da el chivatazo de quién ha fallecido. A veces hay contratos, pero también hay una parte de dinero negro”, asegura.
En 2017 ESfune, denunció en Barcelona una relación de más de 300 geriátricos y centros hospitalarios que mantenían relaciones de exclusividad o preferencia con Mémora. Esfune es un patronal de pequeñas funerarias que, pese a no aportar datos de cuántas pequeñas empresas funerarias representa, es una asociación recogida por la CNMC como grupo de interés. “Los llaman prescriptores, son directores de hospitales o de geriátricos, sociosanitarios, enfermeras y enfermeros, médicos, celadores… que cuando muere una persona llaman a su funeraria”, asegura su presidente, Aurelio Sánchez.
“Cuando muere una persona, en esos hospitales o residencias llaman a su funeraria, que acude y lleva el cadáver a sus instalaciones. Yo considero que eso es un secuestro, porque quien tiene el dominio sobre el cadáver es el familiar más cercano, y no siempre se lo llevan con su con consentimiento previo, utilizan excusas del tipo aquí no tenemos un espacio adecuado. Claro, el familiar está en un momento de vulnerabilidad y terminan contratando el servicio con ellos. El 80% termina contratando con ellos”, asegura Aurelio Sánchez. “Y todo lo que pagan de comisión, 400, 800 euros, lo meten en la factura a la familia del difunto… es un reino de Taifas”, concluye.
Mémora no niega la existencia de acuerdos."Independientemente de si existe un convenio de colaboración con la residencia o no, y tal y como garantiza la ley, las familias tienen total libertad de elección a la hora de contratar el servicio funerario con la empresa de su elección", explican fuentes de la compañía a 65YMÁS. "En nuestro país, todas las familias tienen garantizada por ley su libertad de elección a la hora de escoger empresa de servicios funerarios y contratar el propio servicio", añaden.
Además, la compañía asegura que "la legislación en diversas comunidades autónomas de España requiere de la existencia de convenios de colaboración entre el sector de las residencias geriátricas y el sector funerario con el fin de velar por el correcto 'éxitus letalis' de los residentes". Gracias a ello, "se garantiza la recogida rápida y diligente del cuerpo y así salvaguardar la seguridad y la salud de los convivientes", detallan.
“Mémora tiene un acuerdo en toda España con los hospitales San Juan de Dios. Todos los servicios funerarios de San Juan de Dios los hace Mémora. Y cuando muere una persona, en el hospital dicen a los familiares que tienen un protocolo de actuación, ellos llaman a la funeraria, que es Mémora, y que no puede ser otra. Eso me ocurrió con un familiar cercano a mí", nos cuenta el abogado especializado en derecho funerario, Alván Gómez, socio del despacho Gómez Jerez. “Yo, como abogado y representante de funerarias pequeñas lo he visto. Esto lleva ocurriendo toda la vida”, añade.
“Esto es una práctica habitual. Mémora es la funeraria más grande y sí, tiene estos acuerdos, pero estas malas prácticas las hacen todas las compañías grandes, como Albia, por ejemplo, no es exclusivo de Mémora”, puntualiza Aurelio Sánchez. Todas las fuentes consultadas coiinciden en que esto ocurre en residencias, pero también en hospitales públicos, donde hay personal sanitario y celadores que cobran comisiones por llamar a la empresa funeraria.
“Hay hospitales en los que hay bedeles pagados por funerarias. Ellos avisan a la funeraria que les paga. Cuando tienen un cadáver acuden los primeros, si llegan ellos, ya no dejan que acuda otra”, nos cuenta el propietario de una pequeña funeraria de la cornisa cantábrica que prefiere no identificarse porque, cuando las grandes funerarias como Mémora o Albia tienen picos de trabajo, les subcontratan servicios. “Sí, son migajas, pero dependemos de ellos, estamos en sus manos”, asegura.
Mémora insiste en que "son siempre las familias quienes cuentan con el poder de decisión sobre la elección y organización de un sepelio con Mémora u otro operador funerario acorde con las condiciones generales de contratación de cada caso. Del mismo modo, Mémora no realiza ningún acto funerario sin contar con el consentimiento expreso y escrito de la familia". La compañía detalla que, para garantizar esto, "contamos con iniciativas como la creación de un Código Ético que garantiza la ética y la transparencia en las relaciones con todos los grupos de interés de la compañía, o el impulso de iniciativas de autorregulación como el primer Código de Buenas Prácticas de empresas funerarias". Como ejemplo de su cumplimiento, desde la compañía nos cuenta que, "por ejemplo, cuando integramos una nueva funeraria fruto de una adquisición, velamos por la pronta integración de nuestros códigos, políticas y protocolos en su operativa diaria".
También las compañías de seguros limitan la libre elección de funeraria. Las aseguradoras dirigen el servicio hacia su propia compañía funeraria, o hacia aquellas con las que mantienen acuerdos comerciales. “A las que les imponen el precio, por debajo de lo que los clientes pagan y de lo que recoge la prima asegurada”, asegurada el abogado Alvan Gómez. “Se vulnera la libre elección y la libre competencia”.
“Es un sector en el que con demasiada frecuencia hemos visto fijación de precios y condiciones”, confirma, Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua Consumidores en Acción. “Es necesario que la CNMC evite este tipo de comportamientos y que la concentración del mercado no debilite la competencia ni permita conductas cuestionables de cara al consumidor”.
“No hay una correspondencia entre los precios del mercado con respecto al seguro”, explica Enrique García, portavoz de la Organización de Usuarios y Consumidores, OCU. Pese a ello, “honestamente, recibimos pocas reclamaciones relacionadas con el seguro de decesos, también porque el consumidor no tiene un conocimiento muy claro del producto”. Ahora bien, de las que hay, el tema más reclamado “es porque no se devuelve parte del capital asegurado”, añade.
Alrededor del 60% de los funerales que se celebran al año en España están asegurados. Y un 46% de la población española, según datos de Unespa, dispone de seguro de decesos. La interacción entre ambos sectores es indiscutible. Por eso, en los últimos años se ha acelerado un proceso de concentración vertical. En estos momentos, los grupos funerarios más grandes de España, ya pertenecen todos a compañías aseguradoras. Mémora ha sido el último. Tras su adquisición, GCO, (Grupo Catalana Occidente), propietaria de Occident y Nortehispana, se ha convertido en el principal operador funerario. Albia pertenece a Santalucía, Servisa a Seguros Ocaso, Funespaña a Mapfre. Por su parte el grupo funerario ASV posee la aseguradora Meridiano.
“La concentración de este sector afecta a los consumidores”, asegura Javier Varea, doctor en ciencias económicas y actuario, profesor de la Universidad de Barcelona y Director del Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria. “Venimos de un proceso de concentración de las empresas funerarias, que ha sido determinante en el encarecimiento de los servicios funerarios. Los 5 principales grupos funerarios (pertenecientes a entidades aseguradoras) abarcan aproximadamente un tercio del mercado”.
“No podemos hablar técnicamente de abuso de situación de dominio” puntualiza el portavoz de OCU. “Hay un mercado muy concentrado, sí, pero no podemos decir que haya monopolio. Pero en un mercado tan concentrado como éste, la posición del consumidor siempre es más débil”, añadel Enrique García.
Pese a haber dado luz verde a estos movimientos de integración, la propia CNMC y Acrea han manifestado su temor de que esta integración vertical suponga “menos transparencia en el mercado, tanto para los usuarios como para el resto de los operadores, más aún en el supuesto de que [la funeraria] sea también gestora de establecimientos de tanatorio, de cementerio o crematorio”.
Las grandes funerarias, a través de la patronal Panasef, defienden que la libertad de elección está garantizada por la Ley de Contrato de Seguro. Acrea considera, sin embargo, que “si bien el derecho está garantizado, es necesario introducir medidas concretas que hagan efectivo y posible el ejercicio de dicho derecho que, por diversas circunstancias, sobre todo emocionales, presenta dificultades”. En su artículo 106 quáter, la Ley de Contrato de Seguro establece que “la entidad aseguradora deberá poner a disposición del asegurado una relación de prestadores de servicios”, lo que raramente ocurre. Es más, “Si le dices a tu compañía de seguros de deceso quién quieres que haga el servicio, te dicen que eso implica una renuncia, cuando en realidad lo que estás haciendo es ejercer tu libertad de elección”, nos explica el abogado Alvan Gómez. “Usan la semántica para que las personas, en un momento muy delicado piensen que van a perder el capital asegurado”, añade Aurelio Sánchez.
Mémora es el primer grupo funerario español, y seguirá siéndolo, después de que Albia y Enalta (antes Funespaña) desistieran en su proyecto de fusión, por las condiciones impuestas por la CNMC. El sector funerario español, que en 2022 facturó 1.653 millones de euros, se carateriza por estar formado por muy pocas compañías muy grandes, y muchas funerarias muy pequeñas, en su mayoría pymes de carácter familiar, muy locales.
La CNMC autorizó la compra por parte de GCO. Y en muchas de las comunicaciones mensuales de la CNMC de las operaciones de concentración autorizadas, Mémora protagoniza una de ellas. Y es que el goteo de compras es constante. Entre las últimas, Mémora compró en marzo los activos funerarios del Tanatorio La Soledad, en Medina del Campo, Valladolid; en enero compró el control exclusivo del Tanatorio de Palencia; y a finales del año pasado Funeraria Luis Nuevo, con tres tanatorios en la Comunidad Valenciana. En estos tres casos sin objeciones por parte del regulador, algo sobre lo que insiste la propia compañía: "La CNMC ha analizado y autorizado todas las operaciones de adquisición que tanto GCO como Mémora le han planteado en el mercado funerario español", aseguran fuentes de Mémora. No siempre ha sido así, en otros casos, Mémora sí se ha topado con problemas de competencia. La CNMC detectó problemas de competencia tras la compra de Funeraria Vascongada, en Guipuzcoa. A su vez ha sido expedientada por la Autoridad Catalana de Competencia por negar acceso a sus tanatorios a familias que habían contratado otras funerarias.
En el año 2011 se tramitó un Proyecto de Ley de Servicios Funerarios, que pretendía garantizar la competencia efectiva en el sector y la libre elección por parte del consumidor, asegurando una mejor información sobre los servicios funerarios y sus precios. Sin embargo, este Proyecto de Ley decayó como consecuencia de la disolución de la IX Legislatura, el último gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero y, a día de hoy, aún no se ha retomado su tramitación. “Quedó en el cajón de los olvidos”, se lamenta el abogado especializado en derecho funerario, Alván Gómez, socio del despacho Gómez Jerez.
La propia CNMC valoró de este proyecto de ley que “reafirma la voluntad de que la prestación de este tipo de servicios se realice en un entorno más competitivo al afirmar que los consumidores y usuarios tendrán derecho a escoger libremente el prestador de servicios funerarios” y que “cuando se hay contratado un seguro de decesos, la entidad aseguradora pondrá a disposición del tomador una relación de prestadores de servicios funerarios que garantice esta efectiva libertad de elección”.
Esta ley preveía exigir a las compañías disponer de un catálogo informativo con todos los servicios, con sus características y precios bien detallados. “Porque ahora, obtener un presupuesto detallado es misión imposible”, asegura el letrado. “Nosotros hemos conseguido que en Cataluña, si entras en una funeraria veas los precios, eso en el resto de España no ocurre”, asegura Aurelio Sánchez. “Nosotros abogamos por que se retome el proyecto de ley de servicios funerarios, pero hay muchos intereses y mucho dinero en juego”, concluye Sánchez.
