Agravio fiscal para los autónomos: solo podrán deducir 5.750€ en total con los planes de empleo

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El golpe del Gobierno a los planes de pensiones indigna a los mediadores: "Es un torpedo al ahorro"

 

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha consumado su apuesta por los planes de pensiones de empleo como vehículo de ahorro para la jubilación, y lo ha hecho tan solo un día después de que el Congreso diera vía libre a su proyecto de Ley de reforma de las pensiones. En efecto, este martes, 23 de noviembre, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley para impulsar los planes de pensiones de empleo, con los que se facilitará el acceso a planes colectivos a trabajadores de rentas medias y bajas y de pequeñas y medianas empresas, así como a trabajadores autónomos y jóvenes. 

Según ha explicado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a través del impulso público de los fondos de pensiones, de la negociación colectiva y de la promoción de planes por parte de asociaciones de autónomos y colegios profesionales, se ofrecerán productos de ahorro a largo plazo con un coste menor que el actual.

Hoy en el #CMin hemos aprobado una norma para impulsar los planes de #pensiones colectivos y facilitar el acceso a estos productos, más baratos que los individuales, a trabajadores de pymes y de rentas medias y bajas, autónomos y trabajadores de administraciones públicas pic.twitter.com/GhF9o9hrgq

— José Luis Escrivá (@joseluisescriva) November 23, 2021

La reforma se acompañará de una modificación de los incentivos fiscales, de forma que se traslade el beneficio fiscal hacia los partícipes.

Se consuma así el respaldo del Gobierno a los planes de empleo, en detrimento de los planes de pensiones individuales, cuyo atractivo fiscal se ha visto fuertemente reducido: desde los 8.000 euros anuales que se podían reducir en el IRPF en 2020, a los 2.000 euros vigentes en 2021, a los 1.500 euros que regirán el año próximo. 

Nacen los fondos de empleo de impulso público

En primer lugar, la norma prevé la creación de fondos de empleo de impulso público, que facilitarán la adscripción de todo tipo de trabajadores, incluyendo empresas pequeñas y medianas, trabajadores de rentas bajas, autónomos y de las Administraciones públicas.

Las entidades gestoras y depositarias serán seleccionadas mediante procedimiento abierto. Estos fondos tendrán una gobernanza específica, con comisiones de control propias.

"Los activos de los fondos de pensiones públicos serán invertidos exclusivamente en interés de las personas partícipes y beneficiarias tomando en consideración la rentabilidad, el riesgo y el impacto social de las inversiones", de acuerdo al comunicado publicado por el ministerio.

Se crean los planes simplificados

Además de los fondos promovidos por el Estado, el Gobierno va a facilitar la creación de los planes simplificados, en los que los convenios colectivos de carácter sectorial serán el instrumento clave. Será por tanto la negociación colectiva sectorial la que establezca que el plan de empleo acordado se pueda extender a todas las empresas del sector.

Promoción pública, gestión privada

El Estado será "simplemente el promotor" del fondo de empleo, pero "será gestionado por gestoras", que deberán pasar el pertinente trámite de licitación, planteando sus ofertas y acomodándose a los requisitos marcados en cuanto a comisiones, naturaleza de las inversiones, etc.

Además, la gobernanza del plan contará con una "importante" representación de empleados públicos, aunque será la habitual en un plan de empleo homólogo de una empresa", según ha explicado el ministro. Eso implica que también participarán los agentes sociales, es decir, la empresa y los sindicatos.

Comisión máxima del 0,4%-0,5%

En cuanto al coste para el partícipe, Escrivá ha indicado que el fondo tendrá un "límite máximo de comisiones, en línea con los costes actuales en los planes de empleo" y, por tanto, "extraordinariamente más bajo" que las comisiones de los planes individuales, que rondan el 1%. Por lo tanto, las gestoras que concursen para la gestión del fondo deberán hacer sus propuestas y "situar su puja por debajo de ese límite máximo", que no cuantificó. 

Sin embargo, en el documento Anteproyecto de Ley reguladora de fondos de pensiones de empleo de promoción pública y de planes de pensiones de empleo simplificados, el ministerio apuntaba a que los partícipes pagarían como máximo un 0,5% por su plan de empleo (un 0,4% aplicaría la entidad gestora y un 0,1% la depositaria), lo que significaría un significativo abaratamiento desde el actual tope legal de estos planes.

Autónomos: solo 5.750 euros de deducción

Al precisar la fiscalidad de este fondo, Escrivá ha recordado lo que ya figura en el anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, donde se detalla que la deducción en el IRPF de los planes de empleo se eleva a 8.500 euros, mientras que en los planes individuales se sitúa en 1.500 euros, con una suma total de las aportaciones de 10.000 euros.

En cambio, para los autónomos, la deducción total es prácticamente la mitad, ya que estos únicamente podrán deducirse al año 5.750 euros.

Junio de 2022: entrada en vigor

Si se cumplen los plazos que maneja el ministro Escrivá, este fondo de promoción pública estará en vigor en junio de 2022. Antes de esa fecha, se someterá a audiencia pública, para pasar después a una segunda lectura en el Consejo de Ministros y concluir con su trámite parlamentario correspondiente. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Seguridad Social ha detallado que para el diseño del fondo se ha tenido en cuenta las sugerencias de los empresarios y sindicatos, a los que previamente se les hizo llegar un borrador del proyecto.

Objetivo: desatascar los planes de empleo

El propósito del Gobierno es activar los planes de pensiones de empleo, según ha repetido el ministro Escrivá en múltiples ocasiones. Este instrumento de previsión complementaria colectiva lleva años atascado en cuanto a volumen de ahorro y a cifra de partícipes, con un patrimonio de 35.681 millones de euros a finales de 2020 y en torno a dos millones de partícipes.

La pérdida de interés de los españoles por los planes de empresa es notoria, y su peso como fórmula de previsión complementaria no para de disminuir desde los años 90; entonces representaban el 50% de la previsión social, y en estos momentos suponen el 25%.