Los afectos por el volcán de La Palma han recibido una buena noticia: el Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de una moratoria legal de deudas relacionadas con créditos y préstamos, y la posibilidad de que los afectados puedan tener los derechos consolidados de los planes de pensiones de los que sean titulares, "con el fin de poder atender sus necesidades de liquidez".
La medida contempla el aplazamiento de la deuda tanto para personas físicas como jurídicas, procedente de préstamos y créditos con garantía hipotecaria sobre inmuebles situados en la isla. También se incluyen los contratos arrendatarios financieros de los residentes en la zona, y de las empresas y personas que desarrollen su actividad principal en la isla, ya sean explotaciones agrarias, pesqueras, marinas o forestales. Así como establecimientos mercantiles, industriales y de servicios situados en la zona.
En un principio esta moratoria tendrá una duración de seis meses, ampliable otros seis. Siguiendo el modelo de moratorias que se estableció durante la pandemia, será de carácter obligatorio para las entidades financieras y se concederá de forma automática desde que se solicite.
Del mismo modo, este aplazamiento viene acompañado de un régimen de bonificaciones del 50% para los aranceles registrales y notariales, y una dispensa del impuesto de actos jurídicos documentados.
El Gobierno también se ha pronunciado sobre los planes de pensiones, y ha explicado que "pueden acogerse a esta medida las personas cuya vivienda habitual se haya visto afectada, los trabajadores autónomos obligados a suspender o cesar su actividad como consecuencia directa del volcán; los trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo previsto en el Real Decreto-ley 18/2020 y los titulares de explotaciones agrarias, forestales o ganaderas, así como establecimientos mercantiles, industriales y de servicios, locales de trabajo y similares, situados en la zona afectada".
La cuantía máxima de la que podrá disponer cada beneficiario será el resultado de repartir en seis meses la suma obtenida de multiplicar por tres el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual para 12 pagas vigente para el ejercicio 2021.
Una medida similar aprobó el Ejecutivo en marzo de 2020 a causa del confinamiento. En ese momento, las personas que tenían un plan de pensiones, y por culpa de la crisis sanitaria se quedaron en situación de desempleo por ERTE o cese de negocio, pudieron acceder a sus ahorros en los seis meses siguientes.
Rapidez en la gestión
Iverco y sus entidades asociadas, entre las que están las gestoras de fondos de pensiones, se han comprometido a gestionar lo más ágilmente posible estas solicitudes: "Como ya ha sucedido con el reciente supuesto de liquidez por Covid-19, se pone de manifiesto, una vez más, la necesidad de disponer de un elevado volumen de ahorro para la jubilación en planes de pensiones y de impulsar su crecimiento, que de forma extraordinaria se pueda rescatar anticipadamente", ha señalado la asociación a El Español.
"Los planes de pensiones, además de servir para hacer frente a su finalidad de jubilación, dan cobertura a la población en situaciones tan difíciles como las que actualmente experimentan los vecinos de la isla de La Palma", concluyen.