Los expertos piden limitar la exención de ganancias de los mayores de 65 años al vender su vivienda

Los economistas piden suprimir el impuesto de Patrimonio y dejarlo en "declaración informativa"

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El  Comité de Expertos para la reforma fiscal propone reducir parte de los beneficios fiscales en el IVA, introducir nuevas deducciones en el IRPF por hijos menores de 18 años o para salarios bajos, realizar "ajustes" en la tarifa de este impuesto, igualar la fiscalidad de la gasolina y el diésel, mantener Patrimonio y Sucesiones fijando un mínimo y armonizar la fiscalidad autonómica, entre la muy amplia batería de medidas sugeridas. También aconseja replantearse el aplicar solo la exención de las ganancias patrimoniales obtenidas por transmisión de vivienda habitual por personas mayores de 65 años a un determinado nivel de renta y patrimonio del contribuyente. Así lo ha avanzado el presidente del Comité, Jesús Ruiz-Huerta, durante la presentación del Libro Blanco para la reforma del sistema tributario, que les había encargado el Gobierno en abril y sobre el cual pivotará la futura reforma del sistema tributario.

"Una reforma como la que proponemos exige plazos largos", admite Huerta, coincidiendo así con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha advertido en varias ocasiones de que la reforma fiscal podría retrasarse más allá de 2023, que es lo que prevé el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, debido a la necesidad de consolidar la recuperación económica tras la pandemia, que ahora se ve amenazada por la guerra en Ucrania.

IVA: suprimir el tipo reducido y superreducido

En materia de IVA, los expertos plantean reducir los beneficios fiscales en este tributo, que son "muy elevados", acometiendo un proceso de "revisión y reducción" de los tipos reducidos y superrreducidos, lo que en la práctica redundaría en un aumento del impuesto. Aunque no concretan una propuesta concreta, indican que si se mantuviera el tipo general del 21%, la eliminación de los tipos reducidos incrementaría la recaudación del IVA en 27.100 millones de euros. En cambio, si se optara por mantener constante la recaudación, el tipo general podría reducirse hasta, aproximadamente, el 15%. En todo caso, la eliminación de los tipos reducidos (10%) y superreducido (4%) debe hacerse de forma "gradual" y una vez que se haya consolidado la recuperación económica, y que debe llevarse a cabo mediante la compensación de los sectores más débiles afectados.

Además, en la medida en que estas decisiones pueden afectar a artículos de primera necesidad, los expertos abogan por efectuar compensaciones para las rentas más bajas. "Pero no para hacerlo hoy bajo ningún concepto, porque es absolutamente inviable", aclara el presidente del comité.

IRPF: quitar deducciones y exenciones

Los expertos abogan por ensanchar la base imponible del IRPF, suprimiendo exenciones, reducciones, deducciones o regímenes especiales cuyo mantenimiento no esté justificado. En este sentido, recomiendan suprimir la reducción por arrendamiento de vivienda y por tributación conjunta y transformar la reducción por rendimientos del trabajo en una deducción reembolsable en la cuota, que permitiría integrar el IRPF y las prestaciones públicas para las personas con renta reducida.

También proponen evaluar la justificación de algunas exenciones, como la indemnización por despido, la relativa a la cobertura del riesgo de interés en préstamos hipotecarios, la relacionada con enajenación de la vivienda habitual cuando el importe obtenido se utiliza para la adquisición de una nueva vivienda habitual o la exención de los rendimientos de los Planes de Ahorro a Largo Plazo. Igualmente, debería replantearse aplicar solo la exención de las ganancias patrimoniales obtenidas por transmisión de vivienda habitual por personas mayores de 65 años a un determinado nivel de renta y patrimonio del contribuyente.

Apuesta también el Comité de Expertos por suprimir el "tratamiento privilegiado" de diputados y senadores en su exención total de las dietas y asignaciones para gastos de viajes que se abonan a los diputados españoles en el Parlamento Europeo, a los diputados y senadores de las Cortes Generales, a los miembros de las asambleas legislativas autonómicas, concejales de ayuntamiento y miembros de las diputaciones provinciales, cabildos insulares u otras entidades locales.

Asimismo, el Libro Blanco aconseja una deducción o prestación reembolsable para los trabajadores con bajos salarios y otra deducción por hijos menores de 18 años para reducir la pobreza infantil, al tiempo que "ajustes" en la tarifa del IRPF. 

Lps expertos creen que la obligación de declarar el IRPF debería extenderse y sus límites, simplificarse, con independencia de si el resultado de la autoliquidación es positivo o negativo, por lo que la aplicación de esta recomendación podría requerir un ajuste en el mecanismo de retenciones.

Misma fiscalidad para diésel y gasolina

Los expertos plantean igualar la fiscalidad del diésel y la gasolina por una "racionalidad ambiental" y para cumplir con la directiva europea sobre fiscalidad energética. Defienden asimismo un aumento general de la fiscalidad de los hidrocarburos, si bien en materia medioambiental no todo serían subidas de impuestos, sino que también abogan por rebajas tributarias en el ámbito de la electricidad.

A su juicio, España está "muy por debajo" de los países europeos en materia de fiscalidad verde, bajo el principio de "quien contamina, paga", por lo que recomiendan que "no debe retrasarse más", pero debe hacerse con gradualismo, compensando a los colectivos afectados y protegiendo la competitividad. En concreto, plantean 118 propuestas medioambientales, relativas a la electrificación sostenible, movilidad, tratamiento de residuos, imposición sobre fertilizantes o el uso del agua.

Subir alcohol y tabaco y gravar el cigarrillo electrónico

En cuanto a otros impuestos especiales además del IVA, los expertos apuestan por elevar la fiscalidad de los tipos de gravamen sobre determinados consumos de alcohol y en materia de tabaco, recomiendan considerar un cambio en la estructura del impuesto especial sobre los cigarrillos para convertir al componente específico de gravamen en el principal elemento del tributo, al tiempo que propone un nuevo impuesto que grave el cigarrillo electrónico.

El presidente del comité, Jesús Ruiz-Huerta, aclara que éste es un informe técnico y que los expertos no son "responsables" de poner en marcha una reforma fiscal. "Nosotros no hacemos una reforma fiscal, sino invitamos a estudiar los elementos que nos parecen importantes", remarca.

Conservar Patrimonio y Sucesiones con límite mínimo

Mantener el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones estableciendo un límite mínimo para ambos tributos es otra recomendación de estos expertos, para acabar así con la actual competencia a la baja entre comunidades autónomas. Los autores del Libro Blanco entienden que hay que evitar el "vaciamiento" y la "desaparición" de estos impuestos, por lo que instan al Gobierno a imponer límites mínimos de gravamen efectivo.

Más en detalle, sobre Patrimonio, el comité sugiere mantener el límite conjunto IRPF-Impuesto de Patrimonio, con una posible elevación del impuesto mínimo a pagar. En cuanto al mínimo exento, se considera conveniente establecerlo en un millón de euros, para procurar concentrar la tributación en la parte alta de la distribución de la riqueza.

Para el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, plantean mantener la reducción por adquisición de empresa individual, negocio profesional y participaciones en entidades, aunque, al igual que sucede con la exención del patrimonio empresarial y profesional en el impuesto de Patrimonio, urge a evaluar periódicamente la efectividad de este beneficio fiscal. Además, revisar la regulación de los requisitos exigidos para su aplicación, en particular, el establecimiento de un importe máximo de base imponible que pudiera beneficiarse de esta reducción.

Modernizar Sociedades

En materia de Sociedades, los miembros del comité despliegan diferentes medidas para evitar la elusión interna y externa. Esta pata de la reforma es una de las principales que instan los expertos a abordar, con el objetivo de adaptar su aplicación a las directivas internacionales. Además, plantean adecuar el gravamen del impuesto a la capacidad económica de las entidades reduciendo las distorsiones y mejorando su competitividad. También realizan consideraciones sobre el tipo impositivo y la evaluación de los beneficios fiscales, con una especial atención de los incentivos a la I+D+i, y otras cuestiones relacionadas con la gestión del impuesto y con la necesidad de preservar los incentivos al crecimiento del tamaño empresarial.

En sus conclusiones, el comité de expertos también propone una mejora de los pagos fraccionados e insta al Ejecutivo a buscar "alternativas" al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), ya que consideran que es un tributo "arcaico" que se ha quedado desfasado.

Pagar por usar las carreteras y entrar en ciudades

Entre la extensa batería de propuestas figura asimismo el pago por uso por infraestructuras viarias y una tasa municipal sobre la congestión en las ciudades más afectadas por el tráfico y la contaminación. Todo ello dentro del paquete de fiscalidad verde, donde los expertos plantean medidas como la citada equiparación de la fiscalidad del diésel a la gasolina, aumentar de forma generalizada los impuestos a los carburantes, un impuesto sobre los billetes de avión y la rebaja de la fiscalidad aplicada a la electricidad, suprimiendo el Impuesto sobre el Valor de la Producción al 7% que pagan las eléctricas y rebajando el Impuesto Especial sobre la Electricidad.

Entre sus propuestas, llaman a considerar el establecimiento de tributos por el uso de ciertas infraestructuras de transportes, a ser posible relacionados con la distancia recorrida a través de dispositivos electrónicos.

Para explorar la implantación de tasas en peajes, el Comité plantea dos simulaciones: una con el pago de 1 céntimo/kilómetro para vehículos ligeros y 3 céntimos/kilómetro para vehículos pesados; y otro en el que los segundos llegarían a pagar hasta 4,9 céntimos/kilómetro, al tener un coste medio sobre las infraestructuras de esta proporción sobre los primeros. En el primer ejemplo, la recaudación llegaría a 1.172 millones de euros, no lejos de los 1.241 millones de euros recogidos en los Presupuestos para la conservación de carreteras, según apuntan en el informe los expertos, mientras que en el segundo caso la recaudación podría alcanzar casi los 1.400 millones.

Impuesto sobre los billetes de avión y gravar el queroseno

El comité de expertos nombrado por el Ministerio de Hacienda incluye entre sus medidas la creación de un impuesto a aplicar sobre los billetes de avión y gravar el queroseno para fomentar carburantes sin emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En el caso de los billetes de avión, proponen "incorporar costes medioambientales" en los mismos "con objetivos de moderación de demanda", y así favorecer alternativas en trayectos cortos y el cambio tecnológico, pues no se aplicaría a vuelos que no generen emisiones directas de GEI.

En su informe, los expertos remiten a otras experiencias internacionales y, atendiendo al tipo impositivo aplicado por Países Bajos de 7,85 euros/pasajero, el precio final se elevaría hasta un 15% para vuelos domésticos y un 6,6% en vuelos internacionales. Esta simulación provocaría una caída en el número de viajeros del 8,5%, de un 5,6% en el volumen de emisiones de dióxido de carbono (CO2) y un aumento de la recaudación de unos 951 millones de euros, según esta estimación. 

Es urgente regular los criptoactivos

Los criptoactivos necesitan una "adecuada" respuesta a su progresiva inclusión en la economía, no ya por parte del sistema tributario, sino del propio ordenamiento jurídico, sostienen los expertos fiscalistas. En relación con el gravamen de los criptoactivos en el impuesto de Patrimonio, en aras de la certeza y seguridad jurídica respecto de la sujeción de estos activos al impuesto, el comité propone incluir una mención adicional en la norma reguladora del hecho imponible a "bienes y derechos de contenido económico, cualquiera que sea su forma o representación".

Se propone incluir otra mención a la titularidad de este tipo de activos en función de la legislación sustantiva que, en su momento, los regule. "En este sentido, debe proponerse la adopción urgente de esta regulación, como está ocurriendo en otros Estados y sin perjuicio de la adaptación, cuando proceda, de la normativa de la Unión Europea", urge el comité.